Tome nota, ahora podría venderle luz a sus vecinos

En la sesión del pleno de la Comisión Reguladora de Energía (CER) del pasado 29 de noviembre, se aprobó uno de los acuerdos más esperados en el sector de la generación distribuida, que seguramente más interesará al público en general.
Empiezo por explicar qué es eso de la generación distribuida. Según el artículo 3 fracción 23 de la Ley de la Industria Eléctrica, es aquella que se realiza por un generador exento y que se realiza en una central eléctrica interconectada a un circuito de distribución con una alta concentración de centros de carga. En palabras de mortales, es la generación de energía eléctrica que se produce a partir de muchas pequeñas fuentes de generación. No obstante, sí destaco uno de los elementos de la definición de la ley y es el concepto del generador exento, que es aquel que no requiere contar con un permiso propio para generar esa energía. De acuerdo con nuestra legislación eléctrica nacional, son generadores exentos aquellos que tienen una generación menor a 0.5 MW.
Por si aún no queda claro, la generación distribuida está cada vez más difundida en nuestra vida diaria a través de la instalación de paneles solares en los techos de nuestras casas y edificios en general. Cada vez son más las empresas que ofrecen servicios para instalar paneles solares que se interconectan a la red y que de manera ordinaria reducen la cantidad a pagar en nuestros recibos de luz a través de un ejercicio matemático en el que se compensa la electricidad consumida frente a aquella inyectada a la red. Eso es en esencia la generación distribuida.
Lo interesante de la resolución de la CER, que se deriva de una propuesta que habría sido trabajada por el excomisionado Guillermo García Alcocer, es que ahora las instalaciones que generen su propia energía a través de paneles solares podrán comercializar sus excedentes a sus vecinos que compartan un mismo punto de interconexión.
Hasta ahora, lo único que podía hacerse con la generación distribuida era que la energía generada en estos cientos de techos se reintegraba a la red eléctrica sin que pudiera ser comercializada entre los usuarios de suministro básico, que somos los ciudadanos de a pie. Con esta nueva regulación, se permitirá asociar a diversos usuarios para que hagan uso de la energía eléctrica de las centrales de generación distribuida con las que compartan interconexión. Ello permitirá, en pocas palabras, que bajo ciertos criterios técnicos y con el uso de ciertas reglas, precios y contratos, las personas o empresas que, siendo generadores exentos (recordando, aquellos menores a 0.5 MW), generen más electricidad que la que consumen, podrán comercializarla a otros usuarios.
Estoy seguro de que la noticia de este acuerdo será muy bienvenida. Además, continúa contribuyendo al auge de la generación distribuida, que tiene entre otras bondades la de ser más eficiente al reducir la pérdida de energía que se produce cuando se tiene que transportar a través de largas distancias y que incentiva la explotación de fuentes renovables, como lo es la energía solar. Aún así, estamos pendientes de conocer el acuerdo final y definitivo que se publicará próximamente en el Diario Oficial de la Federación y que contendrá el acuerdo aprobado por la comisión e incluirá el modelo de contrato de la contraprestación colectiva. A reserva de que ello suceda, esta es una muy buena noticia para el sector eléctrico que resulta más cercano a las familias mexicanas.

Maizeando los CELs para la CFE

El pasado 28 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, que anteriormente habían sido publicados el 31 de octubre de 2014. Este acuerdo, si bien no ha causado revuelo en la opinión pública, ocupada ordinariamente con asuntos más cercanos a la vida cotidiana, ha dado de qué hablar en el sector energético.
Expliquemos un poco el antecedente: los Certificados de Energía Limpia (CEL) son un producto de la reforma del sector eléctrico. Son instrumentos de mercado con una doble intención: por un lado, incentivar la inversión en los proyectos de energía limpia necesarios para generar energía que atienda la demanda creciente del sector eléctrico; y en segundo lugar, como otra cara de la misma moneda, contribuir desde la perspectiva del medio ambiente con un sector eléctrico que se haga de fuentes de generación de energía eléctrica más limpias.
La introducción de los CEL al mercado eléctrico cierra su pinza con la meta nacional de generar el 35 por ciento de la energía del país a partir de fuentes limpias para el 2024, meta basada principalmente en un razonamiento ambiental, y con la obligación de los suministradores de proveer un porcentaje determinado de energía a partir de fuentes limpias. Los CEL se vuelven un elemento importante del mercado eléctrico, porque nacen en un mercado con una necesidad generada y con unos usuarios necesitados.
Hasta ahora, y sin ahondar en detalles excesivos, los CEL se generaban a razón de un certificado por cada MW de energía generada a partir de una fuente limpia. Sin embargo, estos certificados solo podían ser atribuidos a centrales eléctricas generadas a partir de la emisión de la Ley de la Industria Eléctrica, lo cual servía para incentivar el desarrollo de nuevas centrales de energía limpia, pues uno de los productos que se consideraban para el retorno de inversión de estas eran los CEL que se generarían y que, bajo una lógica de mercado, pueden comercializarse con precios regulados libremente por el mercado. Esto, a fin de cuentas, situaba el beneficio de los CEL como una atribución prácticamente exclusiva de las centrales eléctricas más nuevas y, claro está, limpias.
El acuerdo publicado por la Secretaría de Energía el pasado 28 de octubre cambia el escenario. Si bien el acuerdo podría parecer menor al simplemente modificar un párrafo existente en el acuerdo original del 31 de octubre de 2014, con el que se crearon las reglas para el otorgamiento de los CEL, sus efectos parecen ser considerablemente más amplios.
El acuerdo del 28 de octubre de este año autorizó que las centrales eléctricas legadas y limpias, es decir, aquellas anteriores a la creación de la Ley de la Industria Eléctrica en agosto de 2014, también puedan recibir certificados de energía limpia en la misma razón que las plantas más nuevas. Esto irremediablemente tiene un gran beneficiario: la Comisión Federal de Electricidad, que sigue siendo el actor preponderante en el mercado eléctrico, y que con mayor razón lo era antes del 2014, con sus centrales (hoy) consideradas legadas. Cabe decir que, si bien es cierto que no hay nada que impida que una central generadora particular e igualmente legada pueda también beneficiarse del nuevo otorgamiento de los CEL, estos en realidad serán los menos casos frente a la manera como se beneficiará la CFE.
Si bien a primera vista el acuerdo pudiera parecer inofensivo, son dos las grandes polémicas que acaba generando de manera paralela a la discusión de si esto terminará por desincentivar la inversión privada en el sector eléctrico:
Que representa una modificación imprevista a las reglas de un mercado eléctrico frágil, lo que de por sí ya es incómodo para los inversionistas que sienten que esto aumenta el clima de incertidumbre, y máxime cuando la modificación acaba por beneficiar al actor favorito desde el gobierno, como lo es la CFE.
Y segundo, que, desde una lógica de estricto mercado, hay una alta probabilidad de que esta medida redunde en una saturación y demanda excesiva de CEL.
Ojo, esto no significa necesariamente que se reducirá la inversión en plantas generadoras. Si bien los CEL eran un incentivo más para entrarle al negocio, lo cierto es que el meollo del asunto reside en la demanda creciente de energía eléctrica, que puede redituar interesantes retornos para los inversionistas, con independencia de los CEL. Quizá entonces lo que más duele es ver cómo de un dedazo se maizean las reglas para acabar por beneficiar a la CFE.

Sedatu otra vez tarde

Este miércoles se presentó a un reeditado Consejo Nacional el proyecto del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, instrumento que viene con retraso, más allá de los plazos que señala la legislación en materia de planeación, ante la severa crisis hídrica, de suelo urbano y conectividad que viven las urbes del país. Pareciera que Sedatu no arranca, más allá del programa de apoyo a 15 ciudades intermedias anunciado aun antes de la toma de protesta de AMLO y la infinidad de convenios que se firman a la semana con alcaldes para aplicar los más de 5 mil millones de pesos que el presidente asignó como consideró oportuno.
Y es que la implementación de la (ya no tan) Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (28/11/2016) va a paso de tortuga, mientras que en varias entidades federativas ya actualizaron su programa estatal y están trabajando en los municipales. Esto nos lleva a cuestionar qué va a suceder si existe incongruencia entre estos trabajos y el programa nacional que se libere hacia el mes de diciembre de este año.
Despierta la razonable suspicacia que algo no anda bien, la reciente renuncia del subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Armando Rosales García, quien era hasta los últimos días de septiembre pieza clave del replanteamiento que intenta Meyer Falcón sobre la desvencijada Sedatu que heredó de Rosario Robles, hoy sujeta a proceso por la llamada “Estafa maestra”.
Y es que este programa que no es de mucho ‘rating’ noticioso, resulta ser uno de los de mayor importancia para el gasto público federal, pues es transversal a varios fondos federales de infraestructura, mejoramiento, planeación y fortalecimiento institucional. Sin parecerlo, el programa que apenas se encuentra en proyecto y que posiblemente no salga con el Presupuesto 2020, vendrá a ocasionar la modificación de las reglas de operación de algunos de estos fondos, entre ellos el famoso Fondo Metropolitano, y con ello, el modelo de manejo de recursos para los gobernadores y los alcaldes de las poblaciones superiores a 100 mil habitantes.
En pésimo momento le llega esta renuncia al más joven secretario del gabinete federal, cuando la percepción en el sector es que no se identifican ni los perfiles, ni las estrategias más allá del discurso.
Este programa tiene como fin consolidar la regionalización funcional del territorio. Apoyar a las entidades federativas y a los municipios en la conformación de un sistema regulatorio homogéneo del mundo inmobiliario y su interfase con el suelo rural periférico de las ciudades; asimismo tiene que sentar las bases para la construcción efectiva del anhelado Sistema Nacional de Información Urbana.
Su importancia es mayúscula para asimilar e imponer a los alcaldes conurbados la gobernanza metropolitana y con ello originar la transformación de los clásicos instrumentos de gestión y financiamiento de las ciudades.
Si bien el problema de recuperar la vivienda abandonada y atender los asentamientos irregulares es un reto que se ha fijado la 4T, no puede dejarse para despues el largo catálogo de otras importantes tareas que este tardío programa deberá institucionalizar, aunque la rentabilidad política no sea tan jugosa.

Peña Colorada

Durante muchos años, Peña Colorada ha estado en el ojo del huracán. Entre la ambición del desarrollo y su férrea defensa como un pulmón y última gran reserva ambiental de la ciudad, los jaloneos sobre el futuro de esta zona han sido objeto de la atención pública en más de una ocasión. Son muchos los intereses metidos en esta zona.
Sin embargo, pareciera que ahora se está muy cerca de finalmente lograr que a Peña Colorada se le dote de una protección ambiental a través del decreto de Área Natural Protegida. Como no estamos tan acostumbrados a ver, varias fuerzas y colores partidistas a nivel local se han unido para echar a andar ya el decreto. Sea cual sea la razón por la que les ha entrado el amor ambiental para defender esta zona, se aplaude.
Peña Colorada es vital para el futuro de la ciudad. Ubicada como un gran pulmón entre zonas de creciente desarrollo como Juriquilla, Santa Rosa Jáuregui, Chichimequillas, y desarrollos como Altozano o Zibatá, la zona que constituiría el núcleo de esta área es quizá uno de los últimos grandes resquicios de superficie vegetal e infiltración de la Zona Metropolitana.
Para quien no esté muy familiarizado con el tema, las Áreas Naturales Protegidas se crean, entre otros motivos, con la finalidad de preservar una zona que resulta valiosa desde la perspectiva ambiental, sea por su biodiversidad, sus recursos naturales y, por supuesto, por los servicios ambientales que prestan.
Este último concepto es quizá por el que Peña Colorada resulte más valiosa y por lo que es indispensable protegerla legalmente. Los servicios ambientales son, en pocas palabras, los beneficios que obtiene el hombre de los diversos ecosistemas.
Los hombres estamos inmersos en un contexto que conjunta diversos ecosistemas, los cuales se conforman por elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural y antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en que se desarrolla la vida.
Zonas como Peña Colorada resultan indispensables porque brindan servicios ambientales de alta relevancia, sobre todo en contextos que han sido altamente depredados por la actividad humana. Servicios como la infiltración de agua para el reabastecimiento de los mantos acuíferos, la regulación y el control de los escurrimientos pluviales para evitar inundaciones, la regulación climática o la captación de carbono son típicos de zonas vegetadas y compuestas de superficie permeable como Peña Colorada.
La insistencia con Peña Colorada no es un capricho para preservar un statu quo en el que ya no nos gusta el tráfico de la ciudad. Esta zona es mucho más que un pulmón, es también un área de regulación hidráulica y una tierra infiltrable en una selva de concreto.
Por eso, no basta la simple protección de Peña Colorada a través del programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Querétaro. Y si no lo creen, volteen a ver qué pasó con Jurica Poniente, un Área Natural Protegida de competencia municipal, y pregúntense cómo le fue en la administración municipal pasada. Se necesitan candados fuertes.
En Peña Colorada se juega el futuro de la razón de ser de nuestras áreas protegidas en Querétaro y, con ello, también una parte de nuestra calidad de vida.
Desde aquí, un reconocimiento a quienes están honestamente trabajando para que Peña Colorada acabe siendo un área natural protegida dentro de nuestra Zona Metropolitana.

Un Código Ambiental para Querétaro

Hace apenas un par de días, en una presentación conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable y miembros de la Legislatura del estado, se ha anunciado públicamente la iniciativa para la emisión de un Código Ambiental para el estado de Querétaro. Desde este espacio se aplaude y se reconoce dicha iniciativa.
Una de las complejidades que presenta la observancia y la aplicación del Derecho Ambiental en México, y dentro de la cual Querétaro no es una excepción, es la complejidad y multiplicidad de los diversos ordenamientos que contienen regulaciones ambientales; desde impacto ambiental, hasta biodiversidad, áreas naturales protegidas, o incluso residuos o cambio climático, pasando por el delicadísimo tema del agua, son variados y muchas veces desconocidos los múltiples ordenamientos que las autoridades tienen a su disposición para regular la interacción de las personas con el medio ambiente. Y desde luego, para procurar la protección y conservación del derecho a un medio ambiente sano.
El Código Ambiental, al menos en la motivación que ha formado parte de su anuncio, tiene como uno de sus grandes objetivos compilar toda esta legislación que a nivel local (entiéndase a través del gobierno del estado y los municipios) debe ser observada tanto por particulares como por autoridades.
Es por eso que se reconoce como una iniciativa loable y que le viene muy bien al estado.
Ahora bien, y a reserva de conocer el texto de la iniciativa, podría ser valioso que se tomaran en cuenta algunas consideraciones al momento de valorar esta iniciativa en el seno de la Legislatura.
Primero, la base de cualquier ordenamiento ambiental, y en este caso el Código, debe ser garantizar y proteger el derecho humano a un medio ambiente sano. De hecho, si bien los ordenamientos ambientales suelen expresarse a través de regulaciones restrictivas que imponen precautoriamente una serie de deberes a gobernantes y gobernados, debe entenderse que ninguno de estos tiene sentido si no es con el fin de proteger un medio ambiente sano y garantizar la sostenibilidad.
Segundo, es importante abandonar los clichés. Me refiero a que hay espacio para la innovación. Tanto para regular temas que no han sido típicamente regulados, pero que en una perspectiva ambiental pueden tener un efecto importantísimo (como sería abordar criterios y regulaciones de eficiencia energética), como para entrarle de lleno a temas más controversiales pero necesarios, como lo son los mercados ambientales, las regulaciones impositivas, mecanismos de compensación, o restricciones a la luz de los riesgos climáticos producidos por el cambio climático. Piénsese en ejemplos como el ‘cap-and-trade’ o los ‘carbon tax’, que si bien en México están más bien circunscritos al ámbito federal, son modelos de política pública muy poco explorados en nuestra regulación ambiental. Aplaudo la consideración de incluir compensaciones para los propietarios de los inmuebles que a través de áreas naturales protegidas prestan servicios ambientales; el esquema de expropiación indirecta en el que típicamente se ha hecho la gestión de estas áreas en México podía plantearse injusto, y con esta iniciativa podría encontrarse un equilibrio adecuado.
Tercero, una vez que logre aprobarse la iniciativa del Código, será importante que se mantenga el entusiasmo para hacer foros de distribución en los que se acabe dando a conocer a la ciudadanía (y desde luego a las autoridades) el contenido de sus nuevas disposiciones. El éxito de la gestión ambiental no pasa solamente por tener normas adecuadas, sino por garantizar su ‘enforcement’, y ello requiere que tanto los gobernantes cumplan con las normas como que las autoridades las apliquen y persigan su incumplimiento.
Ya habrá ocasión de hablar con más detalle del Código una vez que sea discutido y posiblemente aprobado. Hasta entonces, se reconoce la iniciativa y se anima a entrarle al tema de lleno.

Fuente: CódigoQro

Freno de mano

Las cifras macroeconómicas son regularmente inadvertidas hasta que nos tocan la cartera. Por lo general ponemos atención al precio del dólar o la gasolina, y nada más. De vez en cuando nos escandalizan subidas de precios, como el reciente caso del aguacate, o nos alarma el desabasto de algún medicamento. Son pequeños ciclos que se corrigen, se olvidan o se modifican sin que podamos participar de manera directa. Sin embargo, la etapa recesiva en que ha entrado el país, y Querétaro, aunque nos defendamos más que otras entidades, resulta preocupante.
No es necesario formar parte de los selectos círculos financieros para sentir el freno de mano que activó la 4T sobre la economía. La Zona Metropolitana de la ciudad de Querétaro ya siente la desaceleración, la falta de dinero en la calle, el comienzo de un efecto dominó de moratorias a todas las escalas. Siendo el sector inmobiliario un motor que significa cerca del 35% de nuestra economía, esta alarma que ha comenzado a sonar, se escucha estridente y aterradora, pues no la percibíamos desde hace casi dos décadas.
En el contexto del mercado inmobiliario, que es uno de los ejes económicos de la región junto con los clústeres aeroespacial y automotriz, hay cifras preocupantes: más de 6 mil departamentos en venta (ya desarrollados o próximos a terminarse) que se mueven como derrapando en jalea, frente a una disminución de casi 17% en la venta de casa habitación nueva y 23% en la vivienda usada, donde solo se movieron mil 160 viviendas en el primer cuatrimestre, según ha circulado en un reporte de Conavi, del que han hecho eco las principales agencias especializadas.
No es difícil llegar a la conclusión de que será un segundo semestre sumamente complicado, pues frente a la imperiosa necesidad de desplazar ese inventario, está la falta de circulante y la incertidumbre a la que el jefe del Ejecutivo somete al país en cada mañanera.
Por otra parte, aunque resulte polémico para algunos agentes del sector, es de aceptarse que hay una burbuja de precios ya con un dedo índice peligrosamente cerca de su membrana, próxima a reventar. Hay indicios que señalan que los inmuebles en Querétaro están 30% por encima de sus valores reales en ciertos segmentos y quizá más en otros, lo que también comienza a alejar un mercado que había permanecido fiel a la región por más de 10 años continuos, prefiriéndonos por encima de Cuernavaca, Puebla y Aguascalientes, incluso. Por otro lado, son ya casi cuatro años que no se construye una vivienda de interés social y se podría intuir que ese segmento pronto podría comenzar a ejercer presión, con nuevos asentamientos irregulares. Todo un coctel molotov.
El reciente anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del secretario Herrera pareciera una bocanada de aire, sin duda. Mientras que para otras zonas del país significará el primer tirón de máquina en años, para Querétaro es la oportunidad para no perder el paso. Muchos son los ajustes que deben realizarse a la política de vivienda e infraestructura para aprovechar estas licitaciones anticipadas, pero son más las que deben hacerse desde el proyecto presupuestal para el año 2020, momento de hacer inversiones productivas y mantener en curso la economía local, en mucho basada tan solo en la expansión urbana; un error de cálculo que hoy tiene a muchos desarrolladores con el clóset lleno de tierra y las cuentas, de telarañas.

*Socio director en Ballesteros y Mureddu, S.C., licenciado en Derecho por la UAQ, y maestro en Arquitectura y Nuevo Urbanismo por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro.

Fuente: Código Qro

¿Qué es eso del Código de Red?

Desde hace un par de meses se empiezan a escuchar con más frecuencia –particularmente en los círculos industriales e inmobiliarios– comentarios acerca de un mentado Código de Red. Si usted ya había escuchado este término, espero que la publicación de esta semana le brinde elementos adicionales para acabar de comprender de qué se trata. Si, en cambio, es la primera vez que lo escucha, confío en que le resulte de utilidad para darse cuenta de si es algo que debe ocuparle o no.
El Código de Red es una regulación técnica emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el marco del sistema eléctrico nacional, con el fin de garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad, y sustentabilidad del sistema desde una perspectiva particularmente técnica.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación desde abril de 2016 mediante la resolución RES/151/2016 de la CRE, el Código de Red entró en vigor tres años después, es decir, el 8 de abril de este año. Lo que quiere decir, en pocas palabras, que quienes están obligados a cumplirlo, tuvieron tres años para prepararse para su implementación, debiendo ahora acreditar su cumplimiento, o, en su caso, ponerse a trabajar si es que no han comenzado.
Pero ahora, una de las preguntas esenciales: ¿a quién aplican estas disposiciones? La respuesta es relativamente sencilla, aunque con una implicación interesantísima: aplican a los centros de carga conectados a media y alta tensión. En tal medida, tiene como destinatarios por excelencia al sector industrial del país y a otros giros, como lo podrían ser centros comerciales y hospitales, entre otros. Desafortunadamente, muchos de los miembros de estos sectores en el mejor de los casos apenas saben que estas regulaciones existen.
Tratándose de una regulación eminentemente técnica, el cumplimiento del Código de Red requiere de un esfuerzo relevante que necesitará de la participación de expertos cualificados en la materia eléctrica. Si bien puede parecer de buenas a primeras una carga u obligación pesada para sus sujetos obligados, su cumplimiento es indispensable para procurar el debido funcionamiento de nuestro sistema eléctrico, y su cumplimiento evitará además sanciones considerables que pueden poner en riesgo la propia supervivencia de un negocio. Con multas que parten desde el aproximado de los 5 millones de pesos, y que en casos extremos y reiterados pueden acabar hasta en la desconexión de las instalaciones incumplidas, cumplir con el Código de Red debe tornarse en una prioridad para quien funciona con centros de carga de media y alta tensión.
Manifestado en planes de trabajo de los que puede derivarse la necesidad de llevar a cabo inversiones de modernización y reforzamiento, y que deben centrarse en aspectos tales como el balance en la tensión y la frecuencia, los cortocircuitos, los factores de potencia, la coordinación de protecciones dentro de la infraestructura eléctrica y la calidad de la energía, el cumplimiento del Código de Red es indispensable para la modernización de la operación de nuestro sistema eléctrico, al tiempo que abona para el beneficio colectivo de una red eléctrica cada vez más segura, eficiente y sustentable.
El Código de Red parte de un principio de corresponsabilidad de los miembros de la red eléctrica. La red es una, es única y es compartida. Quienes participan de ella deben procurar su propio cuidado, su balance y su seguridad. Por ello es importante el Código de Red.
Ahora que ya sabe qué es eso del Código de Red, plantéese: ¿es algo importante o no para su empresa?

*El autor es maestro en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, y socio en Ballesteros y Mureddu, S.C.

Fuente: Código Qro

Hablemos de ‘cap-and-trade’

Por Manuel Mureddu González

Hace un par de semanas escribía sobre el Día Mundial del Medio Ambiente y sobre los enormes retos que en este tema se avecinan a nivel nacional e internacional. No obstante, muy probablemente el principal reto al que nos enfrentamos es el del cambio climático, un tema inagotable al que podríamos destinar decenas de páginas.

Sin embargo, en esta ocasión quiero concentrarme en atraer la atención del lector en uno de dos interesantes modelos que han sido utilizados a lo largo de la geografía mundial para apostar a la reducción de las emisiones de carbono: el modelo de mercado conocido como cap-and-trade, que no es otra cosa que un sistema de comercio de emisiones. Más adelante hablaremos de un modelo de gravamen conocido como carbon tax, o impuesto al carbono.

El modelo de cap-and-trade, con exponentes funcionando en Europa y California, es un modelo basado en mecanismos de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (y en particular de carbono), permitiendo a los participantes del mercado hacerlo de la manera más flexible y rentable posible.

En esencia, lo que hace es plantear desde el gobierno un límite general a las emisiones de carbono dentro de un cierto territorio, distribuir los derechos de dichas emisiones entre los diversos participantes del mercado e instituir un mercado formal dentro del cual los tenedores de estos derechos podrán comercializarlos. Este modelo tiene diversos elementos que lo hacen atractivo para constituirlo como una política ambiental: primero, que de manera objetiva plantea una meta de reducción de emisiones; todo el sistema gira alrededor de un límite que debe ser cumplido y disminuido de manera progresiva. Y segundo, que brinda a los participantes incentivos y flexibilidad para apostar a la reducción de emisiones.

Aquellos para quienes resulta menos costoso reducir sus emisiones, tienen razones para hacerlo y comercializar sus derechos. Y entonces aquellos a quienes resulta más costoso hacerlo, pueden aprovechar el modelo de mercado para adquirir estos derechos de otros que no han tenido que usarlos al poder reducir sus emisiones. El modelo pretende brindar un cierto equilibrio y puede ser una solución efectiva al problema de los comunes, que es típico de las afectaciones medioambientales.

Sin embargo, una de las claves del éxito de este modelo es la capacidad efectiva de monitorear la exclusividad de las emisiones dentro del contexto del mercado. Esta es una labor que requiere una implementación seria de tecnología, y una importante fuerza del Estado para hacer cumplir las reglas del modelo.

Si bien estos párrafos apenas sirven como una brevísima introducción al modelo, es importante traerlas a la atención del lector pues el cap-and-trade será pronto una realidad en México. En diciembre de 2017 se reformó el artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático para convertir al sistema de comercio de emisiones en un mecanismo de participación obligatoria para ciertos sectores, y en julio de 2018 se establecieron las reglas transitorias sobre las cuales debe prepararse la entrada en vigor de este modelo, incluida la creación de un programa de prueba, y la obligación de emitir las bases preliminares sobre las que eventualmente habrá de funcionar este modelo de manera oficial.

Hablar del sistema de comercio de emisiones pronto tendrá que pasar a formar parte del léxico cotidiano de quienes se dedican a la política, al cumplimiento y a la regulación ambiental en México.

Día Mundial del Medio Ambiente: ¿algo que celebrar?

Por Manuel Mureddu González

Desde 1972 el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. La fecha no es casual, sino que tiene su origen en el día en que dieron inicio los trabajos de la Conferencia de Estocolmo, de la cual derivó la Declaración de Estocolmo, el primer gran instrumento que, en el marco de las Naciones Unidas, establecería una serie de principios generales dirigidos a la preservación del medio ambiente y la planeación de la sustentabilidad.
Sin embargo, más allá de una linda efeméride, ¿hay razones para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente?, ¿o más bien deberíamos extremar nuestra preocupación?

Para bien o para mal, la preservación ambiental siempre termina siendo un tema directamente vinculado al desarrollo de una serie de políticas públicas: la política y la gestión ambiental. Y en un planeta globalizado, pero, sobre todo, irrestricto por cuanto ve a las inexistentes fronteras de los fenómenos naturales y sus efectos, esta política ambiental termina por tener una resonancia global.

Así, a nivel global, el panorama ambiental no es positivo, por no llamarlo desolador. Cada año se rompen récords de temperaturas registradas tendientes al alza. El Acuerdo de París de 2016 se planteó un gran objetivo: mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los
2º C respecto de los niveles preindustriales, planteando objetivos específicos para las diversas contribuciones nacionales en la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Y ello tiene una razón de ser: después de esos 2º C, aunque no hay consenso científico de cuál será el efecto real, una cosa es segura: no será positivo. Tristemente, se estima que será peor para los países menos desarrollados, que irónicamente suelen estar en el grupo de aquellos con menores contribuciones de GEI.

A nivel nacional la cosa no es particularmente mejor. Después de un esfuerzo loable para perfilar el sector energético del país a un esquema de sustentabilidad, en parte soportado por la reforma energética, y la emisión de leyes como la de Transición Energética, o la de Cambio Climático, esta administración ha dado pasos que podrían minar el éxito de algunos mecanismos que nacieron de la reforma, particularmente, las subastas de energía, que en su funcionamiento son ideales para incentivar el desarrollo de proyectos de energías renovables.

Y existen además otros escenarios que dejan mucho que desear: la refinería de Dos Bocas comenzó su ejecución sin siquiera contar con una evaluación del impacto ambiental; para el aeropuerto de Santa Lucía se inventó la falta de necesidad para gestionar estas autorizaciones; y el Tren Maya terminará por fraccionar de manera práctica una de las áreas con mayor biodiversidad del país. Todo, además, para encima apostar de nueva cuenta a la industria de hidrocarburos, una de las principales contribuyentes al cambio climático, con el fortalecimiento de las actividades de refinación del país, abandonando la tendencia global de los renovables para volver la mirada a una forma más sucia para generar energía y brindar satisfactores.

El escenario, insisto, dista mucho de ser festejable. No obstante, la lucha por la política ambiental sustentable nunca ha sido fácil. No faltan los esfuerzos loables que deberán ser punta de lanza de un espíritu de preservación que trasciende fronteras. Por lo pronto, próximamente hablaremos del sistema de comercio de emisiones, también conocido como ‘cap and trade’, que, si todo marcha bien, relativamente pronto debería comenzar a funcionar en México como resultado de la Ley General de Cambio Climático. Ya hablaremos de ello.

*El autor es maestro en Derecho Ambiental y Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, y socio en Ballesteros y Mureddu, S.C.

Fuente: CódigoQro

Una ciudad en permanente conflicto

El conflicto es en esencia un choque de intereses, un episodio donde dos o más posiciones se enfrentan hasta que una vence o entre ellas construyen un acuerdo. La ciudad de Querétaro vive en conflicto. En conflicto vial por saturación y falta de alternativas de transporte y trayectorias; en conflicto de agua por sobreextracción, venta de futuros sin inversión presente, falta de saneamiento y reúso. En conflicto social en cada condominio y colonia debido a una precaria cultura de convivencia y solidaridad, pues nos falta educación cívica y pareciera que quien alguna vez la tuvo, está pensando olvidarla. En conflicto de suelos porque unos cuantos se hicieron con el control de miles de hectáreas periurbanas y quieren que el desarrollo y la obra pública se las habilite con agua, calle y energía; provocando además una burbuja inmobiliaria por sobreprecios sin fundamento. ¿Ejidos ahora sin suelo de ejidatarios fifís? Se podría parafrasear al presidente.
Entre un 30 y un 35 por ciento de esta ciudad está vacía ya urbanizada. Nos expandimos ahora hacia Colón y al parecer repetiremos allá el modelo Zibatá. Espero equivocarme, pero lo estaríamos haciendo sembrando los mismos elementos de conflicto, pues no hay un programa integrado de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, al menos no publicitado, y no pareciera haber una planeación fiscal para el sostenimiento de este nuevo polo de desarrollo. ¿Pudiéramos estar condenando a ese municipio a vivir en permanente conflicto para garantizar servicios públicos, cuando los primeros vendedores ya se hayan ido?
Vive en conflicto porque falta un andamiaje de reglas urbanísticas claras, reglas metropolitanas para que no sea una babel la gestión urbana de esta ciudad. Acusamos la ausencia de reglamentos e instituciones, lo que provoca corrupción, abusos y la desfiguración del valor preponderante. Atestiguamos una confrontación constante entre el capricho inmobiliario y la sensatez de lo posible.
Vivimos escenarios de conflicto sin estructura, sin objetivos; un escenario de displicencia técnica, frivolidad urbana y ausencia de visión común. Frivolidad que pasará factura si no actuamos pronto con una visión común. Frivolidad que se traduce en el desdén a la lógica del crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable en la persecución de cualquier negocio inmobiliario a toda costa. Un conflicto cuya base está, no en la fuerza de las presiones inmobiliarias frente a la escasez del insumo suelo, sino en el profundo desprecio que tenemos por la planeación y las ciencias aplicadas a la ciudad. ¿Quién quiere planear si a Querétaro le va tan bien?
Para atender cualquier conflicto se debe trazar una estrategia, se deben procurar acciones y objetivos; se debe estructurar la forma de evaluar las alternativas de solución y después actuar en consecuencia con las ciencias como soporte. No tenemos donde realizar ese diálogo entre conflictuados. Necesitamos con urgencia un centro dónde negociar el futuro metropolitano; un punto de encuentro entre las partes; una mesa dónde ponderar lo más conveniente para todos; un cerebro que atenúe la natural brutalidad que llega a mostrar con frecuencia el mercado. Una institución pública que mire por el interés público en la ciudad, más allá de los individuos. Más allá del que tiene la razón pero ahora lo que quiere es vengar las miles de veces que se ha sentido ignorado.
Necesitamos un Instituto de Planeación Urbana dónde llegar a acuerdos.
Fuente: CódigoQro