Póngale y Póngale (impuesto de plusvalías)

Por Gabriel Ballesteros Martínez
Como jugando a la pirinola,  en Querétaro hay a quienes les ha tocado toma todo y a los que nos ha salido siempre todos ponen. En materia de infraestructura y equipamiento urbano, la ausencia de planeación pública y la curiosa inobservancia del Impuesto por Obras de Utilidad Pública que precisa nuestra ley urbana, han perfilado nuestro desarrollo urbano como un ejercicio inequitativo, caprichoso y especulativo. 
Si reglas no nos faltan, lo que nos ha faltado es entendimiento, participación genuina y una dosis de buena fe. Desde 1992 tenemos vigente un impuesto de plusvalías que de aplicarse serviría para recuperar algo del dinero que gastamos en obra pública, la cual con inquietante frecuencia en los últimos 12 años solo beneficia a tantos como que los dedos de las manos nos sobrarían para contarlos.
Este impuesto, que se cuantificaría sobre el principio del mutuo acuerdo –raro en un impuesto– establece que los beneficiarios, es decir aquellos que se encuentren en la zona de influencia de una inversión pública, deberán pagar proporcionalmente. Llámese una plaza, una Ciudad de las Artes,  una Anillo Fray Junipero, un drenaje o un tubo como el acuaférico o el Acueducto II, técnicamente debemos pagar parte de lo que esta obra cueste o una proporción de lo que nos beneficia, pues nuestra propiedad –privada– forzosamente se revaluará y obtendremos, gracias al dinero de todos,  un beneficio particular.
La teoría es preciosa pero en la realidad pasa otra cosa. Este impuesto no se cobra; ni siquiera está considerado en la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para 2010. Ante esta curiosidad fiscal, quien escribe se puso a buscar (espero no haber omitido algún documento pues confieso no es mi área de especialidad) en los diferentes convenios de coordinación fiscal que nuestra entidad ha firmado con la SHCP y no pude encontrar uno que diga que se suspende su cobro por implicar una doble tributación al chocar este impuesto local con uno federal del que ya recibamos participaciones, como pasa con otros.
No, no lo encontré… Lo que si apareció fueron los planes parciales de desarrollo urbano de las administraciones municipales de Colón y Jalpan (2006-2009), razón por la que intuyo su vigencia,  donde mencionan que …Con la finalidad de promover la participación activa de la población en el mejoramiento de su calidad de vida, deberán promoverse programas y acciones tendientes a la realización de obras de mejoramiento en la infraestructura y los servicios públicos, procurando la gestión de fuentes de financiamiento alternativas, entre ellas, la contribución por mejoras que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción IV y el Código Urbano en su Título Quinto Capítulo III relativo al Impuesto por obras de utilidad pública urbana”. 
Sé que habrá quien se pregunte ¿¡cómo qué más impuestos!? pero querido lector, no se alarme, de todas formas paga Usted  de algún modo, ya sea aquí o en el ámbito federal,  pues de algún lado han salido los 17 mil 500 millones de pesos del presupuesto del Estado de Querétaro para este año, de los cuales para obra pública se destina cerca del 6%.
Tanto la especulación de suelos como la charrería parecieran ser  nuestros orgullosos deportes nacionales. La Zona Metropolitana de la Ciudad Querétaro,  como casi todas las ciudades medias en crecimiento del país, resultan escenarios mundialistas donde podemos identificar a los mejores exponentes de estas disciplinas. Que se hagan negocios, que bueno; no tenemos nada contra ellos, pero tampoco porque aplaudirles. Entiendo bien que crean empleo y mueven la economía; sin embargo, impuestos como el inobservado que motiva esta entrega, tienen el objetivo de que el erario público se recupere para que no se eleve el predial; para no tener que andar pidiendo créditos a BANOBRAS o inventando impuestos sobre nóminas que solo regraban al que de por sí ya le pone para poder hacer la Ciudad.  
Si mediante un impuesto razonable y construido de común acuerdo como señala nuestro Código Urbano actual,  metemos al presupuesto el concepto de la plusvalía,  todos ganamos, pues ese beneficio –convertido en dinero–  en lugar de irse por el lado obscuro de la fuerza, sería etiquetado de manera negociada en el Congreso y se aplicaría donde la planeación del desarrollo lo considere conveniente.
Si la idea es que la planeación sea participativa, ¿qué miedo podríamos tener de equivocarnos? Ahora que vamos a tocar el Código Urbano porqué no jugamos al póngale y póngale en lugar de todos ponen y yo gano. Como ve?.  
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