Programa de prueba del sistema de comercio de emisiones

La reforma a la Ley General de Cambio Climático establece un sistema de comercio de emisiones para promover reducciones de emisiones.

 

Derechos de Emisión del Sistema de Comercio de Emisiones

Ley General de Cambio Climático 2012 y reforma 2018
Principales cambios en la Ley General de Cambio Climático
Registro Nacional de Emisiones (RENE)

¿Qué es un sistema de comercio de emisiones?
Un sistema de comercio de emisiones (SCE) es un instrumento de mercado diseñado para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se basa en el principio de “tope y comercio” (‘cap and trade’). Esto consiste en establecer un tope máximo sobre las emisiones totales de uno o más sectores de la economía que debe de ser reducido cada año. Las instalaciones en estos sectores deben presentar un derecho de emisión por cada tonelada de CO2 que emiten. Pueden recibir o comprar derechos, y así comerciar con otras compañías del Sistema.

¿Por qué es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero?
El Acuerdo de París, firmado en 2015 y ratificado ante el Senado de la República en septiembre 2016, compromete a los países firmantes a descarbonizar sus economías y a mantener el aumento en la temperatura global muy por debajo de 2°C, e idealmente debajo de 1.5°C. Para ello cada país presentó contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La meta de contribución comprometida por México para el año 2030 es reducir un 22% de sus emisiones gases de efecto invernadero con respecto a una línea base, aumentando a un 36% esta reducción condicionada al apoyo y financiamiento internacional. Estas metas fueron incluidas en la reforma a la Ley General de Cambio Climático del 13 de julio de 2018.

¿Por qué utilizar un sistema de comercio de emisiones para reducir las emisiones de GEI?
Dadas las metas mexicanas, un sistema de comercio de emisiones ofrece la posibilidad de promover la reducción de emisiones con el menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable, sin vulnerar la competitividad de los sectores participantes frente a los mercados internacionales. Además, un SCE tiene las siguientes ventajas:

  • Es una decisión de política efectiva
  • Invita a los sectores regulados a buscar la manera más costo-efectiva para reducir sus emisiones
  • Incentiva la innovación tecnológica
  • Proporciona flexibilidad en el cumplimiento
  • Responde a las fluctuaciones económicas
  • Dada una eventual vinculación de SCE, permite que diversos países cumplan conjuntamente sus objetivos de mitigación

¿Quiénes participan en el sistema de comercio de emisiones?
Participan en el SCE las instalaciones que realicen actividades de los sectores de energía e industria. Durante el Programa de Prueba, participarán únicamente las instalaciones cuyas emisiones anuales sean iguales o mayores a 100 mil toneladas de emisiones directas de dióxido de carbono.
Según lo previsto en el Reglamento del Registro Nacional de Emisiones (RENE), se consideran actividades del sector energía:

  • Explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos, y
  • Generación, transmisión y distribución de electricidad.

Y del sector industrial:

  • industria automotriz;
  • industria cementera y calera;
  • industria química;
  • industria de alimentos y bebidas;
  • industria del vidrio;
  • industria siderúrgica;
  • industria metalúrgica;
  • industria minera;
  • industria petroquímica;
  • industria de celulosa y papel, y
  • otros subsectores industriales que generen emisiones directas provenientes de fuentes fijas.

Los sectores que no son regulados directamente pueden participar de manera indirecta en el sistema de comercio de emisiones. Esto se logra a través de los créditos de compensación, que son reducciones de emisiones desarrolladas bajo protocolos específicos que tienen su origen en proyectos provenientes de fuentes o sectores otros que el sector industrial o energético, a fin de reducir sus emisiones o aumentar la captura del carbono.

¿Cómo se regula la operación del sistema de comercio de emisiones?
Las bases preliminares del programa de prueba del sistema de comercio de emisiones establecen los elementos técnicos del funcionamiento del programa de prueba en lo que concierne a:

  • El alcance, tope y método de asignación de derechos de emisión en el Sistema,
  • Las transacciones de derechos de emisión y el Mecanismo de seguimiento,
  • El calendario de cumplimiento,
  • Los mecanismos flexibles de cumplimiento (como los créditos de compensación),
  • El monitoreo, reporte y verificación de emisiones en el marco del Sistema, y
  • El Comité Consultivo

¿Cómo se diseñó el programa de prueba del sistema de comercio de emisiones?
Los elementos técnicos para el programa de prueba se definieron utilizando estudios y análisis técnicos como referencia. Para este trabajo se ha contado con el apoyo con el apoyo del Gobierno Alemán, a través de la  Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), y del Banco Mundial, a través del Partnership for Market Readiness. También se estableció un grupo de trabajo con la representación de los sectores participantes.

Regulación Actual
El acuerdo que establece las bases preliminares del programa de prueba del sistema de comercio de emisiones se publicó en el Diario Oficial de la Federación:

Fichas Informativas
Se han desarrollado fichas informativas que explican el desarrollo de un sistema de comercio de emisiones paso a paso. Estas fichas pueden consultarse en los siguientes vínculos:

Documentos técnicos de referencia

Estudio «Distribución de derechos de emisión en el Sistema de Comercio de Emisiones mexicano: Escenarios de asignación indicativos»

Estudio «Potencial y limitaciones de blockchain para instrumentos de política cilmática»

Estudio “Diseñando un Sistema de Comercio de Emisiones en México: Opciones para el establecimiento de un tope de emisiones”:

Estudio “Comercio de Emisiones en México: Análisis de riesgos de fuga de carbono”:

Estudio “Certificados de energías limpias y Comercio de Emisiones en México: Interacciones y efectos recíprocos”:

Estudio “Alcanzando las Metas Mexicanas de Mitigación: Opciones para un Portafolio de Políticas de Precios al Carbono”:

 

Fuente: www.gob.mx

La Licencia de Construcción se podrá tramitar en 7 días

El municipio de Querétaro obtuvo el Certificado de Ventanilla Especializada de Construcción, por la simplificación de los trámites de autorización y terminación de obras de construcción

 

El 13 de Abril del 2022, El Municipio de Querétaro obtuvo el Certificado de Ventanilla Especializada de Construcción (VECS)  que le otorgó la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), por la simplificación de los trámites de autorización y terminación de obra de construcción. El Presidente Municipal, Luis Nava, contribuirá a que Querétaro siga generando empleos y continúe siendo la mejor ciudad para invertir.

“Es bien importante entender el valor del dinero en el tiempo, y ese costo de oportunidad o ese costo financiero, pues en algún lado repercute y tenemos que lograr reducir los tiempos, mejorar las condiciones sin sacrificar o poner en riesgo la calidad de vida, el cumplimiento de parte de quien desarrolle, quien construya, y sobre todo la calidad para que en Querétaro podamos vivir siempre mejor y que la inversión signifique desarrollo, crecimiento, que la inversión signifique generación de empleos”, señaló el alcalde.

Ante representantes del ramo de la construcción, Luis Nava instruyó abrir ventanillas de atención en las distintas Cámaras o Colegios para acercarles la expedición de trámites y licencias, agilizar sus tiempos y ahorrar recursos, además de ofrecer un valor agregado a sus agremiados. También comentó la necesidad de trabajar juntos en un proyecto de Reglamento de la Construcción que permita avanzar en el Querétaro del futuro.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios Kuri, informó que con esta certificación se reduce hasta un 61 por ciento el tiempo para este trámite, pues de 5 trámites (Número oficial, Dictamen de Uso de Suelo, Alineamiento, Licencia de Construcción, y Terminación de Obra), se reduce a uno solo y que puede completarse en tan solo 7 días.

De acuerdo con lo que informaron las autoridades capitalinas, al día de hoy únicamente tres municipios en el país cuentan con esta certificación.

Los requisitos para hacer uso de este beneficio son: que se trate de una obra nueva de uso comercial y habitacional, usos de suelo para giros de bajos riesgo, con un máximo de mil 500 metros cuadrados de terreno, un máximo de 25 números oficiales interiores y no aplica para unidades condominales.

Fuente: https://www.codigoqro.mx/

WUF 11 Transformar nuestras ciudades para un mejor futuro urbano

En la ciudad de Katowice en Polonia el próximo mes de junio (del 26 al 30) se llevará a cabo el World Urban Forum  ó WUF11. Será la undécima ocasión que, coordinado por el Secretariado UN Habitat para el Desarrollo Urbano y la Vivienda, se reuna el mundo a compartir los diagnósticos y las formas; las estrategias y el estatus de cumplimiento de sus compromisos urbanos y medioambientales, de acuerdo a las diversas convenciones internacionales que sobre estos temas se han firmado a lo largo de más de 60 años y, que constituyen una obligación administrativa, pero sobre todo política de cada Estado nacional; documentos de los que tu querido lector, estoy seguro, has escuchado hablar: LA NUEVA AGENDA URBANA y su derivada la ahora famosa AGENDA 2030

 

El 11vo. Foro Mundial de Urbanismo tendrá como sede esta interesante ciudad del este europeo, ejemplo de regeneración urbana después de un rudo pasado minero y metalúrgico. Durante cuatro días se realizará una revisión de los avances en la implementación de los más de 175 postulados que integran la Nueva Agenda Urbana, firmada por más de 170 países del orbe en el Habitat III evento de la mayor trascendencia sucedido en  Quito, Ecuador en 2016. Particularmente se analizará el grado de implementación que se ha logrado a nivel local sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como “ODS´s”.   

 

Este es un ejercicio al que puedo afirmar México llegará con una robusta muestra de obras públicas e intervenciones urbanas realizadas en cerca de cuarenta ciudades seleccionadas por SEDATU entre 2018 y 2022 donde se han ejercido más de 35 mil millones de pesos. Obras de todo tipo: remozamiento de plazas públicas; centros deportivos y recreativos en zonas deprimidas e inseguras; obras de drenaje y agua potable; ademe de riveras de ríos y drenes pluviales; electrificación, etcétera. Sin embargo, creo que llegaremos con un severo déficit en la implementación de la gobernanza urbana, elemento común al cumplimiento de muchos de los ODS´s; en lo particular, respecto de aquellos que persiguen el fortalecimiento de la vida democrática en las ciudades y la definitiva estructura para una eficiente participación ciudadana que reduzca el empoderamiento de los partidos y genere gobiernos profesionales, planeados y consecuentes.  

 

Y es que la gobernanza urbana, entendida como los acuerdos, reglas, leyes e incluso cortesías que deben cumplirse y prodigarse entre los gobiernos y sus ciudadanos en la urbe, resulta transversal para lograr objetivos aparentemente tan distantes como  la difícil tarea de llegar a un indicador de “Hambre Cero” (ODS No. 2);  se haga lo necesario para poner “Fin de la Pobreza”; se logre la realización de obras para garantizar “Energía Asequible y No Contaminante” (ODS No. 7) o bien, se atienda el No. 11 que persigue el nada sencillo objetivo de lograr “Ciudades y Comunidades Sostenibles”.

 

Institucionalizar es generar los organismos, los sistemas y los procedimientos que, mas allá de los colores que gobiernen o los gustos autocráticos de algunos políticos, garanticen  siempre que la comunidad regule su desarrollo; prosiga, prospere y se desenvuelva sin dejar a nadie atrás, con equidad, sin discriminación y donde el acceso a buena infraestructura sea parejo para todos.  Suena a utopías? si, no lo niego. Sin embargo sería terrible no tener norte en nuestra brújula urbanística. 

 

Muchas ciudades van muy lento. Lentísimo se podría afirmar, sobre todo en el ejercicio legislativo y la tarea reglamentaria de adaptar su actual gobernanza a la que se necesita. Lentas en el proceso de generar su primer programa de ordenamiento urbano y ambiental. Lentas en actualizar sus instrumentos y hacer realidad la planeación ciudadana. Muchos alcaldes siguen pensando como antes frente a fenómenos urbanos que no son atendibles con los modelos y los estilos de antes.

 

Vamos a Katowice, estamos todos convocados! Participar de estas discusiones es necesario si queremos seguir entendiendo el imparable proceso de la concentración de la población en las ciudades y no sucumbir en el intento. 

 

Gracias por seguir Hacer Ciudad!

 

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Municipio de Querétaro reduce a la mitad el tiempo para tramitar licencia de construcción

El Municipio de Querétaro obtuvo el Certificado de Ventanilla Especializada de Construcción (VECS) que le otorgó la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), por la simplificación de los trámites de autorización y terminación de obra de construcción.

De acuerdo con el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, esto contribuirá a la generación de empleos y desarrollo económico de la demarcación.

“Es bien importante entender el valor del dinero en el tiempo, y ese costo de oportunidad o ese costo financiero pues en algún lado repercute y tenemos que lograr reducir los tiempos, mejorar las condiciones sin sacrificar o poner en riesgo la calidad de vida, el cumplimiento de parte de quien desarrolle, quien construya, y sobre todo la calidad para que en Querétaro podamos vivir siempre mejor y que la inversión signifique desarrollo, crecimiento, que la inversión signifique generación de empleos”, señaló el Alcalde.

Ante representantes del ramo de la construcción, Luis Nava instruyó abrir ventanillas de atención en las distintas Cámaras o Colegios para acercarles la expedición de trámites y licencias, agilizar sus tiempos y ahorrar recursos, además de ofrecer un valor agregado a sus agremiados. También comentó la necesidad de trabajar juntos en un proyecto de Reglamento de la Construcción que permita avanzar en el Querétaro del futuro.

La Secretaria de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios Kuri, informó que con esta certificación se reduce hasta un 61 por ciento el tiempo para este trámite, pues de 5 trámites (Número oficial, Dictamen de Uso de Suelo, Alineamiento, Licencia de Construcción, y Terminación de Obra), se reduce a uno sólo y que puede completarse en tan sólo 7 días.

Al día de hoy solo tres municipios en el país cuentan con esta certificación y los requisitos para hacer uso de este beneficio son: que se trate de una obra nueva de uso comercial y habitacional, usos de suelo para giros de bajos riesgo, con un máximo de mil 500 metros cuadrados de terreno, un máximo de 25 números oficiales interiores y no aplica para unidades condominales.

En esta presentación estuvieron presentes: Luis Antonio Rangel Méndez, Secretario de Planeación y Participación Ciudadana de Gobierno del Estado; Viridiana Nava Rodríguez, Presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ); Marcela Ávila Eggleton, Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ; Hans Alfonso Frei Nieto, Presidente del Club de Industriales de Querétaro; así como representantes y presidentes de las distintas Cámaras y Colegios en materia de construcción del estado; funcionarios públicos e integrantes del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Querétaro.

 

Fuente: el queretano digital

Senado mexicano aprueba la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

Ciudad de México, 5 abr (EFE).- El Senado mexicano aprobó este martes la minuta con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que busca reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales.

Además, da prioridad al desplazamiento de personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad, en condiciones de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Con 102 votos a favor, el Pleno respaldó los cambios a los artículos 3, 5, 7, 31, 44, 48, 52 y 54, que realizó la Cámara de Diputados al proyecto que avaló el Senado, el pasado 14 de diciembre de 2021, por lo que el documento fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

De esta manera, se incluyó a «la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes» para el otorgamiento de permisos o autorizaciones de personas físicas o morales, para el servicio de transporte; así como a la Secretaría de Economía como integrante del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

El Sistema «propondrá las especificaciones técnicas del parque vehicular, en lugar de definirlas, y los distintos órganos de gobierno deberán evitar gravar los servicios de autotransporte federal, transporte privado y sus servicios auxiliares».

El Senado también aceptó la propuesta de la Cámara de Diputados para que las licencias que expidan las autoridades puedan ser impresas en material plástico o de forma digital.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial define la concurrencia entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial, así como los mecanismos para su debida coordinación.

Además, establece las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.

En la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado, destacó que la aprobación de la nueva Ley es el resultado del trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil.

Mercado indicó que la minuta que envío la Cámara de Diputados, con modificaciones y adiciones, abona a un marco jurídico para «resolver problemas» que viven «todos los días, las familias y las comunidades».

Recordó que los accidentes viales son la primera causa de muerte de infantes, niñas, niños y jóvenes. Además, abundó, es la segunda causa de fallecimientos de personas de 25 a 30 años.

Ante ello, dijo, se crea un marco jurídico para «no evitar el error humano, porque siempre va a existir», sino para «construir condiciones de tránsito, de regulación y lineamientos para que estas fallas no terminen con la vida de las personas».

 

Fuente: SWI swissinfo.ch – unidad empresarial de la sociedad suiza de radio y televisión SRG SSR

La Agenda 2030 y el país de las ilusiones

El pasado mes de noviembre, el gobierno federal publicó la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, que constituye una guía tropicalizada a nuestro contexto azteca, a efecto de cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ya famosos “ODS´s” delineados por ONU Hábitat, y ratificados por nuestro país en Quito, Ecuador en 2016.
Este documento compuesto de enunciados que postulan y perfilan tanto acciones como responsables para cristalizar antes del 2030 este nuevo escenario de economía incluyente, correcto aprovechamiento de recursos, y en términos sintéticos, modelar un mundo y un México donde “no se deje atrás a nadie” se sostiene en cuatro principios o premisas transversales que habrán de orientar los esfuerzos no solo del sector público sino de la iniciativa privada, con base en alianzas “multifactor” o más bien dicho, multisector.
Poner fin a la pobreza; acceso a la salud universal; garantizar educación de calidad, inclusiva y equitativa; afianzar la igualdad de género; practicar agricultura sostenible; garantizar la gestión sostenible del agua; construir infraestructuras resilientes e industrialización sostenible; combatir el cambio climático; producir energía asequible, fiable y sostenible, entre otros muchos subtemas que podrían sintetizarse en el concepto de economía circular.
Es de aplaudirse la emisión de esta guía y debemos asumirla con la mayor seriedad política y responsabilidad social. La Conago se ha expresado unánimemente en sentido de orientar los presupuestos estatales en la dirección de cada uno de estos objetivos; en sus tribunas el Congreso Federal y las legislaturas locales comienzan a intimar con los ODS´s y comienzan a darse, si bien aun tímidos, ajustes legales y reglamentarios en pro de favorecer estas estrategias. A nivel municipal, aprovechando la actualización de los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, se comienzan a insertar instrumentos y normas alineadas que tenderían a forzar al sector privado y social a gestionar y aprovechar el territorio con un sentido sostenible practicable. Pero vamos lento, muy lento.
La ejecución eficiente de esta agenda necesita de un liderazgo mas allá del juego partidista. El liderazgo en cada uno de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible lo debería asumir la sociedad para evitar que cada vez que se cambie de color o de trienio, de aquí al 2030, esta guía se pierda o se vuelva a comenzar ignorando los avances de las administraciones anteriores, como nos ha sucedido recientemente en Querétaro, al desestimar la Agenda Q500.
ONU Hábitat, quien nos ayudó a realizar este ejercicio llamado Q500 para perfilar los indicadores de prosperidad urbana que permitieran medir el avance de la agenda, en unos días realizará el Décimo Foro Mundial de Urbanismo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, cuya finalidad es dar un seguimiento al estado que guarda esta Agenda 2030 a nivel mundial con base en experiencias exitosas locales. Seguramente seremos sujetos de mención en este evento como ejemplo de un municipio, hoy potente ícono de desarrollo nacional que supo iniciar para luego abortar para después reiniciar.
Desde estas líneas nos permitimos hacer un llamado a todos los sectores a asumir que la Agenda 2030 no debe ser solo un elemento discursivo para envolver lo que se sigue haciendo como siempre; debemos atenderla por supervivencia, dejando a un lado el significado siempre exagerado de esta palabra. Para dejar así de vivir en el país de las ilusiones; en el México del “ya verán”, del “esta vez no les vamos a fallar” y pasar al país de “esta vez es neta”.

Urbanismo feminista

Puede parecer un concepto urbano oportunista, pero no lo es. El urbanismo con perspectiva de género propone el diseño de los espacios públicos sobre variables adicionales de reconocimiento a la necesidad de garantizar, entre otras, pero quizá la más importante, la seguridad de la mujer en el proceso de disfrutar y servirse de la ciudad; igualar condiciones de uso en mobiliarios, equipamientos y servicios, pero además realizarlos con la intención clara de favorecer a las usuarias en su comodidad, en su tranquilidad.
La ciudad no puede atentar en contra de nadie, su infraestructura debe estar limpia, en el sitio correcto, con la capacidad de carga suficiente y, entre otras cuestiones de uso óptimo, bien iluminada, especialmente en aquellas áreas de la metrópoli donde puntos oscuros sin alumbrado público se vuelven áreas de riesgo para todos, pero en especial para ellas, desde la simple incomodidad de percibir una amenaza latente.
De otra situación de riesgo similar se desarrollaron ideas como el taxi rosa, los vagones especiales solo para ellas en tranvías, metro o trenes de cercanías que, entre otros motivos, procuran que los viajes intraurbanos no sean escenario proclive a la ofensa verbal, los tocamientos, el hostigamiento sexista o, definitivamente, la comisión de un delito.
Sobre esta misma base de análisis, Sedatu promueve en programas federales la provisión de fondos para los “cuartos rosas”, que se adicionan a los pies de casa para agregar a la base de la estructura de una vivienda una habitación para las niñas, inhibiendo, es la idea, que el hacinamiento sea escenario de abusos y violencia sexual intrafamiliar.
Los temas inician desde la organización de las estructuras de decisión en temas urbanos hasta la configuración física tanto del espacio público como de las reglas constructivas para las edificaciones privadas con servicios al público.
Desde la selección del planeador, la perspectiva de género es un asunto nodal. La ciudad que considera el urbanismo feminista también debe garantizar que en los consejos de las instituciones de planeación, exista una paridad de género entre los participantes, tanto funcionarios como representantes de la iniciativa privada, y que se garantice que la opinión de las consejeras no resulte minimizada o condicionada.
En materia de reglas constructivas, algunas han sido sometidas a la polémica; discusiones ha habido y muchas habrá de haber sobre los baños únicos que ya en algunas ciudades americanas comienzan a aparecer. Un tema que cruza también por el debate del reconocimiento y garantías a la diversidad sexual, otro elemento de la ecuación en una ciudad con visión de perspectiva de género, que por sencillo o poco trascendental que pueda parecer, resulta importante en la concepción posmoderna de ciudades igualitarias. Ciudades igualitarias, que mediante instrumentos normativos construyen un eje transversal de perspectiva de género desde el diseño arquitectónico.
Mucho falta por aprender, instrumentar y normalizar.

Tome nota, ahora podría venderle luz a sus vecinos

En la sesión del pleno de la Comisión Reguladora de Energía (CER) del pasado 29 de noviembre, se aprobó uno de los acuerdos más esperados en el sector de la generación distribuida, que seguramente más interesará al público en general.
Empiezo por explicar qué es eso de la generación distribuida. Según el artículo 3 fracción 23 de la Ley de la Industria Eléctrica, es aquella que se realiza por un generador exento y que se realiza en una central eléctrica interconectada a un circuito de distribución con una alta concentración de centros de carga. En palabras de mortales, es la generación de energía eléctrica que se produce a partir de muchas pequeñas fuentes de generación. No obstante, sí destaco uno de los elementos de la definición de la ley y es el concepto del generador exento, que es aquel que no requiere contar con un permiso propio para generar esa energía. De acuerdo con nuestra legislación eléctrica nacional, son generadores exentos aquellos que tienen una generación menor a 0.5 MW.
Por si aún no queda claro, la generación distribuida está cada vez más difundida en nuestra vida diaria a través de la instalación de paneles solares en los techos de nuestras casas y edificios en general. Cada vez son más las empresas que ofrecen servicios para instalar paneles solares que se interconectan a la red y que de manera ordinaria reducen la cantidad a pagar en nuestros recibos de luz a través de un ejercicio matemático en el que se compensa la electricidad consumida frente a aquella inyectada a la red. Eso es en esencia la generación distribuida.
Lo interesante de la resolución de la CER, que se deriva de una propuesta que habría sido trabajada por el excomisionado Guillermo García Alcocer, es que ahora las instalaciones que generen su propia energía a través de paneles solares podrán comercializar sus excedentes a sus vecinos que compartan un mismo punto de interconexión.
Hasta ahora, lo único que podía hacerse con la generación distribuida era que la energía generada en estos cientos de techos se reintegraba a la red eléctrica sin que pudiera ser comercializada entre los usuarios de suministro básico, que somos los ciudadanos de a pie. Con esta nueva regulación, se permitirá asociar a diversos usuarios para que hagan uso de la energía eléctrica de las centrales de generación distribuida con las que compartan interconexión. Ello permitirá, en pocas palabras, que bajo ciertos criterios técnicos y con el uso de ciertas reglas, precios y contratos, las personas o empresas que, siendo generadores exentos (recordando, aquellos menores a 0.5 MW), generen más electricidad que la que consumen, podrán comercializarla a otros usuarios.
Estoy seguro de que la noticia de este acuerdo será muy bienvenida. Además, continúa contribuyendo al auge de la generación distribuida, que tiene entre otras bondades la de ser más eficiente al reducir la pérdida de energía que se produce cuando se tiene que transportar a través de largas distancias y que incentiva la explotación de fuentes renovables, como lo es la energía solar. Aún así, estamos pendientes de conocer el acuerdo final y definitivo que se publicará próximamente en el Diario Oficial de la Federación y que contendrá el acuerdo aprobado por la comisión e incluirá el modelo de contrato de la contraprestación colectiva. A reserva de que ello suceda, esta es una muy buena noticia para el sector eléctrico que resulta más cercano a las familias mexicanas.

Maizeando los CELs para la CFE

El pasado 28 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, que anteriormente habían sido publicados el 31 de octubre de 2014. Este acuerdo, si bien no ha causado revuelo en la opinión pública, ocupada ordinariamente con asuntos más cercanos a la vida cotidiana, ha dado de qué hablar en el sector energético.
Expliquemos un poco el antecedente: los Certificados de Energía Limpia (CEL) son un producto de la reforma del sector eléctrico. Son instrumentos de mercado con una doble intención: por un lado, incentivar la inversión en los proyectos de energía limpia necesarios para generar energía que atienda la demanda creciente del sector eléctrico; y en segundo lugar, como otra cara de la misma moneda, contribuir desde la perspectiva del medio ambiente con un sector eléctrico que se haga de fuentes de generación de energía eléctrica más limpias.
La introducción de los CEL al mercado eléctrico cierra su pinza con la meta nacional de generar el 35 por ciento de la energía del país a partir de fuentes limpias para el 2024, meta basada principalmente en un razonamiento ambiental, y con la obligación de los suministradores de proveer un porcentaje determinado de energía a partir de fuentes limpias. Los CEL se vuelven un elemento importante del mercado eléctrico, porque nacen en un mercado con una necesidad generada y con unos usuarios necesitados.
Hasta ahora, y sin ahondar en detalles excesivos, los CEL se generaban a razón de un certificado por cada MW de energía generada a partir de una fuente limpia. Sin embargo, estos certificados solo podían ser atribuidos a centrales eléctricas generadas a partir de la emisión de la Ley de la Industria Eléctrica, lo cual servía para incentivar el desarrollo de nuevas centrales de energía limpia, pues uno de los productos que se consideraban para el retorno de inversión de estas eran los CEL que se generarían y que, bajo una lógica de mercado, pueden comercializarse con precios regulados libremente por el mercado. Esto, a fin de cuentas, situaba el beneficio de los CEL como una atribución prácticamente exclusiva de las centrales eléctricas más nuevas y, claro está, limpias.
El acuerdo publicado por la Secretaría de Energía el pasado 28 de octubre cambia el escenario. Si bien el acuerdo podría parecer menor al simplemente modificar un párrafo existente en el acuerdo original del 31 de octubre de 2014, con el que se crearon las reglas para el otorgamiento de los CEL, sus efectos parecen ser considerablemente más amplios.
El acuerdo del 28 de octubre de este año autorizó que las centrales eléctricas legadas y limpias, es decir, aquellas anteriores a la creación de la Ley de la Industria Eléctrica en agosto de 2014, también puedan recibir certificados de energía limpia en la misma razón que las plantas más nuevas. Esto irremediablemente tiene un gran beneficiario: la Comisión Federal de Electricidad, que sigue siendo el actor preponderante en el mercado eléctrico, y que con mayor razón lo era antes del 2014, con sus centrales (hoy) consideradas legadas. Cabe decir que, si bien es cierto que no hay nada que impida que una central generadora particular e igualmente legada pueda también beneficiarse del nuevo otorgamiento de los CEL, estos en realidad serán los menos casos frente a la manera como se beneficiará la CFE.
Si bien a primera vista el acuerdo pudiera parecer inofensivo, son dos las grandes polémicas que acaba generando de manera paralela a la discusión de si esto terminará por desincentivar la inversión privada en el sector eléctrico:
Que representa una modificación imprevista a las reglas de un mercado eléctrico frágil, lo que de por sí ya es incómodo para los inversionistas que sienten que esto aumenta el clima de incertidumbre, y máxime cuando la modificación acaba por beneficiar al actor favorito desde el gobierno, como lo es la CFE.
Y segundo, que, desde una lógica de estricto mercado, hay una alta probabilidad de que esta medida redunde en una saturación y demanda excesiva de CEL.
Ojo, esto no significa necesariamente que se reducirá la inversión en plantas generadoras. Si bien los CEL eran un incentivo más para entrarle al negocio, lo cierto es que el meollo del asunto reside en la demanda creciente de energía eléctrica, que puede redituar interesantes retornos para los inversionistas, con independencia de los CEL. Quizá entonces lo que más duele es ver cómo de un dedazo se maizean las reglas para acabar por beneficiar a la CFE.

Sedatu otra vez tarde

Este miércoles se presentó a un reeditado Consejo Nacional el proyecto del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, instrumento que viene con retraso, más allá de los plazos que señala la legislación en materia de planeación, ante la severa crisis hídrica, de suelo urbano y conectividad que viven las urbes del país. Pareciera que Sedatu no arranca, más allá del programa de apoyo a 15 ciudades intermedias anunciado aun antes de la toma de protesta de AMLO y la infinidad de convenios que se firman a la semana con alcaldes para aplicar los más de 5 mil millones de pesos que el presidente asignó como consideró oportuno.
Y es que la implementación de la (ya no tan) Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (28/11/2016) va a paso de tortuga, mientras que en varias entidades federativas ya actualizaron su programa estatal y están trabajando en los municipales. Esto nos lleva a cuestionar qué va a suceder si existe incongruencia entre estos trabajos y el programa nacional que se libere hacia el mes de diciembre de este año.
Despierta la razonable suspicacia que algo no anda bien, la reciente renuncia del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Armando Rosales García, quien era hasta los últimos días de septiembre pieza clave del replanteamiento que intenta Meyer Falcón sobre la desvencijada Sedatu que heredó de Rosario Robles, hoy sujeta a proceso por la llamada “Estafa maestra”.
Y es que este programa que no es de mucho ‘rating’ noticioso, resulta ser uno de los de mayor importancia para el gasto público federal, pues es transversal a varios fondos federales de infraestructura, mejoramiento, planeación y fortalecimiento institucional. Sin parecerlo, el programa que apenas se encuentra en proyecto y que posiblemente no salga con el Presupuesto 2020, vendrá a ocasionar la modificación de las reglas de operación de algunos de estos fondos, entre ellos el famoso Fondo Metropolitano, y con ello, el modelo de manejo de recursos para los gobernadores y los alcaldes de las poblaciones superiores a 100 mil habitantes.
En pésimo momento le llega esta renuncia al más joven secretario del gabinete federal, cuando la percepción en el sector es que no se identifican ni los perfiles, ni las estrategias más allá del discurso.
Este programa tiene como fin consolidar la regionalización funcional del territorio. Apoyar a las entidades federativas y a los municipios en la conformación de un sistema regulatorio homogéneo del mundo inmobiliario y su interfase con el suelo rural periférico de las ciudades; asimismo tiene que sentar las bases para la construcción efectiva del anhelado Sistema Nacional de Información Urbana.
Su importancia es mayúscula para asimilar e imponer a los alcaldes conurbados la gobernanza metropolitana y con ello originar la transformación de los clásicos instrumentos de gestión y financiamiento de las ciudades.
Si bien el problema de recuperar la vivienda abandonada y atender los asentamientos irregulares es un reto que se ha fijado la 4T, no puede dejarse para despues el largo catálogo de otras importantes tareas que este tardío programa deberá institucionalizar, aunque la rentabilidad política no sea tan jugosa.