Sedatu otra vez tarde

Este miércoles se presentó a un reeditado Consejo Nacional el proyecto del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, instrumento que viene con retraso, más allá de los plazos que señala la legislación en materia de planeación, ante la severa crisis hídrica, de suelo urbano y conectividad que viven las urbes del país. Pareciera que Sedatu no arranca, más allá del programa de apoyo a 15 ciudades intermedias anunciado aun antes de la toma de protesta de AMLO y la infinidad de convenios que se firman a la semana con alcaldes para aplicar los más de 5 mil millones de pesos que el presidente asignó como consideró oportuno.
Y es que la implementación de la (ya no tan) Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (28/11/2016) va a paso de tortuga, mientras que en varias entidades federativas ya actualizaron su programa estatal y están trabajando en los municipales. Esto nos lleva a cuestionar qué va a suceder si existe incongruencia entre estos trabajos y el programa nacional que se libere hacia el mes de diciembre de este año.
Despierta la razonable suspicacia que algo no anda bien, la reciente renuncia del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Armando Rosales García, quien era hasta los últimos días de septiembre pieza clave del replanteamiento que intenta Meyer Falcón sobre la desvencijada Sedatu que heredó de Rosario Robles, hoy sujeta a proceso por la llamada “Estafa maestra”.
Y es que este programa que no es de mucho ‘rating’ noticioso, resulta ser uno de los de mayor importancia para el gasto público federal, pues es transversal a varios fondos federales de infraestructura, mejoramiento, planeación y fortalecimiento institucional. Sin parecerlo, el programa que apenas se encuentra en proyecto y que posiblemente no salga con el Presupuesto 2020, vendrá a ocasionar la modificación de las reglas de operación de algunos de estos fondos, entre ellos el famoso Fondo Metropolitano, y con ello, el modelo de manejo de recursos para los gobernadores y los alcaldes de las poblaciones superiores a 100 mil habitantes.
En pésimo momento le llega esta renuncia al más joven secretario del gabinete federal, cuando la percepción en el sector es que no se identifican ni los perfiles, ni las estrategias más allá del discurso.
Este programa tiene como fin consolidar la regionalización funcional del territorio. Apoyar a las entidades federativas y a los municipios en la conformación de un sistema regulatorio homogéneo del mundo inmobiliario y su interfase con el suelo rural periférico de las ciudades; asimismo tiene que sentar las bases para la construcción efectiva del anhelado Sistema Nacional de Información Urbana.
Su importancia es mayúscula para asimilar e imponer a los alcaldes conurbados la gobernanza metropolitana y con ello originar la transformación de los clásicos instrumentos de gestión y financiamiento de las ciudades.
Si bien el problema de recuperar la vivienda abandonada y atender los asentamientos irregulares es un reto que se ha fijado la 4T, no puede dejarse para despues el largo catálogo de otras importantes tareas que este tardío programa deberá institucionalizar, aunque la rentabilidad política no sea tan jugosa.

Peña Colorada

Durante muchos años, Peña Colorada ha estado en el ojo del huracán. Entre la ambición del desarrollo y su férrea defensa como un pulmón y última gran reserva ambiental de la ciudad, los jaloneos sobre el futuro de esta zona han sido objeto de la atención pública en más de una ocasión. Son muchos los intereses metidos en esta zona.
Sin embargo, pareciera que ahora se está muy cerca de finalmente lograr que a Peña Colorada se le dote de una protección ambiental a través del decreto de Área Natural Protegida. Como no estamos tan acostumbrados a ver, varias fuerzas y colores partidistas a nivel local se han unido para echar a andar ya el decreto. Sea cual sea la razón por la que les ha entrado el amor ambiental para defender esta zona, se aplaude.
Peña Colorada es vital para el futuro de la ciudad. Ubicada como un gran pulmón entre zonas de creciente desarrollo como Juriquilla, Santa Rosa Jáuregui, Chichimequillas, y desarrollos como Altozano o Zibatá, la zona que constituiría el núcleo de esta área es quizá uno de los últimos grandes resquicios de superficie vegetal e infiltración de la Zona Metropolitana.
Para quien no esté muy familiarizado con el tema, las Áreas Naturales Protegidas se crean, entre otros motivos, con la finalidad de preservar una zona que resulta valiosa desde la perspectiva ambiental, sea por su biodiversidad, sus recursos naturales y, por supuesto, por los servicios ambientales que prestan.
Este último concepto es quizá por el que Peña Colorada resulte más valiosa y por lo que es indispensable protegerla legalmente. Los servicios ambientales son, en pocas palabras, los beneficios que obtiene el hombre de los diversos ecosistemas.
Los hombres estamos inmersos en un contexto que conjunta diversos ecosistemas, los cuales se conforman por elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural y antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en que se desarrolla la vida.
Zonas como Peña Colorada resultan indispensables porque brindan servicios ambientales de alta relevancia, sobre todo en contextos que han sido altamente depredados por la actividad humana. Servicios como la infiltración de agua para el reabastecimiento de los mantos acuíferos, la regulación y el control de los escurrimientos pluviales para evitar inundaciones, la regulación climática o la captación de carbono son típicos de zonas vegetadas y compuestas de superficie permeable como Peña Colorada.
La insistencia con Peña Colorada no es un capricho para preservar un statu quo en el que ya no nos gusta el tráfico de la ciudad. Esta zona es mucho más que un pulmón, es también un área de regulación hidráulica y una tierra infiltrable en una selva de concreto.
Por eso, no basta la simple protección de Peña Colorada a través del programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Querétaro. Y si no lo creen, volteen a ver qué pasó con Jurica Poniente, un Área Natural Protegida de competencia municipal, y pregúntense cómo le fue en la administración municipal pasada. Se necesitan candados fuertes.
En Peña Colorada se juega el futuro de la razón de ser de nuestras áreas protegidas en Querétaro y, con ello, también una parte de nuestra calidad de vida.
Desde aquí, un reconocimiento a quienes están honestamente trabajando para que Peña Colorada acabe siendo un área natural protegida dentro de nuestra Zona Metropolitana.

Un Código Ambiental para Querétaro

Hace apenas un par de días, en una presentación conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable y miembros de la Legislatura del estado, se ha anunciado públicamente la iniciativa para la emisión de un Código Ambiental para el estado de Querétaro. Desde este espacio se aplaude y se reconoce dicha iniciativa.
Una de las complejidades que presenta la observancia y la aplicación del Derecho Ambiental en México, y dentro de la cual Querétaro no es una excepción, es la complejidad y multiplicidad de los diversos ordenamientos que contienen regulaciones ambientales; desde impacto ambiental, hasta biodiversidad, áreas naturales protegidas, o incluso residuos o cambio climático, pasando por el delicadísimo tema del agua, son variados y muchas veces desconocidos los múltiples ordenamientos que las autoridades tienen a su disposición para regular la interacción de las personas con el medio ambiente. Y desde luego, para procurar la protección y conservación del derecho a un medio ambiente sano.
El Código Ambiental, al menos en la motivación que ha formado parte de su anuncio, tiene como uno de sus grandes objetivos compilar toda esta legislación que a nivel local (entiéndase a través del gobierno del estado y los municipios) debe ser observada tanto por particulares como por autoridades.
Es por eso que se reconoce como una iniciativa loable y que le viene muy bien al estado.
Ahora bien, y a reserva de conocer el texto de la iniciativa, podría ser valioso que se tomaran en cuenta algunas consideraciones al momento de valorar esta iniciativa en el seno de la Legislatura.
Primero, la base de cualquier ordenamiento ambiental, y en este caso el Código, debe ser garantizar y proteger el derecho humano a un medio ambiente sano. De hecho, si bien los ordenamientos ambientales suelen expresarse a través de regulaciones restrictivas que imponen precautoriamente una serie de deberes a gobernantes y gobernados, debe entenderse que ninguno de estos tiene sentido si no es con el fin de proteger un medio ambiente sano y garantizar la sostenibilidad.
Segundo, es importante abandonar los clichés. Me refiero a que hay espacio para la innovación. Tanto para regular temas que no han sido típicamente regulados, pero que en una perspectiva ambiental pueden tener un efecto importantísimo (como sería abordar criterios y regulaciones de eficiencia energética), como para entrarle de lleno a temas más controversiales pero necesarios, como lo son los mercados ambientales, las regulaciones impositivas, mecanismos de compensación, o restricciones a la luz de los riesgos climáticos producidos por el cambio climático. Piénsese en ejemplos como el ‘cap-and-trade’ o los ‘carbon tax’, que si bien en México están más bien circunscritos al ámbito federal, son modelos de política pública muy poco explorados en nuestra regulación ambiental. Aplaudo la consideración de incluir compensaciones para los propietarios de los inmuebles que a través de áreas naturales protegidas prestan servicios ambientales; el esquema de expropiación indirecta en el que típicamente se ha hecho la gestión de estas áreas en México podía plantearse injusto, y con esta iniciativa podría encontrarse un equilibrio adecuado.
Tercero, una vez que logre aprobarse la iniciativa del Código, será importante que se mantenga el entusiasmo para hacer foros de distribución en los que se acabe dando a conocer a la ciudadanía (y desde luego a las autoridades) el contenido de sus nuevas disposiciones. El éxito de la gestión ambiental no pasa solamente por tener normas adecuadas, sino por garantizar su ‘enforcement’, y ello requiere que tanto los gobernantes cumplan con las normas como que las autoridades las apliquen y persigan su incumplimiento.
Ya habrá ocasión de hablar con más detalle del Código una vez que sea discutido y posiblemente aprobado. Hasta entonces, se reconoce la iniciativa y se anima a entrarle al tema de lleno.

Fuente: CódigoQro

Freno de mano

Las cifras macroeconómicas son regularmente inadvertidas hasta que nos tocan la cartera. Por lo general ponemos atención al precio del dólar o la gasolina, y nada más. De vez en cuando nos escandalizan subidas de precios, como el reciente caso del aguacate, o nos alarma el desabasto de algún medicamento. Son pequeños ciclos que se corrigen, se olvidan o se modifican sin que podamos participar de manera directa. Sin embargo, la etapa recesiva en que ha entrado el país, y Querétaro, aunque nos defendamos más que otras entidades, resulta preocupante.
No es necesario formar parte de los selectos círculos financieros para sentir el freno de mano que activó la 4T sobre la economía. La Zona Metropolitana de la ciudad de Querétaro ya siente la desaceleración, la falta de dinero en la calle, el comienzo de un efecto dominó de moratorias a todas las escalas. Siendo el sector inmobiliario un motor que significa cerca del 35% de nuestra economía, esta alarma que ha comenzado a sonar, se escucha estridente y aterradora, pues no la percibíamos desde hace casi dos décadas.
En el contexto del mercado inmobiliario, que es uno de los ejes económicos de la región junto con los clústeres aeroespacial y automotriz, hay cifras preocupantes: más de 6 mil departamentos en venta (ya desarrollados o próximos a terminarse) que se mueven como derrapando en jalea, frente a una disminución de casi 17% en la venta de casa habitación nueva y 23% en la vivienda usada, donde solo se movieron mil 160 viviendas en el primer cuatrimestre, según ha circulado en un reporte de Conavi, del que han hecho eco las principales agencias especializadas.
No es difícil llegar a la conclusión de que será un segundo semestre sumamente complicado, pues frente a la imperiosa necesidad de desplazar ese inventario, está la falta de circulante y la incertidumbre a la que el jefe del Ejecutivo somete al país en cada mañanera.
Por otra parte, aunque resulte polémico para algunos agentes del sector, es de aceptarse que hay una burbuja de precios ya con un dedo índice peligrosamente cerca de su membrana, próxima a reventar. Hay indicios que señalan que los inmuebles en Querétaro están 30% por encima de sus valores reales en ciertos segmentos y quizá más en otros, lo que también comienza a alejar un mercado que había permanecido fiel a la región por más de 10 años continuos, prefiriéndonos por encima de Cuernavaca, Puebla y Aguascalientes, incluso. Por otro lado, son ya casi cuatro años que no se construye una vivienda de interés social y se podría intuir que ese segmento pronto podría comenzar a ejercer presión, con nuevos asentamientos irregulares. Todo un coctel molotov.
El reciente anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del secretario Herrera pareciera una bocanada de aire, sin duda. Mientras que para otras zonas del país significará el primer tirón de máquina en años, para Querétaro es la oportunidad para no perder el paso. Muchos son los ajustes que deben realizarse a la política de vivienda e infraestructura para aprovechar estas licitaciones anticipadas, pero son más las que deben hacerse desde el proyecto presupuestal para el año 2020, momento de hacer inversiones productivas y mantener en curso la economía local, en mucho basada tan solo en la expansión urbana; un error de cálculo que hoy tiene a muchos desarrolladores con el clóset lleno de tierra y las cuentas, de telarañas.

*Socio director en Ballesteros y Mureddu, S.C., licenciado en Derecho por la UAQ, y maestro en Arquitectura y Nuevo Urbanismo por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro.

Fuente: Código Qro

¿Qué es eso del Código de Red?

Desde hace un par de meses se empiezan a escuchar con más frecuencia –particularmente en los círculos industriales e inmobiliarios– comentarios acerca de un mentado Código de Red. Si usted ya había escuchado este término, espero que la publicación de esta semana le brinde elementos adicionales para acabar de comprender de qué se trata. Si, en cambio, es la primera vez que lo escucha, confío en que le resulte de utilidad para darse cuenta de si es algo que debe ocuparle o no.
El Código de Red es una regulación técnica emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el marco del sistema eléctrico nacional, con el fin de garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad, y sustentabilidad del sistema desde una perspectiva particularmente técnica.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación desde abril de 2016 mediante la resolución RES/151/2016 de la CRE, el Código de Red entró en vigor tres años después, es decir, el 8 de abril de este año. Lo que quiere decir, en pocas palabras, que quienes están obligados a cumplirlo, tuvieron tres años para prepararse para su implementación, debiendo ahora acreditar su cumplimiento, o, en su caso, ponerse a trabajar si es que no han comenzado.
Pero ahora, una de las preguntas esenciales: ¿a quién aplican estas disposiciones? La respuesta es relativamente sencilla, aunque con una implicación interesantísima: aplican a los centros de carga conectados a media y alta tensión. En tal medida, tiene como destinatarios por excelencia al sector industrial del país y a otros giros, como lo podrían ser centros comerciales y hospitales, entre otros. Desafortunadamente, muchos de los miembros de estos sectores en el mejor de los casos apenas saben que estas regulaciones existen.
Tratándose de una regulación eminentemente técnica, el cumplimiento del Código de Red requiere de un esfuerzo relevante que necesitará de la participación de expertos cualificados en la materia eléctrica. Si bien puede parecer de buenas a primeras una carga u obligación pesada para sus sujetos obligados, su cumplimiento es indispensable para procurar el debido funcionamiento de nuestro sistema eléctrico, y su cumplimiento evitará además sanciones considerables que pueden poner en riesgo la propia supervivencia de un negocio. Con multas que parten desde el aproximado de los 5 millones de pesos, y que en casos extremos y reiterados pueden acabar hasta en la desconexión de las instalaciones incumplidas, cumplir con el Código de Red debe tornarse en una prioridad para quien funciona con centros de carga de media y alta tensión.
Manifestado en planes de trabajo de los que puede derivarse la necesidad de llevar a cabo inversiones de modernización y reforzamiento, y que deben centrarse en aspectos tales como el balance en la tensión y la frecuencia, los cortocircuitos, los factores de potencia, la coordinación de protecciones dentro de la infraestructura eléctrica y la calidad de la energía, el cumplimiento del Código de Red es indispensable para la modernización de la operación de nuestro sistema eléctrico, al tiempo que abona para el beneficio colectivo de una red eléctrica cada vez más segura, eficiente y sustentable.
El Código de Red parte de un principio de corresponsabilidad de los miembros de la red eléctrica. La red es una, es única y es compartida. Quienes participan de ella deben procurar su propio cuidado, su balance y su seguridad. Por ello es importante el Código de Red.
Ahora que ya sabe qué es eso del Código de Red, plantéese: ¿es algo importante o no para su empresa?

*El autor es maestro en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, y socio en Ballesteros y Mureddu, S.C.

Fuente: Código Qro

Hablemos de ‘cap-and-trade’

Por Manuel Mureddu González

Hace un par de semanas escribía sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y sobre los enormes retos que en este tema se avecinan a nivel nacional e internacional. No obstante, muy probablemente el principal reto al que nos enfrentamos es el del cambio climático, un tema inagotable al que podríamos destinar decenas de páginas.

Sin embargo, en esta ocasión quiero concentrarme en atraer la atención del lector en uno de dos interesantes modelos que han sido utilizados a lo largo de la geografía mundial para apostar a la reducción de las emisiones de carbono: el modelo de mercado conocido como cap-and-trade, que no es otra cosa que un sistema de comercio de emisiones. Más adelante hablaremos de un modelo de gravamen conocido como carbon tax, o impuesto al carbono.

El modelo de cap-and-trade, con exponentes funcionando en Europa y California, es un modelo basado en mecanismos de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (y en particular de carbono), permitiendo a los participantes del mercado hacerlo de la manera más flexible y rentable posible.

En esencia, lo que hace es plantear desde el gobierno un límite general a las emisiones de carbono dentro de un cierto territorio, distribuir los derechos de dichas emisiones entre los diversos participantes del mercado e instituir un mercado formal dentro del cual los tenedores de estos derechos podrán comercializarlos. Este modelo tiene diversos elementos que lo hacen atractivo para constituirlo como una política ambiental: primero, que de manera objetiva plantea una meta de reducción de emisiones; todo el sistema gira alrededor de un límite que debe ser cumplido y disminuido de manera progresiva. Y segundo, que brinda a los participantes incentivos y flexibilidad para apostar a la reducción de emisiones.

Aquellos para quienes resulta menos costoso reducir sus emisiones, tienen razones para hacerlo y comercializar sus derechos. Y entonces aquellos a quienes resulta más costoso hacerlo, pueden aprovechar el modelo de mercado para adquirir estos derechos de otros que no han tenido que usarlos al poder reducir sus emisiones. El modelo pretende brindar un cierto equilibrio y puede ser una solución efectiva al problema de los comunes, que es típico de las afectaciones medioambientales.

Sin embargo, una de las claves del éxito de este modelo es la capacidad efectiva de monitorear la exclusividad de las emisiones dentro del contexto del mercado. Esta es una labor que requiere una implementación seria de tecnología, y una importante fuerza del Estado para hacer cumplir las reglas del modelo.

Si bien estos párrafos apenas sirven como una brevísima introducción al modelo, es importante traerlas a la atención del lector pues el cap-and-trade será pronto una realidad en México. En diciembre de 2017 se reformó el artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático para convertir al sistema de comercio de emisiones en un mecanismo de participación obligatoria para ciertos sectores, y en julio de 2018 se establecieron las reglas transitorias sobre las cuales debe prepararse la entrada en vigor de este modelo, incluida la creación de un programa de prueba, y la obligación de emitir las bases preliminares sobre las que eventualmente habrá de funcionar este modelo de manera oficial.

Hablar del sistema de comercio de emisiones pronto tendrá que pasar a formar parte del léxico cotidiano de quienes se dedican a la política, al cumplimiento y a la regulación ambiental en México.

Día Mundial del Medio Ambiente: ¿algo que celebrar?

Por Manuel Mureddu González

Desde 1972 el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. La fecha no es casual, sino que tiene su origen en el día en que dieron inicio los trabajos de la Conferencia de Estocolmo, de la cual derivó la Declaración de Estocolmo, el primer gran instrumento que, en el marco de las Naciones Unidas, establecería una serie de principios generales dirigidos a la preservación del medio ambiente y la planeación de la sustentabilidad.
Sin embargo, más allá de una linda efeméride, ¿hay razones para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente?, ¿o más bien deberíamos extremar nuestra preocupación?

Para bien o para mal, la preservación ambiental siempre termina siendo un tema directamente vinculado al desarrollo de una serie de políticas públicas: la política y la gestión ambiental. Y en un planeta globalizado, pero, sobre todo, irrestricto por cuanto ve a las inexistentes fronteras de los fenómenos naturales y sus efectos, esta política ambiental termina por tener una resonancia global.

Así, a nivel global, el panorama ambiental no es positivo, por no llamarlo desolador. Cada año se rompen récords de temperaturas registradas tendientes al alza. El Acuerdo de París de 2016 se planteó un gran objetivo: mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los
2º C respecto de los niveles preindustriales, planteando objetivos específicos para las diversas contribuciones nacionales en la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Y ello tiene una razón de ser: después de esos 2º C, aunque no hay consenso científico de cuál será el efecto real, una cosa es segura: no será positivo. Tristemente, se estima que será peor para los países menos desarrollados, que irónicamente suelen estar en el grupo de aquellos con menores contribuciones de GEI.

A nivel nacional la cosa no es particularmente mejor. Después de un esfuerzo loable para perfilar el sector energético del país a un esquema de sustentabilidad, en parte soportado por la reforma energética, y la emisión de leyes como la de Transición Energética, o la de Cambio Climático, esta administración ha dado pasos que podrían minar el éxito de algunos mecanismos que nacieron de la reforma, particularmente, las subastas de energía, que en su funcionamiento son ideales para incentivar el desarrollo de proyectos de energías renovables.

Y existen además otros escenarios que dejan mucho que desear: la refinería de Dos Bocas comenzó su ejecución sin siquiera contar con una evaluación del impacto ambiental; para el aeropuerto de Santa Lucía se inventó la falta de necesidad para gestionar estas autorizaciones; y el Tren Maya terminará por fraccionar de manera práctica una de las áreas con mayor biodiversidad del país. Todo, además, para encima apostar de nueva cuenta a la industria de hidrocarburos, una de las principales contribuyentes al cambio climático, con el fortalecimiento de las actividades de refinación del país, abandonando la tendencia global de los renovables para volver la mirada a una forma más sucia para generar energía y brindar satisfactores.

El escenario, insisto, dista mucho de ser festejable. No obstante, la lucha por la política ambiental sustentable nunca ha sido fácil. No faltan los esfuerzos loables que deberán ser punta de lanza de un espíritu de preservación que trasciende fronteras. Por lo pronto, próximamente hablaremos del sistema de comercio de emisiones, también conocido como ‘cap and trade’, que, si todo marcha bien, relativamente pronto debería comenzar a funcionar en México como resultado de la Ley General de Cambio Climático. Ya hablaremos de ello.

*El autor es maestro en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, y socio en Ballesteros y Mureddu, S.C.

Fuente: CódigoQro

Una ciudad en permanente conflicto

El conflicto es en esencia un choque de intereses, un episodio donde dos o más posiciones se enfrentan hasta que una vence o entre ellas construyen un acuerdo. La ciudad de Querétaro vive en conflicto. En conflicto vial por saturación y falta de alternativas de transporte y trayectorias; en conflicto de agua por sobreextracción, venta de futuros sin inversión presente, falta de saneamiento y reúso. En conflicto social en cada condominio y colonia debido a una precaria cultura de convivencia y solidaridad, pues nos falta educación cívica y pareciera que quien alguna vez la tuvo, está pensando olvidarla. En conflicto de suelos porque unos cuantos se hicieron con el control de miles de hectáreas periurbanas y quieren que el desarrollo y la obra pública se las habilite con agua, calle y energía; provocando además una burbuja inmobiliaria por sobreprecios sin fundamento. ¿Ejidos ahora sin suelo de ejidatarios fifís? Se podría parafrasear al presidente.
Entre un 30 y un 35 por ciento de esta ciudad está vacía ya urbanizada. Nos expandimos ahora hacia Colón y al parecer repetiremos allá el modelo Zibatá. Espero equivocarme, pero lo estaríamos haciendo sembrando los mismos elementos de conflicto, pues no hay un programa integrado de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, al menos no publicitado, y no pareciera haber una planeación fiscal para el sostenimiento de este nuevo polo de desarrollo. ¿Pudiéramos estar condenando a ese municipio a vivir en permanente conflicto para garantizar servicios públicos, cuando los primeros vendedores ya se hayan ido?
Vive en conflicto porque falta un andamiaje de reglas urbanísticas claras, reglas metropolitanas para que no sea una babel la gestión urbana de esta ciudad. Acusamos la ausencia de reglamentos e instituciones, lo que provoca corrupción, abusos y la desfiguración del valor preponderante. Atestiguamos una confrontación constante entre el capricho inmobiliario y la sensatez de lo posible.
Vivimos escenarios de conflicto sin estructura, sin objetivos; un escenario de displicencia técnica, frivolidad urbana y ausencia de visión común. Frivolidad que pasará factura si no actuamos pronto con una visión común. Frivolidad que se traduce en el desdén a la lógica del crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable en la persecución de cualquier negocio inmobiliario a toda costa. Un conflicto cuya base está, no en la fuerza de las presiones inmobiliarias frente a la escasez del insumo suelo, sino en el profundo desprecio que tenemos por la planeación y las ciencias aplicadas a la ciudad. ¿Quién quiere planear si a Querétaro le va tan bien?
Para atender cualquier conflicto se debe trazar una estrategia, se deben procurar acciones y objetivos; se debe estructurar la forma de evaluar las alternativas de solución y después actuar en consecuencia con las ciencias como soporte. No tenemos donde realizar ese diálogo entre conflictuados. Necesitamos con urgencia un centro dónde negociar el futuro metropolitano; un punto de encuentro entre las partes; una mesa dónde ponderar lo más conveniente para todos; un cerebro que atenúe la natural brutalidad que llega a mostrar con frecuencia el mercado. Una institución pública que mire por el interés público en la ciudad, más allá de los individuos. Más allá del que tiene la razón pero ahora lo que quiere es vengar las miles de veces que se ha sentido ignorado.
Necesitamos un Instituto de Planeación Urbana dónde llegar a acuerdos.
Fuente: CódigoQro

Volvió la operatividad a la CRE… ¿Y ahora?

Finalmente, como se anticipaba, el presidente López Obrador acabó ejerciendo sus facultades en términos del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y nombró de manera directa a los cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Por un lado, la noticia tiene un factor positivo: por fin la CRE podrá volver a sesionar de manera operativa y funcional. Por el otro, todo parece indicar que estos cuatro nuevos comisionados son afines de manera casi predeterminada al presidente, a su partido y a su visión de políticas públicas en materia energética. Eso, en un organismo regulador en el que debe imperar la imparcialidad propia de un árbitro, podría llegar a ser desestabilizador y sesgado. Solo podrá comprobarse con el tiempo.
Ahora, el sector energético aún tiene muchos más temas de los que preocuparse y por resolver. El apagón en la península de Yucatán en días pasados es solo un tema crítico de la agenda energética, y lo es por dos motivos: primero, porque viene justo como efecto de una disminución en el suministro de gas natural a la península, que genera su energía eléctrica en sitio, debido a su falta de conectividad de infraestructura; y segundo, porque bajo las condiciones actuales podría volver a suceder en mayor escala y en más lugares.

Existen dos regiones del país aisladas en sus redes eléctricas de transmisión: la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, y Baja California. Entre ellas, el istmo tiene la característica de ser una de las zonas con mayor potencial de energía eólica en el mundo. Esta región, y en general el país, se habría visto beneficiada con la línea de transmisión cuya licitación fue cancelada a finales de enero. Este proyecto habría integrado al Sistema Eléctrico Nacional una enorme cantidad de energía proveniente de fuentes renovables. Su cancelación deja fuera de juego el desarrollo de estos proyectos eólicos y sigue aislando a la península de Yucatán en su dependencia del gas natural. Si el flujo de este gas disminuye, es de esperar que vuelvan los apagones en la península. Es ahí donde vuelve a tener sentido la transición energética.

El tema, al fin, es que el riesgo de los apagones está latente, sobre todo en estas regiones aisladas, y mientras las políticas públicas energéticas del país sigan siendo frágiles y el contexto de la transición energética incierto, el escenario no parece poder mejorar.
El modelo de la transición energética aprobado en el sexenio pasado puede no ser perfecto, pero era una base indispensable y genuinamente confiable para el desarrollo del sector energético del país. En un contexto en el que el país requiere inmensas inversiones en las redes de transmisión eléctrica, el desarrollo de estos proyectos no debe detenerse, ni sujetarse de manera exclusiva a la inversión estatal que, francamente, no alcanzará para satisfacer la necesidad real del país.
El desarrollo de proyectos eólicos y solares, junto con las respectivas líneas de transmisión, es indispensable para inyectar al sistema enormes cantidades de energía limpia, pero, sobre todo, para conectar las zonas del país con mayor vulnerabilidad debido a su aislamiento en materia de infraestructura. Evitar episodios como el de la semana pasada en Yucatán no debiera ser una labor titánica del Estado, sino fruto de una debida proyección de las políticas públicas del sector. La transición energética no debe tratarse como un binomio vocal de moda, sino como una necesidad para el desarrollo seguro y sustentable del país.

 

Fuente: CódigoQro

EL TREN MAYA Y SUS IMPLICACIONES ECOLÓGICAS

El proyecto del Tren Maya representa el estandarte del nuevo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el cual supone una importante inversión que se estima traerá consigo un impulso económico y político trascendental para la tan marginada frontera sur del país a través de 1525 km de vías férreas, de los cuales 723 km ya están construidas.
Sin embargo, el proceso ha sido una constante de acciones aventuradas e irresponsables por parte de la Administración Federal y de las casi imperceptibles reacciones de la nueva titular de Semarnat, la Lic. Josefa González Blanco, respecto de las múltiples manifestaciones del medio ecologista.
De esta manera, el pasado 16 de diciembre se colocó la primera piedra del proyecto, el cual se divide en diversos tramos de ejecución. La primera etapa de trabajos consiste en la rehabilitación, compactación y mantenimiento de las vías de tren que ya se encuentran construidas desde Palenque hasta Izamal, obras que conforme al comunicado de Semarnat, si bien pudieran causar un efecto negativo en el ambiente, no son materia de evaluación del impacto ambiental, recalcando que los aproximadamente 802 km de vías restantes si deberán contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente.
El comunicado de la nueva titular de la Semarnat, resulta tan inexacto a la dinámica del desarrollo de los ecosistemas, como irresponsable en su gestión administrativa. Así, los impactos ambientales deben medirse y autorizarse, atendiendo siempre a los principios de prevención y precaución ambiental, a la evolución o decremento de los servicios ambientales que preste la zona, pero también a las nuevas condiciones que se generen a raíz de las conclusiones o descubrimientos de la ciencia, por tanto la valoración y manipulación de un suelo debe siempre constreñirse a las características actuales del lugar.
En este sentido, López Obrador y su equipo han proyectado la ejecución de una obra de la cual ni siquiera han evaluado adecuadamente las repercusiones y detrimentos que puede sufrir la zona, no se han pronunciado en cuanto a las condiciones del subsuelo, las vibraciones, la forma en la que lesionaran un hábitat tan rica en cuanto a flora y fauna y la forma en que mitigarán los daños, incluso sin siquiera haber gestionado formalmente una autorización de impacto ambiental, que pudiera disipar todas las opiniones encontradas y legitimar una decisión tan polémica. Como es de costumbre en todo el país, se mantiene la tradición de proyectar obras públicas con efecto electoral, sin analizar el fondo y las consecuencias.
Así, resulta trascendente gestionar y obtener la autorización de impacto ambiental previo al inicio de los trabajos, no solo de la infraestructura que está por construirse, sino también de las ya construidas, pues esas vías se desarrollaron desconociéndose muchos elementos que al día de hoy se han descubierto.
Este procedimiento debe realizarse con responsabilidad, pero sobre todo con transparencia, mediante un procedimiento abierto de participación ciudadana, anteponiéndolo a intereses de tipo político, pues no debemos observarlo únicamente desde el aspecto económico, sino como una decisión que definirá las líneas de acción que en materia de sustentabilidad ambiental va a privilegiar el nuevo gobierno.

 

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