¿Pugna Inminente? (primera parte)

Por Gabriel Ballesteros Martínez

 

El Estado de Querétaro se está preparando para un debate que puede significar una pugna inminente si no se cuidan los distintos aspectos tanto de legitimación política como de técnica legislativa que amerita el alumbramiento de un nuevo Código Urbano para el Estado de Querétaro.
En esta primera de dos o quizá tres partes, revisamos como andan las cosas antes de que inicie el debate por una nueva legislación urbana. Siendo un histórico momento, nuestros diputados habrán de tejer muy fino y evitar fracasar por sexta vez en el intento.
Puede decirse que el carácter del Municipio Libre del siglo XXI camina hacia su consolidación. Su plena madurez depende de muchos factores; algunos concernientes al sector público; los más, relativos a la nueva concepción de ser ciudadano. La reforma de 1999 al Artículo 115 de nuestra Constitución fue resultado de un extenso debate nacional en el contexto de una de las tareas públicas y gubernamentales que aun siguen su curso: la descentralización política y administrativa que se impulsara en el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid, sobre la cual Acción Nacional (en la voz del Jefe Diego) juagaría un papel determinante. Hay que revisar ese pasado para entender con claridad cuál era efectivamente el alcance de la “emancipación” municipal concebida y cual es efectivamente, el tamaño de aquella concedida o más bien, arrebatada en algunos casos, por nuestros ayuntamientos.
La reforma constitucional facultó a los municipios en los términos de las leyes federales y estatales para controlar el suelo, lo que hasta entonces le tocaba al Gobernador. En esta nueva “mayoría de edad”, a partir del año 2000 los ayuntamientos comenzaron a formular, aprobar y administrar sus planes de desarrollo urbano; comenzaron a crear y administrar reservas; comenzaron, sin preguntarle al Estado a otorgar licencias y permisos. Lo grave del caso es que muchas o casi todas estas nuevas atribuciones municipales, no tienen tope en nuestro actual ordenamiento y sin un Instituto de Planeación cada Municipio se diseña a sí mismo; incluso, pueden elegir si le hacen caso a las “sugerencias” de la autoridad estatal del desarrollo urbano. El crecimiento se da al arbitrio de fuerzas político económicas que no siempre van de la mano con lo que más nos conviene a todos.
Desde el inicio del siglo, nuestro Código Urbano comenzó a demostrar la flacura de su contenido pues la inconstitucionalidad de muchos de sus artículos amenaza su eficacia. Al día de hoy, muchas de las atribuciones municipales se ejercen sin control por parte del Estado ya que el Código Urbano es ambiguo o no contempla la forma como deben coordinarse muchas de estas decisiones. Está por verse con que tanta suavidad permitirán los actores municipales y estatales que este esquema se adapte a la realidad constitucional pero sobre todo, que se equilibre en el ámbito de la política real, pues por un lado a algunos confundidos les parece que este estado de cosas es mejor que prevalezca y por otro, fuerzas extremistas querrían utilizar el escenario para cobrar facturas.
¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos al punto de que el gobierno estatal sienta la urgencia de entrar al ajuste de estas atribuciones y a la arriesgada (pero indispensable) tarea de meter a todos los actores del desarrollo urbano y particularmente a los ayuntamientos en cintura? Parece que es sencillo el diagnóstico: el abuso, el descontrol y la discrecionalidad con que se tomaron muchas decisiones en el pasado reciente han puesto en riesgo nuestras ciudades.
En el debate para reformar el 115 se alegaba que el Municipio habría de pasar a ser el eje estratégico administrativo; que pasaría de mero gestor y “maistro de obras” a decisor y responsable. Hoy muchos de nuestros municipios han crecido si y se han desarrollado en lo administrativo, pero tienen deudas y severos problemas para financiar las ciudades que han autorizado, quizá con malas decisiones. Habrá que ver con que disposición se sientan a la mesa cuando les digan que muchas de las atribuciones que han ejercido alegremente serán acotadas y al mismo tiempo habrá que ver como se plantean los equilibrios pues la Constitución es clara y a ellos les toca el suelo. Los ciudadanos no queremos ver una pugna por el control del suelo y del agua, esperamos un debate de altura con una visión de estado y de futuro.
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