En la ciudad de Katowice en Polonia el próximo mes de junio (del 26 al 30) se llevará a cabo el World Urban Forum  ó WUF11. Será la undécima ocasión que, coordinado por el Secretariado UN Habitat para el Desarrollo Urbano y la Vivienda, se reuna el mundo a compartir los diagnósticos y las formas; las estrategias y el estatus de cumplimiento de sus compromisos urbanos y medioambientales, de acuerdo a las diversas convenciones internacionales que sobre estos temas se han firmado a lo largo de más de 60 años y, que constituyen una obligación administrativa, pero sobre todo política de cada Estado nacional; documentos de los que tu querido lector, estoy seguro, has escuchado hablar: LA NUEVA AGENDA URBANA y su derivada la ahora famosa AGENDA 2030. 

El 11vo. Foro Mundial de Urbanismo tendrá como sede esta interesante ciudad del este europeo, ejemplo de regeneración urbana después de un rudo pasado minero y metalúrgico. Durante cuatro días se realizará una revisión de los avances en la implementación de los más de 175 postulados que integran la Nueva Agenda Urbana, firmada por más de 170 países del orbe en el Habitat III evento de la mayor trascendencia sucedido en  Quito, Ecuador en 2016. Particularmente se analizará el grado de implementación que se ha logrado a nivel local sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como “ODS´s”.   

Este es un ejercicio al que puedo afirmar México llegará con una robusta muestra de obras públicas e intervenciones urbanas realizadas en cerca de cuarenta ciudades seleccionadas por SEDATU entre 2018 y 2022 donde se han ejercido más de 35 mil millones de pesos. Obras de todo tipo: remozamiento de plazas públicas; centros deportivos y recreativos en zonas deprimidas e inseguras; obras de drenaje y agua potable; ademe de riveras de ríos y drenes pluviales; electrificación, etcétera. Sin embargo, creo que llegaremos con un severo déficit en la implementación de la gobernanza urbana, elemento común al cumplimiento de muchos de los ODS´s; en lo particular, respecto de aquellos que persiguen el fortalecimiento de la vida democrática en las ciudades y la definitiva estructura para una eficiente participación ciudadana que reduzca el empoderamiento de los partidos y genere gobiernos profesionales, planeados y consecuentes.  

Y es que la gobernanza urbana, entendida como los acuerdos, reglas, leyes e incluso cortesías que deben cumplirse y prodigarse entre los gobiernos y sus ciudadanos en la urbe, resulta transversal para lograr objetivos aparentemente tan distantes como  la difícil tarea de llegar a un indicador de “Hambre Cero” (ODS No. 2);  se haga lo necesario para poner “Fin de la Pobreza”; se logre la realización de obras para garantizar “Energía Asequible y No Contaminante” (ODS No. 7) o bien, se atienda el No. 11 que persigue el nada sencillo objetivo de lograr “Ciudades y Comunidades Sostenibles”.

Institucionalizar es generar los organismos, los sistemas y los procedimientos que, mas allá de los colores que gobiernen o los gustos autocráticos de algunos políticos, garanticen  siempre que la comunidad regule su desarrollo; prosiga, prospere y se desenvuelva sin dejar a nadie atrás, con equidad, sin discriminación y donde el acceso a buena infraestructura sea parejo para todos.  Suena a utopías? si, no lo niego. Sin embargo sería terrible no tener norte en nuestra brújula urbanística. 

Muchas ciudades van muy lento. Lentísimo se podría afirmar, sobre todo en el ejercicio legislativo y la tarea reglamentaria de adaptar su actual gobernanza a la que se necesita. Lentas en el proceso de generar su primer programa de ordenamiento urbano y ambiental. Lentas en actualizar sus instrumentos y hacer realidad la planeación ciudadana. Muchos alcaldes siguen pensando como antes frente a fenómenos urbanos que no son atendibles con los modelos y los estilos de antes.

Vamos a Katowice, estamos todos convocados! Participar de estas discusiones es necesario si queremos seguir entendiendo el imparable proceso de la concentración de la población en las ciudades y no sucumbir en el intento. 

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Puede parecer un concepto urbano oportunista, pero no lo es. El urbanismo con perspectiva de género propone el diseño de los espacios públicos sobre variables adicionales de reconocimiento a la necesidad de garantizar, entre otras, pero quizá la más importante, la seguridad de la mujer en el proceso de disfrutar y servirse de la ciudad; igualar condiciones de uso en mobiliarios, equipamientos y servicios, pero además realizarlos con la intención clara de favorecer a las usuarias en su comodidad, en su tranquilidad.
La ciudad no puede atentar en contra de nadie, su infraestructura debe estar limpia, en el sitio correcto, con la capacidad de carga suficiente y, entre otras cuestiones de uso óptimo, bien iluminada, especialmente en aquellas áreas de la metrópoli donde puntos oscuros sin alumbrado público se vuelven áreas de riesgo para todos, pero en especial para ellas, desde la simple incomodidad de percibir una amenaza latente.
De otra situación de riesgo similar se desarrollaron ideas como el taxi rosa, los vagones especiales solo para ellas en tranvías, metro o trenes de cercanías que, entre otros motivos, procuran que los viajes intraurbanos no sean escenario proclive a la ofensa verbal, los tocamientos, el hostigamiento sexista o, definitivamente, la comisión de un delito.
Sobre esta misma base de análisis, Sedatu promueve en programas federales la provisión de fondos para los “cuartos rosas”, que se adicionan a los pies de casa para agregar a la base de la estructura de una vivienda una habitación para las niñas, inhibiendo, es la idea, que el hacinamiento sea escenario de abusos y violencia sexual intrafamiliar.
Los temas inician desde la organización de las estructuras de decisión en temas urbanos hasta la configuración física tanto del espacio público como de las reglas constructivas para las edificaciones privadas con servicios al público.
Desde la selección del planeador, la perspectiva de género es un asunto nodal. La ciudad que considera el urbanismo feminista también debe garantizar que en los consejos de las instituciones de planeación, exista una paridad de género entre los participantes, tanto funcionarios como representantes de la iniciativa privada, y que se garantice que la opinión de las consejeras no resulte minimizada o condicionada.
En materia de reglas constructivas, algunas han sido sometidas a la polémica; discusiones ha habido y muchas habrá de haber sobre los baños únicos que ya en algunas ciudades americanas comienzan a aparecer. Un tema que cruza también por el debate del reconocimiento y garantías a la diversidad sexual, otro elemento de la ecuación en una ciudad con visión de perspectiva de género, que por sencillo o poco trascendental que pueda parecer, resulta importante en la concepción posmoderna de ciudades igualitarias. Ciudades igualitarias, que mediante instrumentos normativos construyen un eje transversal de perspectiva de género desde el diseño arquitectónico.
Mucho falta por aprender, instrumentar y normalizar.

El pasado 28 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, que anteriormente habían sido publicados el 31 de octubre de 2014. Este acuerdo, si bien no ha causado revuelo en la opinión pública, ocupada ordinariamente con asuntos más cercanos a la vida cotidiana, ha dado de qué hablar en el sector energético.
Expliquemos un poco el antecedente: los Certificados de Energía Limpia (CEL) son un producto de la reforma del sector eléctrico. Son instrumentos de mercado con una doble intención: por un lado, incentivar la inversión en los proyectos de energía limpia necesarios para generar energía que atienda la demanda creciente del sector eléctrico; y en segundo lugar, como otra cara de la misma moneda, contribuir desde la perspectiva del medio ambiente con un sector eléctrico que se haga de fuentes de generación de energía eléctrica más limpias.
La introducción de los CEL al mercado eléctrico cierra su pinza con la meta nacional de generar el 35 por ciento de la energía del país a partir de fuentes limpias para el 2024, meta basada principalmente en un razonamiento ambiental, y con la obligación de los suministradores de proveer un porcentaje determinado de energía a partir de fuentes limpias. Los CEL se vuelven un elemento importante del mercado eléctrico, porque nacen en un mercado con una necesidad generada y con unos usuarios necesitados.
Hasta ahora, y sin ahondar en detalles excesivos, los CEL se generaban a razón de un certificado por cada MW de energía generada a partir de una fuente limpia. Sin embargo, estos certificados solo podían ser atribuidos a centrales eléctricas generadas a partir de la emisión de la Ley de la Industria Eléctrica, lo cual servía para incentivar el desarrollo de nuevas centrales de energía limpia, pues uno de los productos que se consideraban para el retorno de inversión de estas eran los CEL que se generarían y que, bajo una lógica de mercado, pueden comercializarse con precios regulados libremente por el mercado. Esto, a fin de cuentas, situaba el beneficio de los CEL como una atribución prácticamente exclusiva de las centrales eléctricas más nuevas y, claro está, limpias.
El acuerdo publicado por la Secretaría de Energía el pasado 28 de octubre cambia el escenario. Si bien el acuerdo podría parecer menor al simplemente modificar un párrafo existente en el acuerdo original del 31 de octubre de 2014, con el que se crearon las reglas para el otorgamiento de los CEL, sus efectos parecen ser considerablemente más amplios.
El acuerdo del 28 de octubre de este año autorizó que las centrales eléctricas legadas y limpias, es decir, aquellas anteriores a la creación de la Ley de la Industria Eléctrica en agosto de 2014, también puedan recibir certificados de energía limpia en la misma razón que las plantas más nuevas. Esto irremediablemente tiene un gran beneficiario: la Comisión Federal de Electricidad, que sigue siendo el actor preponderante en el mercado eléctrico, y que con mayor razón lo era antes del 2014, con sus centrales (hoy) consideradas legadas. Cabe decir que, si bien es cierto que no hay nada que impida que una central generadora particular e igualmente legada pueda también beneficiarse del nuevo otorgamiento de los CEL, estos en realidad serán los menos casos frente a la manera como se beneficiará la CFE.
Si bien a primera vista el acuerdo pudiera parecer inofensivo, son dos las grandes polémicas que acaba generando de manera paralela a la discusión de si esto terminará por desincentivar la inversión privada en el sector eléctrico:
Que representa una modificación imprevista a las reglas de un mercado eléctrico frágil, lo que de por sí ya es incómodo para los inversionistas que sienten que esto aumenta el clima de incertidumbre, y máxime cuando la modificación acaba por beneficiar al actor favorito desde el gobierno, como lo es la CFE.
Y segundo, que, desde una lógica de estricto mercado, hay una alta probabilidad de que esta medida redunde en una saturación y demanda excesiva de CEL.
Ojo, esto no significa necesariamente que se reducirá la inversión en plantas generadoras. Si bien los CEL eran un incentivo más para entrarle al negocio, lo cierto es que el meollo del asunto reside en la demanda creciente de energía eléctrica, que puede redituar interesantes retornos para los inversionistas, con independencia de los CEL. Quizá entonces lo que más duele es ver cómo de un dedazo se maizean las reglas para acabar por beneficiar a la CFE.