Pugna inminente (segunda parte)

Por Gabriel Ballesteros Martínez
¿Dónde estamos?

 

 

En esta segunda parte analizaremos lo que pasó en Querétaro después de la reforma al Artículo 115. Del año 2000 para acá hay datos, cifras y anécdotas dignas de revisar para entender donde estamos.
La reforma, revolucionaria por si misma, se mezclo con la nueva realidad local que trajo la alternancia. El inicio del primer gobierno estatal panista, significó una dura prueba para las relaciones entre los niveles de gobierno. En 2001 obligada constitucionalmente, la LIII Legislatura del Estado que de facto encabezaran Julio Sentíes (PAN), Marco Antonio León (PARM) y Enrique Becerra (PRD), reformó la Ley Orgánica Municipal traduciendo el espíritu del nuevo 115 a la realidad queretana. Se pensó que había quedado muy bien, sin embargo, semanas después de su publicación, cinco municipios impulsados por un grupo de abogados comandados por Arturo Maximiliano García Pérez (hoy Director del IMPLAN y entonces Secretario del Ayuntamiento) interpusieron una controversia constitucional y la ganaron. La sentencia de la Suprema Corte declaró –exclusivamente para los cinco demandantes– nulos más de 90 artículos de la Ley; entre ellos, el 80° que obliga a los municipios a pedirle permiso a la Legislatura para enajenar sus bienes. Sin este freno en 2009, fue posible la venta de cientos de terrenos que se le habían donado para área verde y equipamiento para cubrir deuda y pagar nómina en el Municipio de Querétaro. Están por verse las consecuencias de esta delicada decisión y de esto comentaremos en otra entrega.
Mención relevante y positiva merece Antonio Juan José Gutiérrez Álvarez, Secretario del Ayuntamiento tanto de Rolando García como de Armando Rivera, quien supo llenar los huecos de nuestra añeja legislación urbana en relación a las nuevas leyes ambientales y el nuevo 115. Noches en vela se pasaba Toño remendando para sustentar las decisiones de los dos cabildos que ayudó a funcionar, impulsando el aterrizaje de las nuevas funciones municipales… lo que logró en ocasiones, hasta suavemente.
Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y El Marques afrontaron cada cual a su manera la robusta condición de mandones de la fiesta, como se dijera entre los taurinos. El gobierno estatal cumplió y se firmaron convenios de transición que ya no se renovaron en 2003 pues al probar la miel del poder sobre el suelo, ya a nadie le gustó seguir de la mano tutora de la S.D.U.O.P.
En lo administrativo las direcciones de desarrollo urbano se fortalecieron con más personal y aparecieron en la estructura organizacional de los municipios las Secretarías de Desarrollo Sustentable. Se diseñaron formatos, modelos de inspección y se gestaron tímidamente mecanismos de tasación inmobiliaria ante la ausencia de un modelo caduco en el Código Urbano actual; Querétaro reclamó el Catastro y mejor se lo concedieron ante la amenaza de que también quería el control municipal del agua. Por lo que ve a lo financiero, aumentaron los ingresos propios considerablemente pero también las demandas de particulares y empresas, que vieron irse el impuesto predial hasta 500% para arriba. Ser Regidor se volvió más interesante que ser Diputado y todavía mejor en la Comisión de Desarrollo Urbano.
La facultad para realizar la modificación del uso del suelo y la planeación a escala municipal “tomo por sorpresa” al nivel estatal de gobierno. Los ayuntamientos tomaron decisiones, habilitaron suelos a la urbe y el Gobierno del Estado no encontró fácilmente la manera de frenar la presión, particularmente sobre la Comisión Estatal de Aguas. El “boom” del suelo ejidal circundante a la zona metropolitana trastocó todo orden concebido hasta entonces. En este contexto, la administración loyolista atinadamente creó el Comité de Factibilidades, dependencia emergente para el control del precioso líquido a fraccionamientos y condominios. Sin agua no hubo suelo aunque estuviera aprobado.
Más tarde, en el Gobierno de Francisco Garrido, a alguien se le ocurrió los inefables “dictámenes de ratificación”, con los cuales se controlaba a los presidentes municipales, especialmente a Armando Rivera, a través de la S.D.U.O.P. Instrumento inconstitucional que sin sustento alguno “recalificaba” las decisiones del cabildo para frenar cambios de uso de suelo aprobados legítimamente por los municipios. Sin dictamen no había publicación en la Sombra de Arteaga y el Registro Público de la Propiedad no inscribía. Nadie se atrevió a interponer amparos so pena de no recibir agua. Y sin embargo, seguimos creciendo…
El desarrollo de la mancha urbana de la Ciudad de Querétaro y de San Juan del Río tomo un ritmo vertiginoso. Para el año 2002, el Municipio de Corregidora dejaba su condición eminentemente rural presentando el índice de crecimiento sostenido más intenso del país hasta 2007. Algo similar a lo que enfrenta hoy El Marques o a lo que vivió San Juan del Río durante los años de la industrialización. Fenómeno que podría repetir Pedro Escobedo, Ezequiel Montes y Cadereyta muy pronto, quienes con la ampliación de la carretera a la Sierra Gorda podrían crecer con los mismos riesgos si la Ley no cambia y mejora.
Otra anécdota curiosa la protagonizó el Ayuntamiento de Querétaro 2003-2006 cuando aprobados los nuevos planes de desarrollo delegacionales, en votación unánime, el Gobernador Garrido decidió no publicarlos, aplicándoles un veto de bolsillo temporal para después –“bien revisados”– liberarlos en el siguiente trienio ya con Manuel González en los controles del Municipio (2008).
En nuestros actuales planes, se puede apreciar claramente como la rectoría de la planeación del desarrollo urbano, se ha desplazado de riesgosa y fragmentada manera a los ayuntamientos, sin una visión general del desarrollo. Tenemos 18 visiones locales en pugna eminente todos los días a una velocidad de vértigo. Hoy, como sea que cada tres años se de la configuración política de Querétaro, la figura municipal reclama, fuerte o suave, el reconocimiento de su libertad, frecuentemente transfigurada en un concepto erróneo de “autonomía”.
De 2000 a la fecha hemos tenido cuatro secretarios estatales de Desarrollo Urbano, Luis Vazquez, Alfonso Ramos, José Luis Covarrubias y ahora Sergio Chufani. Cinco secretarios municipales encargados del tema: Rogelio Rodríguez, Gerardo Vega, Vicente Suárez, Ricardo Alegre y ahora Marco Del Prete; comunes a todos de algún modo, los directores Fernando González y Miguel Angel Bucio. En 12 años nos gastamos cerca de diez mil millones de pesos en obra pública. Se hicieron parques bicentenarios, ciudades de las artes, puentes, terceros pisos, boulevares, anillos periféricos y acueductos pero muchos queretanos afirman que no vivimos más cómodos ni mejor conectados.
Tenemos más o menos 650 asentamientos irregulares, tan solo 258 en el Municipio de Querétaro y de esos más de 40 tan solo en la Delegación Epigmenio González. 100 mil queretanos no tienen una escritura. Más de 200 colonias permanecen sin entrega recepción. Cerca de 14 mil hectáreas se habilitaron al desarrollo, mientras tímidamente se construyeron 20 edificios de más de cuatro pisos. Con estas cifras y con estos datos se prefirió no modificar el Código aun teniendo un proyecto aceptable de la LIV Legislatura… ¿Porqué?
En síntesis, el contenido del Código Urbano no solamente no fue (ni es) capaz de crear homogeneidad entre los estilos de gobierno de cada municipio; evidentemente esa no es su función. Su aspiración como norma deberá ser la unificación de criterios entre el Estado y sus municipios; consolidar un verdadero modelo de planeación democrática y de ordenación de territorio; precursor de seguridad jurídica a los inversionistas y modelo que prodigue solidaridad, equidad e inclusión para todos los habitantes de nuestras ciudades. Asimismo debe ser una herramienta que frene la abrumadora urgencia con que tratamos el recurso suelo y la especulación.
P.D. El Estado mexicano no puede claudicar en su función de dirigir el desarrollo urbano, turnando solo a los empresarios la delicada responsabilidad de decidir la Ciudad. Más o menos así se expresó el Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta en el Seminario Fundacional de FOROPOLIS, nueva organización de empresarios, académicos, consultores y estudiosos del urbanismo y la planeación por una política de estado para las ciudades mexicanas. Felicidades a todos los fundadores, será seguramente para el bien de nuestro país.
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