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Senado mexicano aprueba la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

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Ciudad de México, 5 abr (EFE).- El Senado mexicano aprobó este martes la minuta con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que busca reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales.

Además, da prioridad al desplazamiento de personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad, en condiciones de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Con 102 votos a favor, el Pleno respaldó los cambios a los artículos 3, 5, 7, 31, 44, 48, 52 y 54, que realizó la Cámara de Diputados al proyecto que avaló el Senado, el pasado 14 de diciembre de 2021, por lo que el documento fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

De esta manera, se incluyó a «la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes» para el otorgamiento de permisos o autorizaciones de personas físicas o morales, para el servicio de transporte; así como a la Secretaría de Economía como integrante del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

El Sistema «propondrá las especificaciones técnicas del parque vehicular, en lugar de definirlas, y los distintos órganos de gobierno deberán evitar gravar los servicios de autotransporte federal, transporte privado y sus servicios auxiliares».

El Senado también aceptó la propuesta de la Cámara de Diputados para que las licencias que expidan las autoridades puedan ser impresas en material plástico o de forma digital.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial define la concurrencia entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial, así como los mecanismos para su debida coordinación.

Además, establece las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.

En la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado, destacó que la aprobación de la nueva Ley es el resultado del trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil.

Mercado indicó que la minuta que envío la Cámara de Diputados, con modificaciones y adiciones, abona a un marco jurídico para «resolver problemas» que viven «todos los días, las familias y las comunidades».

Recordó que los accidentes viales son la primera causa de muerte de infantes, niñas, niños y jóvenes. Además, abundó, es la segunda causa de fallecimientos de personas de 25 a 30 años.

Ante ello, dijo, se crea un marco jurídico para «no evitar el error humano, porque siempre va a existir», sino para «construir condiciones de tránsito, de regulación y lineamientos para que estas fallas no terminen con la vida de las personas».

 

Fuente: SWI swissinfo.ch – unidad empresarial de la sociedad suiza de radio y televisión SRG SSR

Una ciudad en permanente conflicto

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Por Gabriel Ballesteros – 10 mayo, 2019
El conflicto es en esencia un choque de intereses, un episodio donde dos o más posiciones se enfrentan hasta que una vence o entre ellas construyen un acuerdo. La ciudad de Querétaro vive en conflicto. En conflicto vial por saturación y falta de alternativas de transporte y trayectorias; en conflicto de agua por sobreextracción, venta de futuros sin inversión presente, falta de saneamiento y reúso. En conflicto social en cada condominio y colonia debido a una precaria cultura de convivencia y solidaridad, pues nos falta educación cívica y pareciera que quien alguna vez la tuvo, está pensando olvidarla. En conflicto de suelos porque unos cuantos se hicieron con el control de miles de hectáreas periurbanas y quieren que el desarrollo y la obra pública se las habilite con agua, calle y energía; provocando además una burbuja inmobiliaria por sobreprecios sin fundamento. ¿Ejidos ahora sin suelo de ejidatarios fifís? Se podría parafrasear al presidente.
Entre un 30 y un 35 por ciento de esta ciudad está vacía ya urbanizada. Nos expandimos ahora hacia Colón y al parecer repetiremos allá el modelo Zibatá. Espero equivocarme, pero lo estaríamos haciendo sembrando los mismos elementos de conflicto, pues no hay un programa integrado de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, al menos no publicitado, y no pareciera haber una planeación fiscal para el sostenimiento de este nuevo polo de desarrollo. ¿Pudiéramos estar condenando a ese municipio a vivir en permanente conflicto para garantizar servicios públicos, cuando los primeros vendedores ya se hayan ido?
Vive en conflicto porque falta un andamiaje de reglas urbanísticas claras, reglas metropolitanas para que no sea una babel la gestión urbana de esta ciudad. Acusamos la ausencia de reglamentos e instituciones, lo que provoca corrupción, abusos y la desfiguración del valor preponderante. Atestiguamos una confrontación constante entre el capricho inmobiliario y la sensatez de lo posible.
Vivimos escenarios de conflicto sin estructura, sin objetivos; un escenario de displicencia técnica, frivolidad urbana y ausencia de visión común. Frivolidad que pasará factura si no actuamos pronto con una visión común. Frivolidad que se traduce en el desdén a la lógica del crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable en la persecución de cualquier negocio inmobiliario a toda costa. Un conflicto cuya base está, no en la fuerza de las presiones inmobiliarias frente a la escasez del insumo suelo, sino en el profundo desprecio que tenemos por la planeación y las ciencias aplicadas a la ciudad. ¿Quién quiere planear si a Querétaro le va tan bien?
Para atender cualquier conflicto se debe trazar una estrategia, se deben procurar acciones y objetivos; se debe estructurar la forma de evaluar las alternativas de solución y después actuar en consecuencia con las ciencias como soporte. No tenemos donde realizar ese diálogo entre conflictuados. Necesitamos con urgencia un centro dónde negociar el futuro metropolitano; un punto de encuentro entre las partes; una mesa dónde ponderar lo más conveniente para todos; un cerebro que atenúe la natural brutalidad que llega a mostrar con frecuencia el mercado. Una institución pública que mire por el interés público en la ciudad, más allá de los individuos. Más allá del que tiene la razón pero ahora lo que quiere es vengar las miles de veces que se ha sentido ignorado.
Necesitamos un Instituto de Planeación Urbana dónde llegar a acuerdos.
Fuente: CódigoQro

Instala SEDATU consejos en 6 estados para Programa Nacional de Reconstrucción

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Hasta el momento se han comprometido recursos por más de 14 mil 200 millones de pesos para la atención de las entidades afectadas

 

Ciudad de México, 13 de abril, 2019.- La Comisión Intersecretarial de Reconstrucción (CIR), coordinada desde la  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), encabezada por Román Meyer Falcón, ha instalado seis Coordinaciones Estatales y signado convenios de colaboración con el mismo número de gobiernos estatales que se verán beneficiados con la aplicación del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).

Cabe recordar que dicho programa -uno de los 25 prioritarios del Gobierno de México- tiene por objetivo brindar atención a todos los damnificados por los sismos de 2017 y 2018, a través de la construcción o reparación de viviendas, centros de salud, escuelas e inmuebles considerados patrimonio cultural.

El titular de la SEDATU ha subrayado en diversas ocasiones la importancia de dar acompañamiento y seguimiento técnico al programa, con el objetivo de garantizar la oportuna y eficiente ejecución de las obras.

“Hemos hecho un análisis detallado de cómo ocurrió el proceso de reconstrucción y en dónde había fallado el Estado mexicano en sus diferentes órdenes de gobierno a lo largo de varios estados de la República, y nos dimos cuenta de que uno de los grandes problemas fue que no se realizó un seguimiento técnico; que muchos recibieron apoyos, pero no se garantizó que se aplicaran en la reconstrucción de las viviendas”, explicó.

En este contexto, es relevante la intervención de un organismo que articule los trabajos en benéfico de la población; por ello, la CIR está integrada por cinco Secretarías de Estado que intervendrán en el proceso de reconstrucción: Educación Pública, Cultura, Hacienda y Crédito Público, Salud y Seguridad Pública, coordinadas por la SEDATU.

En diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó asignar un monto de 8 mil millones de pesos al PNR, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019; sin embargo, para atender a las miles de familias que perdieron o vieron afecto su patrimonio por dichos fenómenos naturales, también se destinarán 13 mil 600 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de seguros.

Hasta el momento, se han instalado las Coordinaciones Estatales de Reconstrucción en Oaxaca, donde se invertirán 4 mil 700 millones de pesos y se atenderán más de 65 mil viviendas dañadas; en Guerrero, para la realización de más de mil 800 acciones con una inversión de aproximadamente 730 mdp; en Chiapas, donde se invertirán 2 mil 735 millones de pesos y se realizarán 23 mil 800 acciones de reconstrucción.

También se han firmado convenios de colaboración con los estados de Morelos para la realización de más de 6 mil 500 acciones con una inversión de 720 millones de pesos; Estado de México, donde se ejecutarán 4 mil 997 acciones en materia de vivienda, educación, salud y patrimonio histórico con un presupuesto de 2 mil 532 millones de pesos y con el gobierno de Puebla, donde se tiene prevista la ejecución de más de 12 mil acciones de reconstrucción en vivienda, 879 en escuelas y 299 en patrimonios históricos, con una inversión de  2 mil 826 millones de pesos.

Se tiene previsto que en las próximas semanas se instalen los Consejos Estatales de Reconstrucción en Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y en la Ciudad de México, para formalizar la puesta en marcha del Programa Nacional de Reconstrucción.

Cabe señalar que como parte de la atención a personas afectadas por desastres naturales, la SEDATU ha puesto en marcha un programa emergente de reconstrucción de viviendas en Nayarit, entidad que se vio afectada por el paso del huracán Willa en octubre de 2018, denominado “Reconstruyendo vivienda en Nayarit”, con el que se beneficiarán 5 municipios y más de 4 mil 200 familias, con una inversión de 23 millones de pesos.

 

Fuente: gob.mx

Impulsa Román Meyer Falcón nueva visión de política de ordenamiento territorial

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El titular de la SEDATU destacó que por primera vez en la historia se incluyó el tema de territorio y desarrollo sostenible, como eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo

 

Ciudad de México, 24 de abril, 2019.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, subrayó ante los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados, la necesidad de impulsar desde el Gobierno de México, una nueva política de ordenamiento territorial que permita al Estado retomar la rectoría del mismo.

Al participar en una reunión de trabajo realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Meyer Falcón detalló que gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por primera vez en la historia se incluyó el tema de territorio y desarrollo sostenible, como eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

En este contexto, propuso a los integrantes del Poder Legislativo fortalecer el marco normativo en la materia con el objetivo de actualizar los diferentes instrumentos de planeación y ordenamiento territorial; así como asumir la planificación del territorio como un proceso permanente e incluyente de gestión-acción participativa

Meyer Falcón agregó que otro de los principios en materia de ordenamiento territorial, es que se privilegie al acceso a una vivienda adecuada, para reducir la segregación y la desigualdad, haciendo del territorio el lugar para ejercer los derechos al hábitat y a la naturaleza, pues “el suelo es la materia prima con la que se hace política pública”.

El titular de la SEDATU también presentó ante legisladores de todos los grupos parlamentarios los dos programas prioritarios del Gobierno de México que tiene bajo su responsabilidad: el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) y el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).

Sobre el primer caso, el Secretario explicó que se realizarán acciones de construcción y reconstrucción de vivienda, infraestructura de salud, educativa, así como en la rehabilitación de inmuebles considerados patrimonio cultural, con una inversión de alrededor de 21 mil 600 millones de pesos (mdp).

En materia de Mejoramiento Urbano, Meyer Falcón detalló que se intervendrán -en una primera etapa- 14 ciudades: 10 ubicadas en la frontera norte y cuatro más con vocación turística, con una inversión total de 8 mil mdp.

 

Fuente: gob.mx

Para contribuir a la pacificación del país, impulsa Sedatu nueva Política Nacional de Vivienda

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La política de vivienda tiene el objetivo de garantizar, promover y proteger el derecho humano a la vivienda, con la colaboración entre el sector público y privado: Román Meyer

 

Ciudad de México, 30 de abril, 2019.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, anunció que con el objetivo de contribuir a la pacificación del país, la dependencia a su cargo impulsa una nueva Política Nacional de Vivienda.

En conferencia de prensa, tras participar en la 118 Asamblea General del Infonavit, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SEDATU sostuvo que se trabajará para recuperar el territorio y garantizar el derecho humano a la vivienda, empezando con los que menos tienen.

Meyer Falcón agregó que esta política nacional es un llamado a los tres órdenes de gobierno, a los distintos sectores y a organismos nacionales como el propio INFONAVIT, para que dentro de sus atribuciones, cumplan con el siguiente decálogo de lineamientos:

1. Asegurar la adecuada ubicación de la vivienda garantizando la disponibilidad de servicios e infraestructura, considerando las necesidades de las familias.

2. Situar a la vivienda como un elemento que articula el ordenamiento territorial, junto con la adecuada gestión del suelo.

3. Garantizar el derecho a la vivienda, entendiéndola como la formadora de nuestras comunidades, pues representa un entorno habitacional de ejercicio de derechos y de oportunidades.

4. Incluir los requerimientos de vivienda asociados a todos los proyectos económicos, turísticos y de infraestructura que se desarrollen.

5. Contar con un enfoque regional que respete la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, considerando el diseño de la vivienda, hasta la selección de los materiales de construcción.

6. Desarrollar los mecanismos que brinden certeza jurídica a las familias en las distintas modalidades de propiedad.

7. Focalizar el presupuesto y las acciones para las comunidades indígenas o que presenten altos niveles de rezago habitacional, de marginación y de violencia. Así mismo, ampliar progresivamente los recursos públicos de los programas de vivienda para la población no derechohabiente.

8. Atender las diversas formas de producción, tipos y necesidades de vivienda, incluyendo la producción social de vivienda y la construcción asistida, adecuando los programas a la realidad social, cultural y económica de las personas.

9. Fortalecer las acciones de mejora regulatoria, con la finalidad de simplificar trámites y procedimientos, desde los que corresponden al acceso a la información, la regularización, en la tenencia de la vivienda, hasta el otorgamiento de créditos y sus modelos de cobranza.

10. Fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas de participación comunitaria, especialmente en el ámbito rural.

Cabe señalar que para reforzar el cumplimiento de los objetivos, ya se instalan en todo el país los Consejos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; así como los observatorios ciudadanos que los acompañan, mismos que darán seguimiento a los planes de desarrollo urbano que las autoridades locales están obligadas a expedir y actualizar.

 

Fuente: GOB

Presentan decálogo para implementar nueva política de vivienda

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El titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, dio a conocer el decálogo de lineamientos que se deberán cumplir para implementar la política de vivienda.

Ciudad de México.- La nueva política de vivienda garantizará el derecho humano a una casa digna, mediante la colaboración entre el sector público y privado, afirmó Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano.

Al presentar la política de vivienda de esta administración en la Asamblea 118 del Infonavit, el titular de la Sedatu destacó que se buscarán mecanismos de financiamiento para adquirir vivienda con un enfoque planeado e integrado del territorio.

Advirtió que esta política nacional no se limitará sólo a ordenar la acción del gobierno en la materia, sino que impulsará la coordinación de las tres órdenes de gobierno, los distintos sectores y organismos nacionales para desarrollar esta estrategia.

Meyer Falcón presentó el decálogo de lineamientos que se deberán cumplir para implementar la política de vivienda:

  1. Asegurar la adecuada ubicación de la vivienda garantizando la disponibilidad de servicios e infraestructura.
  2. Situar a la vivienda como un elemento que articula el ordenamiento territorial junto con una adecuada gestión del suelo.
  3. Garantizar el derecho a la vivienda entendiéndola como la formadora de nuestras comunidades. Pues representa un entorno habitacional de ejercicio de derechos y de oportunidades.
  4. Incluir los requerimientos de vivienda asociados a los proyectos económicos, turísticos y de infraestructura que se desarrollen.
  5. Contar con un enfoque regional que respete la diversidad cultural en todas sus modalidades y manifestaciones. Considerando el diseño de la vivienda hasta la selección de los materiales de construcción.
  6. Desarrollar los mecanismos que brinden certeza jurídica a las familias en las distintas modalidades de propiedad.
  7. Focalizar el presupuesto y las acciones para las comunidades indígenas o que presenten altos índices de rezago habitacional de marginación y de violencia. Asimismo, ampliar progresivamente los recursos públicos de los programas de vivienda para la población no derechohabiente.
  8. Atender la diversa formación de producción, tipos y necesidades de vivienda. Incluyendo la producción social de vivienda y la construcción asistida. Adecuando los programas a la realidad social, cultural y económica de las personas.
  9. Fortalecer las acciones de mejora regulatoria con la finalidad de simplificar trámites y procedimientos. Desde los que corresponden al acceso a la información, la regularización en la tenencia de la vivienda hasta el otorgamiento de créditos y sus modelos de cobranza.
  10. Fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas así como cooperativas de participación comunitaria especialmente dentro del ámbito rural.

Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, resaltó que desde el inicio de esta administración se redujeron sus gastos operativos en mil 800 millones de pesos y previó que antes de que termine el año se habrá superado la meta original de 2 mil millones.

«Lo anterior liberará recursos para emprender nuevos programas en beneficio de los trabajadores y asegurar un mejor rendimiento de la subcuenta de vivienda», enfatizó.

Comentó que se van a privilegiar las licitaciones públicas por sobre cualquier procedimiento de compra.

«Nos sugieren eliminar todo método que implique discrecionalidad y abra la puerta a malas prácticas, y en este sentido actuaremos», refirió.

Resaltó que se aprobó un nuevo tabulador salarial para que ningún funcionario del Infonavit gane más que el Presidente de la República.

«Los recursos que administra el Infonavit son de los trabajadores. Nuestra obligación legal y moral es ejercerlos como estricto apego a los criterios de austeridad y eficiencia», apuntó.

 

Fuente: El Universal

Volvió la operatividad a la CRE… ¿Y ahora?

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Por Manuel Mureddu González

Finalmente, como se anticipaba, el presidente López Obrador acabó ejerciendo sus facultades en términos del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y nombró de manera directa a los cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Por un lado, la noticia tiene un factor positivo: por fin la CRE podrá volver a sesionar de manera operativa y funcional. Por el otro, todo parece indicar que estos cuatro nuevos comisionados son afines de manera casi predeterminada al presidente, a su partido y a su visión de políticas públicas en materia energética. Eso, en un organismo regulador en el que debe imperar la imparcialidad propia de un árbitro, podría llegar a ser desestabilizador y sesgado. Solo podrá comprobarse con el tiempo.
Ahora, el sector energético aún tiene muchos más temas de los que preocuparse y por resolver. El apagón en la península de Yucatán en días pasados es solo un tema crítico de la agenda energética, y lo es por dos motivos: primero, porque viene justo como efecto de una disminución en el suministro de gas natural a la península, que genera su energía eléctrica en sitio, debido a su falta de conectividad de infraestructura; y segundo, porque bajo las condiciones actuales podría volver a suceder en mayor escala y en más lugares.

Existen dos regiones del país aisladas en sus redes eléctricas de transmisión: la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, y Baja California. Entre ellas, el istmo tiene la característica de ser una de las zonas con mayor potencial de energía eólica en el mundo. Esta región, y en general el país, se habría visto beneficiada con la línea de transmisión cuya licitación fue cancelada a finales de enero. Este proyecto habría integrado al Sistema Eléctrico Nacional una enorme cantidad de energía proveniente de fuentes renovables. Su cancelación deja fuera de juego el desarrollo de estos proyectos eólicos y sigue aislando a la península de Yucatán en su dependencia del gas natural. Si el flujo de este gas disminuye, es de esperar que vuelvan los apagones en la península. Es ahí donde vuelve a tener sentido la transición energética.

El tema, al fin, es que el riesgo de los apagones está latente, sobre todo en estas regiones aisladas, y mientras las políticas públicas energéticas del país sigan siendo frágiles y el contexto de la transición energética incierto, el escenario no parece poder mejorar.
El modelo de la transición energética aprobado en el sexenio pasado puede no ser perfecto, pero era una base indispensable y genuinamente confiable para el desarrollo del sector energético del país. En un contexto en el que el país requiere inmensas inversiones en las redes de transmisión eléctrica, el desarrollo de estos proyectos no debe detenerse, ni sujetarse de manera exclusiva a la inversión estatal que, francamente, no alcanzará para satisfacer la necesidad real del país.
El desarrollo de proyectos eólicos y solares, junto con las respectivas líneas de transmisión, es indispensable para inyectar al sistema enormes cantidades de energía limpia, pero, sobre todo, para conectar las zonas del país con mayor vulnerabilidad debido a su aislamiento en materia de infraestructura. Evitar episodios como el de la semana pasada en Yucatán no debiera ser una labor titánica del Estado, sino fruto de una debida proyección de las políticas públicas del sector. La transición energética no debe tratarse como un binomio vocal de moda, sino como una necesidad para el desarrollo seguro y sustentable del país.

 

Fuente: CódigoQro

EL TREN MAYA Y SUS IMPLICACIONES ECOLÓGICAS

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El proyecto del Tren Maya representa el estandarte del nuevo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el cual supone una importante inversión que se estima traerá consigo un impulso económico y político trascendental para la tan marginada frontera sur del país a través de 1525 km de vías férreas, de los cuales 723 km ya están construidas.
Sin embargo, el proceso ha sido una constante de acciones aventuradas e irresponsables por parte de la Administración Federal y de las casi imperceptibles reacciones de la nueva titular de Semarnat, la Lic. Josefa González Blanco, respecto de las múltiples manifestaciones del medio ecologista.
De esta manera, el pasado 16 de diciembre se colocó la primera piedra del proyecto, el cual se divide en diversos tramos de ejecución. La primera etapa de trabajos consiste en la rehabilitación, compactación y mantenimiento de las vías de tren que ya se encuentran construidas desde Palenque hasta Izamal, obras que conforme al comunicado de Semarnat, si bien pudieran causar un efecto negativo en el ambiente, no son materia de evaluación del impacto ambiental, recalcando que los aproximadamente 802 km de vías restantes si deberán contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente.
El comunicado de la nueva titular de la Semarnat, resulta tan inexacto a la dinámica del desarrollo de los ecosistemas, como irresponsable en su gestión administrativa. Así, los impactos ambientales deben medirse y autorizarse, atendiendo siempre a los principios de prevención y precaución ambiental, a la evolución o decremento de los servicios ambientales que preste la zona, pero también a las nuevas condiciones que se generen a raíz de las conclusiones o descubrimientos de la ciencia, por tanto la valoración y manipulación de un suelo debe siempre constreñirse a las características actuales del lugar.
En este sentido, López Obrador y su equipo han proyectado la ejecución de una obra de la cual ni siquiera han evaluado adecuadamente las repercusiones y detrimentos que puede sufrir la zona, no se han pronunciado en cuanto a las condiciones del subsuelo, las vibraciones, la forma en la que lesionaran un hábitat tan rica en cuanto a flora y fauna y la forma en que mitigarán los daños, incluso sin siquiera haber gestionado formalmente una autorización de impacto ambiental, que pudiera disipar todas las opiniones encontradas y legitimar una decisión tan polémica. Como es de costumbre en todo el país, se mantiene la tradición de proyectar obras públicas con efecto electoral, sin analizar el fondo y las consecuencias.
Así, resulta trascendente gestionar y obtener la autorización de impacto ambiental previo al inicio de los trabajos, no solo de la infraestructura que está por construirse, sino también de las ya construidas, pues esas vías se desarrollaron desconociéndose muchos elementos que al día de hoy se han descubierto.
Este procedimiento debe realizarse con responsabilidad, pero sobre todo con transparencia, mediante un procedimiento abierto de participación ciudadana, anteponiéndolo a intereses de tipo político, pues no debemos observarlo únicamente desde el aspecto económico, sino como una decisión que definirá las líneas de acción que en materia de sustentabilidad ambiental va a privilegiar el nuevo gobierno.

 

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Volvió la operatividad a la CRE… ¿Y ahora?

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Finalmente, como se anticipaba, el presidente López Obrador acabó ejerciendo sus facultades en términos del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y nombró de manera directa a los cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Por un lado, la noticia tiene un factor positivo: por fin la CRE podrá volver a sesionar de manera operativa y funcional. Por el otro, todo parece indicar que estos cuatro nuevos comisionados son afines de manera casi predeterminada al presidente, a su partido y a su visión de políticas públicas en materia energética. Eso, en un organismo regulador en el que debe imperar la imparcialidad propia de un árbitro, podría llegar a ser desestabilizador y sesgado. Solo podrá comprobarse con el tiempo.
Ahora, el sector energético aún tiene muchos más temas de los que preocuparse y por resolver. El apagón en la península de Yucatán en días pasados es solo un tema crítico de la agenda energética, y lo es por dos motivos: primero, porque viene justo como efecto de una disminución en el suministro de gas natural a la península, que genera su energía eléctrica en sitio, debido a su falta de conectividad de infraestructura; y segundo, porque bajo las condiciones actuales podría volver a suceder en mayor escala y en más lugares.
Existen dos regiones del país aisladas en sus redes eléctricas de transmisión: la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, y Baja California. Entre ellas, el istmo tiene la característica de ser una de las zonas con mayor potencial de energía eólica en el mundo. Esta región, y en general el país, se habría visto beneficiada con la línea de transmisión cuya licitación fue cancelada a finales de enero. Este proyecto habría integrado al Sistema Eléctrico Nacional una enorme cantidad de energía proveniente de fuentes renovables. Su cancelación deja fuera de juego el desarrollo de estos proyectos eólicos y sigue aislando a la península de Yucatán en su dependencia del gas natural. Si el flujo de este gas disminuye, es de esperar que vuelvan los apagones en la península. Es ahí donde vuelve a tener sentido la transición energética.
El tema, al fin, es que el riesgo de los apagones está latente, sobre todo en estas regiones aisladas, y mientras las políticas públicas energéticas del país sigan siendo frágiles y el contexto de la transición energética incierto, el escenario no parece poder mejorar.
El modelo de la transición energética aprobado en el sexenio pasado puede no ser perfecto, pero era una base indispensable y genuinamente confiable para el desarrollo del sector energético del país. En un contexto en el que el país requiere inmensas inversiones en las redes de transmisión eléctrica, el desarrollo de estos proyectos no debe detenerse, ni sujetarse de manera exclusiva a la inversión estatal que, francamente, no alcanzará para satisfacer la necesidad real del país.
El desarrollo de proyectos eólicos y solares, junto con las respectivas líneas de transmisión, es indispensable para inyectar al sistema enormes cantidades de energía limpia, pero, sobre todo, para conectar las zonas del país con mayor vulnerabilidad debido a su aislamiento en materia de infraestructura. Evitar episodios como el de la semana pasada en Yucatán no debiera ser una labor titánica del Estado, sino fruto de una debida proyección de las políticas públicas del sector. La transición energética no debe tratarse como un binomio vocal de moda, sino como una necesidad para el desarrollo seguro y sustentable del país.

 

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Nuevos nubarrones sobre la Comisión Reguladora de Energía (II)

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El drama de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aún no termina y, lejos de ello, parece intensificarse y confirmar lo que a lo largo de diversas columnas he sostenido: la CRE está siendo objeto de un claro embate en los juegos de poder del presidente y su partido.
Después de que hace algunas semanas fueron rechazadas en el Senado de la República la totalidad de las ternas para sustituir a cuatro comisionados de la CRE, en su inmensa mayoría por la objetiva falta de idoneidad de los candidatos para ocupar estos cargos (algunos de ellos no sabían ni qué hacía el órgano regulador para el cual fueron propuestos), el presidente de la República ha vuelto a enviar al Senado otra serie de ternas, y tal es la sorpresa que 11 de los 12 candidatos originales (el único que quedó fuera fue porque en la primera ocasión ni siquiera acudió a la comparecencia) fueron incluidos de nuevo en estas. O sea, el presidente López Obrador quiere a esta gente ocupando los cargos de la CRE a como dé lugar. En definitiva, los prefiere incondicionales antes que expertos.
Y seguramente así sucederá. El artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que, si en la segunda ocasión en que se envía una terna a la Cámara de Senadores, esta vuelve a ser rechazada, ocupará el cargo de comisionado la persona que dentro de dicha terna sea designada por el presidente. En pocas palabras, todo parece indicar que, o se escogen los candidatos del presidente por la buena del voto democrático del Senado, o este acabará por nombrarlos a su discreción. El modelo evidencia su deficiencia en el contexto de los pesos y contrapesos del equilibrio de poderes, pero así está la ley y ese es un tema aparte.
Así, sin animo de pesimismo, pero sí de inevitable realidad, todo parece indicar que la CRE acabará siendo gobernada por una serie de candidatos que han demostrado no ser particularmente expertos en el sector, y que probablemente tampoco generarán confianza en los inversionistas. Y quizá aún peor, que no acaban de comprender con absoluta claridad que el rol de un órgano regulador es el de un árbitro imparcial cuyo primer beneficiario debe ser el consumidor y no las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE). Más allá de toda la faramalla de ser empresas de todos los mexicanos, estas son a fin de cuentas participantes de un mercado que debe ser competitivo e imparcial. En la CRE debe imperar la visión de que la mejor manera de apoyar a los mexicanos no es favorecer de manera obvia a estas empresas, sino asegurarse de que existan mercados energéticos sustentables, libres, competitivos y rentables.
Si a esta previsible disfunción reguladora le sumamos el abierto interés de la Comisión Federal de Electricidad para aumentar la producción de energía eléctrica a partir del carbón (esta semana abrió una convocatoria para licitar la compra de 330 mil toneladas de este recurso), el panorama de la transición energética empieza a percibirse como desolador. En un país comprometido a producir el 35% de su energía eléctrica a partir de renovables, y con uno de los potenciales probados más altos para el desarrollo de estas fuentes de energía, la apuesta parece completamente equivocada.
Hay tiempo de corregir, pero la iniciativa privada tiene que levantar la voz y jugar un rol mucho más potente de lo que ha hecho hasta ahora. La sustentabilidad energética del país y el desarrollo de una de las industrias con mayor potencial en México están en juego.

 

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