Hablemos de ‘cap-and-trade’

Por Manuel Mureddu González

Hace un par de semanas escribía sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y sobre los enormes retos que en este tema se avecinan a nivel nacional e internacional. No obstante, muy probablemente el principal reto al que nos enfrentamos es el del cambio climático, un tema inagotable al que podríamos destinar decenas de páginas.

Sin embargo, en esta ocasión quiero concentrarme en atraer la atención del lector en uno de dos interesantes modelos que han sido utilizados a lo largo de la geografía mundial para apostar a la reducción de las emisiones de carbono: el modelo de mercado conocido como cap-and-trade, que no es otra cosa que un sistema de comercio de emisiones. Más adelante hablaremos de un modelo de gravamen conocido como carbon tax, o impuesto al carbono.

El modelo de cap-and-trade, con exponentes funcionando en Europa y California, es un modelo basado en mecanismos de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (y en particular de carbono), permitiendo a los participantes del mercado hacerlo de la manera más flexible y rentable posible.

En esencia, lo que hace es plantear desde el gobierno un límite general a las emisiones de carbono dentro de un cierto territorio, distribuir los derechos de dichas emisiones entre los diversos participantes del mercado e instituir un mercado formal dentro del cual los tenedores de estos derechos podrán comercializarlos. Este modelo tiene diversos elementos que lo hacen atractivo para constituirlo como una política ambiental: primero, que de manera objetiva plantea una meta de reducción de emisiones; todo el sistema gira alrededor de un límite que debe ser cumplido y disminuido de manera progresiva. Y segundo, que brinda a los participantes incentivos y flexibilidad para apostar a la reducción de emisiones.

Aquellos para quienes resulta menos costoso reducir sus emisiones, tienen razones para hacerlo y comercializar sus derechos. Y entonces aquellos a quienes resulta más costoso hacerlo, pueden aprovechar el modelo de mercado para adquirir estos derechos de otros que no han tenido que usarlos al poder reducir sus emisiones. El modelo pretende brindar un cierto equilibrio y puede ser una solución efectiva al problema de los comunes, que es típico de las afectaciones medioambientales.

Sin embargo, una de las claves del éxito de este modelo es la capacidad efectiva de monitorear la exclusividad de las emisiones dentro del contexto del mercado. Esta es una labor que requiere una implementación seria de tecnología, y una importante fuerza del Estado para hacer cumplir las reglas del modelo.

Si bien estos párrafos apenas sirven como una brevísima introducción al modelo, es importante traerlas a la atención del lector pues el cap-and-trade será pronto una realidad en México. En diciembre de 2017 se reformó el artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático para convertir al sistema de comercio de emisiones en un mecanismo de participación obligatoria para ciertos sectores, y en julio de 2018 se establecieron las reglas transitorias sobre las cuales debe prepararse la entrada en vigor de este modelo, incluida la creación de un programa de prueba, y la obligación de emitir las bases preliminares sobre las que eventualmente habrá de funcionar este modelo de manera oficial.

Hablar del sistema de comercio de emisiones pronto tendrá que pasar a formar parte del léxico cotidiano de quienes se dedican a la política, al cumplimiento y a la regulación ambiental en México.

Día Mundial del Medio Ambiente: ¿algo que celebrar?

Por Manuel Mureddu González

Desde 1972 el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. La fecha no es casual, sino que tiene su origen en el día en que dieron inicio los trabajos de la Conferencia de Estocolmo, de la cual derivó la Declaración de Estocolmo, el primer gran instrumento que, en el marco de las Naciones Unidas, establecería una serie de principios generales dirigidos a la preservación del medio ambiente y la planeación de la sustentabilidad.
Sin embargo, más allá de una linda efeméride, ¿hay razones para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente?, ¿o más bien deberíamos extremar nuestra preocupación?

Para bien o para mal, la preservación ambiental siempre termina siendo un tema directamente vinculado al desarrollo de una serie de políticas públicas: la política y la gestión ambiental. Y en un planeta globalizado, pero, sobre todo, irrestricto por cuanto ve a las inexistentes fronteras de los fenómenos naturales y sus efectos, esta política ambiental termina por tener una resonancia global.

Así, a nivel global, el panorama ambiental no es positivo, por no llamarlo desolador. Cada año se rompen récords de temperaturas registradas tendientes al alza. El Acuerdo de París de 2016 se planteó un gran objetivo: mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los
2º C respecto de los niveles preindustriales, planteando objetivos específicos para las diversas contribuciones nacionales en la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Y ello tiene una razón de ser: después de esos 2º C, aunque no hay consenso científico de cuál será el efecto real, una cosa es segura: no será positivo. Tristemente, se estima que será peor para los países menos desarrollados, que irónicamente suelen estar en el grupo de aquellos con menores contribuciones de GEI.

A nivel nacional la cosa no es particularmente mejor. Después de un esfuerzo loable para perfilar el sector energético del país a un esquema de sustentabilidad, en parte soportado por la reforma energética, y la emisión de leyes como la de Transición Energética, o la de Cambio Climático, esta administración ha dado pasos que podrían minar el éxito de algunos mecanismos que nacieron de la reforma, particularmente, las subastas de energía, que en su funcionamiento son ideales para incentivar el desarrollo de proyectos de energías renovables.

Y existen además otros escenarios que dejan mucho que desear: la refinería de Dos Bocas comenzó su ejecución sin siquiera contar con una evaluación del impacto ambiental; para el aeropuerto de Santa Lucía se inventó la falta de necesidad para gestionar estas autorizaciones; y el Tren Maya terminará por fraccionar de manera práctica una de las áreas con mayor biodiversidad del país. Todo, además, para encima apostar de nueva cuenta a la industria de hidrocarburos, una de las principales contribuyentes al cambio climático, con el fortalecimiento de las actividades de refinación del país, abandonando la tendencia global de los renovables para volver la mirada a una forma más sucia para generar energía y brindar satisfactores.

El escenario, insisto, dista mucho de ser festejable. No obstante, la lucha por la política ambiental sustentable nunca ha sido fácil. No faltan los esfuerzos loables que deberán ser punta de lanza de un espíritu de preservación que trasciende fronteras. Por lo pronto, próximamente hablaremos del sistema de comercio de emisiones, también conocido como ‘cap and trade’, que, si todo marcha bien, relativamente pronto debería comenzar a funcionar en México como resultado de la Ley General de Cambio Climático. Ya hablaremos de ello.

*El autor es maestro en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, y socio en Ballesteros y Mureddu, S.C.

Fuente: CódigoQro

Una ciudad en permanente conflicto

El conflicto es en esencia un choque de intereses, un episodio donde dos o más posiciones se enfrentan hasta que una vence o entre ellas construyen un acuerdo. La ciudad de Querétaro vive en conflicto. En conflicto vial por saturación y falta de alternativas de transporte y trayectorias; en conflicto de agua por sobreextracción, venta de futuros sin inversión presente, falta de saneamiento y reúso. En conflicto social en cada condominio y colonia debido a una precaria cultura de convivencia y solidaridad, pues nos falta educación cívica y pareciera que quien alguna vez la tuvo, está pensando olvidarla. En conflicto de suelos porque unos cuantos se hicieron con el control de miles de hectáreas periurbanas y quieren que el desarrollo y la obra pública se las habilite con agua, calle y energía; provocando además una burbuja inmobiliaria por sobreprecios sin fundamento. ¿Ejidos ahora sin suelo de ejidatarios fifís? Se podría parafrasear al presidente.
Entre un 30 y un 35 por ciento de esta ciudad está vacía ya urbanizada. Nos expandimos ahora hacia Colón y al parecer repetiremos allá el modelo Zibatá. Espero equivocarme, pero lo estaríamos haciendo sembrando los mismos elementos de conflicto, pues no hay un programa integrado de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, al menos no publicitado, y no pareciera haber una planeación fiscal para el sostenimiento de este nuevo polo de desarrollo. ¿Pudiéramos estar condenando a ese municipio a vivir en permanente conflicto para garantizar servicios públicos, cuando los primeros vendedores ya se hayan ido?
Vive en conflicto porque falta un andamiaje de reglas urbanísticas claras, reglas metropolitanas para que no sea una babel la gestión urbana de esta ciudad. Acusamos la ausencia de reglamentos e instituciones, lo que provoca corrupción, abusos y la desfiguración del valor preponderante. Atestiguamos una confrontación constante entre el capricho inmobiliario y la sensatez de lo posible.
Vivimos escenarios de conflicto sin estructura, sin objetivos; un escenario de displicencia técnica, frivolidad urbana y ausencia de visión común. Frivolidad que pasará factura si no actuamos pronto con una visión común. Frivolidad que se traduce en el desdén a la lógica del crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable en la persecución de cualquier negocio inmobiliario a toda costa. Un conflicto cuya base está, no en la fuerza de las presiones inmobiliarias frente a la escasez del insumo suelo, sino en el profundo desprecio que tenemos por la planeación y las ciencias aplicadas a la ciudad. ¿Quién quiere planear si a Querétaro le va tan bien?
Para atender cualquier conflicto se debe trazar una estrategia, se deben procurar acciones y objetivos; se debe estructurar la forma de evaluar las alternativas de solución y después actuar en consecuencia con las ciencias como soporte. No tenemos donde realizar ese diálogo entre conflictuados. Necesitamos con urgencia un centro dónde negociar el futuro metropolitano; un punto de encuentro entre las partes; una mesa dónde ponderar lo más conveniente para todos; un cerebro que atenúe la natural brutalidad que llega a mostrar con frecuencia el mercado. Una institución pública que mire por el interés público en la ciudad, más allá de los individuos. Más allá del que tiene la razón pero ahora lo que quiere es vengar las miles de veces que se ha sentido ignorado.
Necesitamos un Instituto de Planeación Urbana dónde llegar a acuerdos.
Fuente: CódigoQro

Volvió la operatividad a la CRE… ¿Y ahora?

Finalmente, como se anticipaba, el presidente López Obrador acabó ejerciendo sus facultades en términos del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y nombró de manera directa a los cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Por un lado, la noticia tiene un factor positivo: por fin la CRE podrá volver a sesionar de manera operativa y funcional. Por el otro, todo parece indicar que estos cuatro nuevos comisionados son afines de manera casi predeterminada al presidente, a su partido y a su visión de políticas públicas en materia energética. Eso, en un organismo regulador en el que debe imperar la imparcialidad propia de un árbitro, podría llegar a ser desestabilizador y sesgado. Solo podrá comprobarse con el tiempo.
Ahora, el sector energético aún tiene muchos más temas de los que preocuparse y por resolver. El apagón en la península de Yucatán en días pasados es solo un tema crítico de la agenda energética, y lo es por dos motivos: primero, porque viene justo como efecto de una disminución en el suministro de gas natural a la península, que genera su energía eléctrica en sitio, debido a su falta de conectividad de infraestructura; y segundo, porque bajo las condiciones actuales podría volver a suceder en mayor escala y en más lugares.

Existen dos regiones del país aisladas en sus redes eléctricas de transmisión: la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, y Baja California. Entre ellas, el istmo tiene la característica de ser una de las zonas con mayor potencial de energía eólica en el mundo. Esta región, y en general el país, se habría visto beneficiada con la línea de transmisión cuya licitación fue cancelada a finales de enero. Este proyecto habría integrado al Sistema Eléctrico Nacional una enorme cantidad de energía proveniente de fuentes renovables. Su cancelación deja fuera de juego el desarrollo de estos proyectos eólicos y sigue aislando a la península de Yucatán en su dependencia del gas natural. Si el flujo de este gas disminuye, es de esperar que vuelvan los apagones en la península. Es ahí donde vuelve a tener sentido la transición energética.

El tema, al fin, es que el riesgo de los apagones está latente, sobre todo en estas regiones aisladas, y mientras las políticas públicas energéticas del país sigan siendo frágiles y el contexto de la transición energética incierto, el escenario no parece poder mejorar.
El modelo de la transición energética aprobado en el sexenio pasado puede no ser perfecto, pero era una base indispensable y genuinamente confiable para el desarrollo del sector energético del país. En un contexto en el que el país requiere inmensas inversiones en las redes de transmisión eléctrica, el desarrollo de estos proyectos no debe detenerse, ni sujetarse de manera exclusiva a la inversión estatal que, francamente, no alcanzará para satisfacer la necesidad real del país.
El desarrollo de proyectos eólicos y solares, junto con las respectivas líneas de transmisión, es indispensable para inyectar al sistema enormes cantidades de energía limpia, pero, sobre todo, para conectar las zonas del país con mayor vulnerabilidad debido a su aislamiento en materia de infraestructura. Evitar episodios como el de la semana pasada en Yucatán no debiera ser una labor titánica del Estado, sino fruto de una debida proyección de las políticas públicas del sector. La transición energética no debe tratarse como un binomio vocal de moda, sino como una necesidad para el desarrollo seguro y sustentable del país.

 

Fuente: CódigoQro

EL TREN MAYA Y SUS IMPLICACIONES ECOLÓGICAS

El proyecto del Tren Maya representa el estandarte del nuevo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el cual supone una importante inversión que se estima traerá consigo un impulso económico y político trascendental para la tan marginada frontera sur del país a través de 1525 km de vías férreas, de los cuales 723 km ya están construidas.
Sin embargo, el proceso ha sido una constante de acciones aventuradas e irresponsables por parte de la Administración Federal y de las casi imperceptibles reacciones de la nueva titular de Semarnat, la Lic. Josefa González Blanco, respecto de las múltiples manifestaciones del medio ecologista.
De esta manera, el pasado 16 de diciembre se colocó la primera piedra del proyecto, el cual se divide en diversos tramos de ejecución. La primera etapa de trabajos consiste en la rehabilitación, compactación y mantenimiento de las vías de tren que ya se encuentran construidas desde Palenque hasta Izamal, obras que conforme al comunicado de Semarnat, si bien pudieran causar un efecto negativo en el ambiente, no son materia de evaluación del impacto ambiental, recalcando que los aproximadamente 802 km de vías restantes si deberán contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente.
El comunicado de la nueva titular de la Semarnat, resulta tan inexacto a la dinámica del desarrollo de los ecosistemas, como irresponsable en su gestión administrativa. Así, los impactos ambientales deben medirse y autorizarse, atendiendo siempre a los principios de prevención y precaución ambiental, a la evolución o decremento de los servicios ambientales que preste la zona, pero también a las nuevas condiciones que se generen a raíz de las conclusiones o descubrimientos de la ciencia, por tanto la valoración y manipulación de un suelo debe siempre constreñirse a las características actuales del lugar.
En este sentido, López Obrador y su equipo han proyectado la ejecución de una obra de la cual ni siquiera han evaluado adecuadamente las repercusiones y detrimentos que puede sufrir la zona, no se han pronunciado en cuanto a las condiciones del subsuelo, las vibraciones, la forma en la que lesionaran un hábitat tan rica en cuanto a flora y fauna y la forma en que mitigarán los daños, incluso sin siquiera haber gestionado formalmente una autorización de impacto ambiental, que pudiera disipar todas las opiniones encontradas y legitimar una decisión tan polémica. Como es de costumbre en todo el país, se mantiene la tradición de proyectar obras públicas con efecto electoral, sin analizar el fondo y las consecuencias.
Así, resulta trascendente gestionar y obtener la autorización de impacto ambiental previo al inicio de los trabajos, no solo de la infraestructura que está por construirse, sino también de las ya construidas, pues esas vías se desarrollaron desconociéndose muchos elementos que al día de hoy se han descubierto.
Este procedimiento debe realizarse con responsabilidad, pero sobre todo con transparencia, mediante un procedimiento abierto de participación ciudadana, anteponiéndolo a intereses de tipo político, pues no debemos observarlo únicamente desde el aspecto económico, sino como una decisión que definirá las líneas de acción que en materia de sustentabilidad ambiental va a privilegiar el nuevo gobierno.

 

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Volvió la operatividad a la CRE… ¿Y ahora?

Finalmente, como se anticipaba, el presidente López Obrador acabó ejerciendo sus facultades en términos del artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y nombró de manera directa a los cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Por un lado, la noticia tiene un factor positivo: por fin la CRE podrá volver a sesionar de manera operativa y funcional. Por el otro, todo parece indicar que estos cuatro nuevos comisionados son afines de manera casi predeterminada al presidente, a su partido y a su visión de políticas públicas en materia energética. Eso, en un organismo regulador en el que debe imperar la imparcialidad propia de un árbitro, podría llegar a ser desestabilizador y sesgado. Solo podrá comprobarse con el tiempo.
Ahora, el sector energético aún tiene muchos más temas de los que preocuparse y por resolver. El apagón en la península de Yucatán en días pasados es solo un tema crítico de la agenda energética, y lo es por dos motivos: primero, porque viene justo como efecto de una disminución en el suministro de gas natural a la península, que genera su energía eléctrica en sitio, debido a su falta de conectividad de infraestructura; y segundo, porque bajo las condiciones actuales podría volver a suceder en mayor escala y en más lugares.
Existen dos regiones del país aisladas en sus redes eléctricas de transmisión: la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, y Baja California. Entre ellas, el istmo tiene la característica de ser una de las zonas con mayor potencial de energía eólica en el mundo. Esta región, y en general el país, se habría visto beneficiada con la línea de transmisión cuya licitación fue cancelada a finales de enero. Este proyecto habría integrado al Sistema Eléctrico Nacional una enorme cantidad de energía proveniente de fuentes renovables. Su cancelación deja fuera de juego el desarrollo de estos proyectos eólicos y sigue aislando a la península de Yucatán en su dependencia del gas natural. Si el flujo de este gas disminuye, es de esperar que vuelvan los apagones en la península. Es ahí donde vuelve a tener sentido la transición energética.
El tema, al fin, es que el riesgo de los apagones está latente, sobre todo en estas regiones aisladas, y mientras las políticas públicas energéticas del país sigan siendo frágiles y el contexto de la transición energética incierto, el escenario no parece poder mejorar.
El modelo de la transición energética aprobado en el sexenio pasado puede no ser perfecto, pero era una base indispensable y genuinamente confiable para el desarrollo del sector energético del país. En un contexto en el que el país requiere inmensas inversiones en las redes de transmisión eléctrica, el desarrollo de estos proyectos no debe detenerse, ni sujetarse de manera exclusiva a la inversión estatal que, francamente, no alcanzará para satisfacer la necesidad real del país.
El desarrollo de proyectos eólicos y solares, junto con las respectivas líneas de transmisión, es indispensable para inyectar al sistema enormes cantidades de energía limpia, pero, sobre todo, para conectar las zonas del país con mayor vulnerabilidad debido a su aislamiento en materia de infraestructura. Evitar episodios como el de la semana pasada en Yucatán no debiera ser una labor titánica del Estado, sino fruto de una debida proyección de las políticas públicas del sector. La transición energética no debe tratarse como un binomio vocal de moda, sino como una necesidad para el desarrollo seguro y sustentable del país.

 

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Nuevos nubarrones sobre la Comisión Reguladora de Energía (II)

El drama de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aún no termina y, lejos de ello, parece intensificarse y confirmar lo que a lo largo de diversas columnas he sostenido: la CRE está siendo objeto de un claro embate en los juegos de poder del presidente y su partido.
Después de que hace algunas semanas fueron rechazadas en el Senado de la República la totalidad de las ternas para sustituir a cuatro comisionados de la CRE, en su inmensa mayoría por la objetiva falta de idoneidad de los candidatos para ocupar estos cargos (algunos de ellos no sabían ni qué hacía el órgano regulador para el cual fueron propuestos), el presidente de la República ha vuelto a enviar al Senado otra serie de ternas, y tal es la sorpresa que 11 de los 12 candidatos originales (el único que quedó fuera fue porque en la primera ocasión ni siquiera acudió a la comparecencia) fueron incluidos de nuevo en estas. O sea, el presidente López Obrador quiere a esta gente ocupando los cargos de la CRE a como dé lugar. En definitiva, los prefiere incondicionales antes que expertos.
Y seguramente así sucederá. El artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que, si en la segunda ocasión en que se envía una terna a la Cámara de Senadores, esta vuelve a ser rechazada, ocupará el cargo de comisionado la persona que dentro de dicha terna sea designada por el presidente. En pocas palabras, todo parece indicar que, o se escogen los candidatos del presidente por la buena del voto democrático del Senado, o este acabará por nombrarlos a su discreción. El modelo evidencia su deficiencia en el contexto de los pesos y contrapesos del equilibrio de poderes, pero así está la ley y ese es un tema aparte.
Así, sin animo de pesimismo, pero sí de inevitable realidad, todo parece indicar que la CRE acabará siendo gobernada por una serie de candidatos que han demostrado no ser particularmente expertos en el sector, y que probablemente tampoco generarán confianza en los inversionistas. Y quizá aún peor, que no acaban de comprender con absoluta claridad que el rol de un órgano regulador es el de un árbitro imparcial cuyo primer beneficiario debe ser el consumidor y no las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE). Más allá de toda la faramalla de ser empresas de todos los mexicanos, estas son a fin de cuentas participantes de un mercado que debe ser competitivo e imparcial. En la CRE debe imperar la visión de que la mejor manera de apoyar a los mexicanos no es favorecer de manera obvia a estas empresas, sino asegurarse de que existan mercados energéticos sustentables, libres, competitivos y rentables.
Si a esta previsible disfunción reguladora le sumamos el abierto interés de la Comisión Federal de Electricidad para aumentar la producción de energía eléctrica a partir del carbón (esta semana abrió una convocatoria para licitar la compra de 330 mil toneladas de este recurso), el panorama de la transición energética empieza a percibirse como desolador. En un país comprometido a producir el 35% de su energía eléctrica a partir de renovables, y con uno de los potenciales probados más altos para el desarrollo de estas fuentes de energía, la apuesta parece completamente equivocada.
Hay tiempo de corregir, pero la iniciativa privada tiene que levantar la voz y jugar un rol mucho más potente de lo que ha hecho hasta ahora. La sustentabilidad energética del país y el desarrollo de una de las industrias con mayor potencial en México están en juego.

 

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Querétaro Planeado

Esta semana llegó a su fin el primer Foro Intergremial Querétaro Planeado, con la firma de la Declaratoria por el Derecho a la Ciudad en Querétaro, que se entregará a las autoridades de tres órdenes de gobierno, donde quedaron compendiadas las propuestas precisas para atender, entre sociedad organizada y gobierno, la apremiante necesidad de orientar nuestra ciudad y su zona metropolitana mediante un sistema de planeación eficiente, transparente y vinculante a favor del bienestar y la prosperidad de todos los habitantes y no solo de un sector o grupo de empresarios.
A iniciativa de Coparmex, este primer foro (que promete una segunda edición solo para analizar el futuro del agua en Querétaro) reunió a más de mil profesionistas del sector inmobiliario y la infraestructura: técnicos, comerciantes, peritos, notarios, corredores y académicos del sector discutimos durante cuatro intensas jornadas sobre la inserción de tecnologías a la urbe y la nueva regulación urbanística que necesitamos.
De manera muy particular se expusieron los problemas y propuestas para mejorar la conectividad de la metrópoli con nuevos sistemas de transporte colectivo; se analizó la oportunidad de seguir atrayendo población, desde la perspectiva de alternativas para impulsar la regeneración de la ciudad ya urbanizada y controlar asimismo la expansión de la mancha urbana.
Miembros de Coparmex, Canadevi, Canaco, Canacintra, CMIC, Consejo de Notarios, Consejo de Valuadores, Instituto Mexicano del Transporte, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Asociación de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Forópolis, Canirac, Universidad Autónoma de Querétaro y AMPI coincidieron en varios temas o agendas por atender y se comprometieron a sumarse de inmediato.
En la declaratoria concluyen que se tiene actualmente un modelo expansivo y fragmentado de crecimiento urbano que resulta insostenible para el financiamiento de la ciudad, con los efectos indeseables en materia ambiental que conlleva expandirse sin cesar.
Señalan como punto medular del problema que aqueja a la Zona Metropolitana de la ciudad de Querétaro, la ausencia de instituciones fuertes en materia de planeación, basadas en procedimientos que en verdad procuren la participación ciudadana. De manera muy especial la declaratoria señala la necesidad de contar, a la brevedad posible, con los programas de desarrollo urbano en el Municipio de Querétaro que consideren los lineamientos internacionales de la Nueva Agenda Urbana surgida de Hábitat III y que quedaron plasmados en el Programa Q500.
Muy fuerte, pero no por ello desatinado, es el señalamiento de que hoy en día existe un modelo que tiende a la perpetuación de condiciones para la desigualdad y la inequidad, idea que se une al apunte de que todavía adolecemos de un sistema de transporte colectivo deficiente y continuamos invirtiendo de forma prioritaria en la red para el vehículo particular.
Celebro en lo personal el esfuerzo comandado por el Ing. Daniel Cordero del Espíritu Santo, pues esta declaratoria resulta un precedente que puede orientar el debate legislativo ahora que interviene en la Legislatura el Código Urbano. Creo que tanto la diputada Abigail Arredondo como los legisladores de todas las fracciones deben leer este documento como un manifiesto de la sociedad civil por un Querétaro planeado y considerar de forma contundente la petición unánime de crear tanto el Instituto Metropolitano de Planeación como el propio instituto estatal, asimilando las experiencias de otras entidades de la República, como es el caso de Guanajuato, donde, más allá de sus problemas de seguridad, nos llevan años luz en materia de participación ciudadana y planeación.
Enhorabuena por los socios de todos estos gremios que participaron, pues se comprometieron y pusieron los cómos, además de señalar los qués, sin enconarse con los quiénes, como es frecuente que pase, lo cual no nos lleva a nada.

 

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Nuevos nubarrones sobre la Comisión Reguladora de Energía

Hace unos meses, aún antes de que el presidente López Obrador tomara protesta del cargo, yo escribía sobre la presión que en lo político y en los pasillos de la burocracia se estaba ejerciendo sobre los miembros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Frente a la imposibilidad de eliminar formalmente la autonomía de estas comisiones, el embate ahora se surtía en la presión política, donde uno a uno se buscaba obtener la renuncia de los comisionados por considerarlos poco afines a las políticas e intereses del nuevo gobierno.
La polémica se ha perpetuado en los primeros meses del año. La salida de varios de sus comisionados, algunos por renuncia, y otros por haber concluido su periodo, ha dejado a la CRE en un estado de parálisis, bajo el cual ni siquiera tienen el quórum para sesionar y mucho menos para tomar ninguna decisión; con tres de siete comisionados en funciones, la CRE se paralizó. Aunado a ello, la crítica que desde la presidencia y desde algunos curules del Senado se ha producido directamente hacia el comisionado presidente, Guillermo García Alcocer, claramente nos habla de nubarrones de incertidumbre que se posan sobre los órganos reguladores en materia energética, y en general sobre el sector de la energía.
Para abonar a esta incertidumbre, las sesiones sostenidas en la Comisión de Energía del Senado para elegir a los nuevos comisionados han dejado mucho que desear. Prácticamente ninguno de los candidatos tiene una experiencia probada en materia de electricidad, pues la inmensa mayoría se vincula más bien al sector de hidrocarburos, que es en cualquier caso materia del otro órgano regulador, la CNH. La falta de idoneidad de estos candidatos llegó incluso a rayar en lo cómico cuando algún candidato, al ser cuestionado sobre el significado de los Certificados de Energía Limpia (CEL por sus siglas) no tuvo empacho alguno al decir que los únicos “CEL” que conocía eran los teléfonos celulares, haciendo referencia explícita a su teléfono; o cuando otra se limitó a leer una definición de Internet para explicar qué hace el organismo al que ahora pretende pertenecer. Aún así, y aun cuando la inmensa mayoría de las voces expertas del sector ha manifestado su franca preocupación por la falta de candidatos serios, objetivos y experimentados en el sector, la comisión del Senado apenas este miércoles emitió el dictamen de idoneidad para 11 de los 12 candidatos entrevistados, y eso porque el que quedó excluido ni siquiera se presentó a su comparecencia.
Este escenario incierto se suma a la cancelación que desde el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se ha hecho respecto de la cuarta subasta de energía eléctrica, práctica ideal para la proliferación y atractivo de la inversión en proyectos de renovables; o a las cancelaciones o suspensiones de las licitaciones de proyectos de infraestructura de transmisión que conectaría diversas zonas del país, algunas de ellas con un altísimo potencial para la generación de energía, con otras con alta demanda de electricidad. El resultado, se busque o no, es que se está minando el potencial de uno de los sectores donde México podría ser una punta de lanza: la producción de energía, y aún mejor, de energía limpia. Al tiempo lo veremos.

 

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Transmisiones gratuitas a revisión

Dentro de la agenda propuesta en los foros de Consulta Pública para la Reforma al Código Urbano se debe incluir un punto especial para discutir el tratamiento legal que hemos de darle a las transmisiones gratuitas de suelo que deben hacer los desarrolladores a la ciudad o al municipio para que este tenga el suelo disponible para nuevos equipamientos, áreas verdes y espacios cívicos.
La ley actual señala que el desarrollador debe donar a la ciudad el 10% de la superficie total del predio que pretende desarrollar ( Art. 156, CU). Hay quien ha señalado como reclamo histórico que es poco, que ese porcentaje no provoca que sean suelos efectivos para mantener el balance del espacio público y las áreas verdes. Hay quien pide que sea el 20%, o hasta el 22% como está determinado en Nuevo León; mientras otros quisieran que fuera el 4%, cómo está en Guanajuato, e incluso que se pueda optar entre entregar suelo o valuarlo y mejor entregar el dinero al municipio para que este adquiera el suelo donde lo considere oportuno. Este ha sido debate central cada vez que se toca el Código Urbano.
Más allá de la cantidad de suelo, otro elemento del debate es la calidad, pertinencia, ubicación y proporción del suelo que se transmite. Existe hoy prohibición expresa para que el municipio no termine recibiendo suelos residuales, inútiles e inaprovechables ya para situar un equipamiento o dotar de un espacio público de calidad a los habitantes de una colonia, un barrio o una zona de la ciudad. Mucho se ha cuestionado la división porcentual: que del 10%, 5% sea para equipamiento; 4%, para áreas verdes, y 1% para plazas y espacios cívicos basados en la densidad de hasta 400 habitantes por hectárea. ¡Una fórmula que solo Dios y el legislador del 2012 saben de dónde salió! Esto tendrá que revisarse y sería bueno que la dosificación del suelo transferido no tenga como base la densidad poblacional y más bien responda a una demanda especial específica del punto de la ciudad que se está resolviendo.
Un último elemento que invitamos a la legislatura a revisar y en su caso a resistir, es la presión a que ese suelo transmitido pueda ser liberado para revenderse, además de la perversidad de querer conmutarlo por dinero, como ya comenté. No, por ningún motivo se debe tocar la caracterización que ese suelo donado debe tener: inalienable, imprescriptible e inatacable desde la perspectiva de que el donante quisiera recuperarlo.
Hoy están así protegidos, etiquetados para servir a la ciudad, y aun así se han llegado a comercializar o se les ha dado un nuevo destino. Ahí está la atroz desfiguración del Área Natural Protegida de Jurica Poniente, durante la administración municipal 2015-2018. O peor aún, cuando los alcaldes han llegado a pagar suelos con el fruto de su venta.
Son suelos sagrados. Solo así el entramado urbano puede mantener la calidad y ofrecer equidad y oportunidades a todos los ciudadanos; la oportunidad de encontrar el espacio público, los servicios, las redes y la infraestructura que necesitamos cerca de casa.
Debemos estar alerta, no sea que algunos legisladores sucumban ante la presión de algunos tenedores de suelo que siempre han querido que las transmisiones gratuitas sean una obligación suavecita y a modo.

 

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