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Sedatu alista estrategia nacional de Ordenamiento Territorial

Ciudad de México. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) alista la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT), la cual será puesta a consideración de los consejos estatales y del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; así como del Congreso de la Unión, en junio y julio, informó Román Meyer Falcón, titular de la dependencia.

En la Asamblea General de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México 2019, el secretario precisó que es la primera vez que un gobierno federal impulsa una estrategia de ordenamiento territorial, tomando como base los lineamientos y principios establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

“La estrategia configurará la dimensión espacial del desarrollo territorial del país y establecerá los lineamientos para que las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno estén encaminadas a reducir las brechas que hoy en día presentan. La ENOT será la guía del México que necesitamos construir en el mediano y largo plazo”.

Detalló que la ENOT será construida de forma colaborativa, por lo que se integrarán las propuestas que se viertan en las consultas, con la finalidad de conformar un documento acorde a las necesidades y riesgos de los ecosistemas de cada región.

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Armando Rosales García detalló que una vez recibidas las opiniones “se elaborará la versión definitiva para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, como un instrumento de carácter jurídico cuyas disposiciones serán de aplicación estricta y técnica para la planeación territorial, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en todo el Estado”.

El titular de la Sedatu también recalcó que, por primera ocasión, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se incluye un eje transversal que articula una visión sostenible del territorio con el objetivo de incrementar el bienestar social y reducir las desigualdades.

Fuente: La Jornada

Una ciudad en permanente conflicto

El conflicto es en esencia un choque de intereses, un episodio donde dos o más posiciones se enfrentan hasta que una vence o entre ellas construyen un acuerdo. La ciudad de Querétaro vive en conflicto. En conflicto vial por saturación y falta de alternativas de transporte y trayectorias; en conflicto de agua por sobreextracción, venta de futuros sin inversión presente, falta de saneamiento y reúso. En conflicto social en cada condominio y colonia debido a una precaria cultura de convivencia y solidaridad, pues nos falta educación cívica y pareciera que quien alguna vez la tuvo, está pensando olvidarla. En conflicto de suelos porque unos cuantos se hicieron con el control de miles de hectáreas periurbanas y quieren que el desarrollo y la obra pública se las habilite con agua, calle y energía; provocando además una burbuja inmobiliaria por sobreprecios sin fundamento. ¿Ejidos ahora sin suelo de ejidatarios fifís? Se podría parafrasear al presidente.
Entre un 30 y un 35 por ciento de esta ciudad está vacía ya urbanizada. Nos expandimos ahora hacia Colón y al parecer repetiremos allá el modelo Zibatá. Espero equivocarme, pero lo estaríamos haciendo sembrando los mismos elementos de conflicto, pues no hay un programa integrado de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, al menos no publicitado, y no pareciera haber una planeación fiscal para el sostenimiento de este nuevo polo de desarrollo. ¿Pudiéramos estar condenando a ese municipio a vivir en permanente conflicto para garantizar servicios públicos, cuando los primeros vendedores ya se hayan ido?
Vive en conflicto porque falta un andamiaje de reglas urbanísticas claras, reglas metropolitanas para que no sea una babel la gestión urbana de esta ciudad. Acusamos la ausencia de reglamentos e instituciones, lo que provoca corrupción, abusos y la desfiguración del valor preponderante. Atestiguamos una confrontación constante entre el capricho inmobiliario y la sensatez de lo posible.
Vivimos escenarios de conflicto sin estructura, sin objetivos; un escenario de displicencia técnica, frivolidad urbana y ausencia de visión común. Frivolidad que pasará factura si no actuamos pronto con una visión común. Frivolidad que se traduce en el desdén a la lógica del crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable en la persecución de cualquier negocio inmobiliario a toda costa. Un conflicto cuya base está, no en la fuerza de las presiones inmobiliarias frente a la escasez del insumo suelo, sino en el profundo desprecio que tenemos por la planeación y las ciencias aplicadas a la ciudad. ¿Quién quiere planear si a Querétaro le va tan bien?
Para atender cualquier conflicto se debe trazar una estrategia, se deben procurar acciones y objetivos; se debe estructurar la forma de evaluar las alternativas de solución y después actuar en consecuencia con las ciencias como soporte. No tenemos donde realizar ese diálogo entre conflictuados. Necesitamos con urgencia un centro dónde negociar el futuro metropolitano; un punto de encuentro entre las partes; una mesa dónde ponderar lo más conveniente para todos; un cerebro que atenúe la natural brutalidad que llega a mostrar con frecuencia el mercado. Una institución pública que mire por el interés público en la ciudad, más allá de los individuos. Más allá del que tiene la razón pero ahora lo que quiere es vengar las miles de veces que se ha sentido ignorado.
Necesitamos un Instituto de Planeación Urbana dónde llegar a acuerdos.
Fuente: CódigoQro

Para contribuir a la pacificación del país, impulsa Sedatu nueva Política Nacional de Vivienda

La política de vivienda tiene el objetivo de garantizar, promover y proteger el derecho humano a la vivienda, con la colaboración entre el sector público y privado: Román Meyer

 

Ciudad de México, 30 de abril, 2019.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, anunció que con el objetivo de contribuir a la pacificación del país, la dependencia a su cargo impulsa una nueva Política Nacional de Vivienda.

En conferencia de prensa, tras participar en la 118 Asamblea General del Infonavit, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SEDATU sostuvo que se trabajará para recuperar el territorio y garantizar el derecho humano a la vivienda, empezando con los que menos tienen.

Meyer Falcón agregó que esta política nacional es un llamado a los tres órdenes de gobierno, a los distintos sectores y a organismos nacionales como el propio INFONAVIT, para que dentro de sus atribuciones, cumplan con el siguiente decálogo de lineamientos:

1. Asegurar la adecuada ubicación de la vivienda garantizando la disponibilidad de servicios e infraestructura, considerando las necesidades de las familias.

2. Situar a la vivienda como un elemento que articula el ordenamiento territorial, junto con la adecuada gestión del suelo.

3. Garantizar el derecho a la vivienda, entendiéndola como la formadora de nuestras comunidades, pues representa un entorno habitacional de ejercicio de derechos y de oportunidades.

4. Incluir los requerimientos de vivienda asociados a todos los proyectos económicos, turísticos y de infraestructura que se desarrollen.

5. Contar con un enfoque regional que respete la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, considerando el diseño de la vivienda, hasta la selección de los materiales de construcción.

6. Desarrollar los mecanismos que brinden certeza jurídica a las familias en las distintas modalidades de propiedad.

7. Focalizar el presupuesto y las acciones para las comunidades indígenas o que presenten altos niveles de rezago habitacional, de marginación y de violencia. Así mismo, ampliar progresivamente los recursos públicos de los programas de vivienda para la población no derechohabiente.

8. Atender las diversas formas de producción, tipos y necesidades de vivienda, incluyendo la producción social de vivienda y la construcción asistida, adecuando los programas a la realidad social, cultural y económica de las personas.

9. Fortalecer las acciones de mejora regulatoria, con la finalidad de simplificar trámites y procedimientos, desde los que corresponden al acceso a la información, la regularización, en la tenencia de la vivienda, hasta el otorgamiento de créditos y sus modelos de cobranza.

10. Fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas de participación comunitaria, especialmente en el ámbito rural.

Cabe señalar que para reforzar el cumplimiento de los objetivos, ya se instalan en todo el país los Consejos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; así como los observatorios ciudadanos que los acompañan, mismos que darán seguimiento a los planes de desarrollo urbano que las autoridades locales están obligadas a expedir y actualizar.

 

Fuente: GOB

Las ciudades inteligentes deben prestar más atención a las personas que viven en ellas

Alrededor del 68 % de la población mundial podría vivir en áreas urbanas para 2050. Es muy probable que las ciudades inteligentes formen parte de este futuro, prometiendo hacer nuestras vidas más cómodas, seguras y sostenibles.

En su mayoría, los participantes en los proyectos de ciudades inteligentes son políticos, consultores, académicos y empresas de tecnología. Sin embargo, a menudo falta el grupo más importante de participantes: los ciudadanos comunes y corrientes que tendrán que vivir en estas ciudades transformadas.

En consecuencia, las estrategias y los proyectos se centran demasiado en la tecnología y no lo suficiente en los habitantes de las ciudades. Este tema ha surgido previamente en el mundo académico y se ha respondido con marcos y estándares como el Boston Smart City Playbook (Compendio de ciudades inteligentes de Boston o los estándares para las ‘smart cities’ (ciudades inteligentes) de BSI.

Sin embargo, la investigación ha demostrado que todavía hay deficiencias y contradicciones con respecto a la verdadera centralidad de los habitantes. A la luz del hecho de que la centralidad de los habitantes y la participación ciudadana son factores decisivos para el éxito de cualquier transformación de una ciudad inteligente, se vuelve fundamental poner a los habitantes en primer lugar.

De lo contrario, las ciudades podrían hacer grandes inversiones en servicios que su gente no usará ni deseará. Si quienes toman las decisiones no cambian la trayectoria actual, veremos más protestas similares a las de Toronto este año.

¿Cómo podría suceder esto?

El mercado de las ciudades inteligentes está creciendo rápidamente a un volumen previsto de 158 mil millones de dólares para 2022 y muchos grupos interesados ​​esperan obtener ganancias de esto. Para las empresas de tecnología no solo es lucrativo desarrollar hardware y software, sino también ofrecer servicios adicionales. Entre otras cosas, la mayoría de las ciudades no son capaces de manejar la afluencia de datos recién adquiridos, e infieren ideas significativas o las monetizan, por lo que los gobiernos buscan ayuda del sector privado. Debido a la falta de personal de TI calificado, a menudo se contrata a terceros para que se ocupen de la ciberseguridad.

Debido a la popularidad de las ciudades inteligentes, los tomadores de decisiones políticas pueden usar los proyectos de ciudades inteligentes para imponer una marca y al mismo tiempo estimular las inversiones. Lamentablemente, existe una gran brecha de conocimiento de tecnología en la política, que limita el desarrollo de estrategias razonables. La falta de conocimiento se compensa buscando la ayuda de terceros que pueden tener sus propias intenciones ocultas.

Esta dependencia del sector privado refuerza la estrecha colaboración entre los gobiernos de las ciudades y las empresas, lo que lleva a una mayor exclusión de los ciudadanos comunes.

Falsos incentivos de las clasificaciones de las ciudades inteligentes

Al analizar las metodologías y los indicadores medidos en las clasificaciones de las ciudades inteligentes que han llamado la atención en los medios de comunicación, resulta obvio que el foco en los habitantes y el compromiso ciudadano solo desempeñan un papel secundario.

El Índice de Ciudades en Movimiento IESE (IESE, Cities in Motion Index (CIMI) 2018 presentó una clasificación de las ciudades bien diseñada y demostró que la colaboración (entre, por ejemplo, residentes y administración, asociaciones público-privadas y entre ciudades) es fundamental para el éxito, pero no tuvo en cuenta ningún parámetro de centralidad del habitante y compromiso ciudadano al determinar su clasificación.

El Índice de Ciudades en Movimiento de Easy Park de 2017 utilizó la participación electoral como representación del compromiso ciudadano, lo que no necesariamente se traduce en una ciudad inteligente más democrática y centrada en el habitante. Una clasificación del Eden Strategy Institute más reciente incluyó la centralidad de las personas como uno de los 10 parámetros que se ponderaron por igual, definiéndola como una estrategia en la que las personas ocupen el primer lugar, pero no explica cómo hacer una medición cuantitativa.

La consecuencia lógica de centrarse primero en las personas habría sido reflejar su importancia en la ponderación general de la puntuación total, lo que no sucedió. Algunas clasificaciones usaron la participación política como representación del compromiso ciudadano en los proyectos de ciudades inteligentes. No obstante, según el sistema político, muchos funcionarios municipales que participan en proyectos de ciudades inteligentes no se eligen por vía democrática, y son simplemente funcionarios públicos, lo que limita la importancia del parámetro utilizado. Y dado que esas clasificaciones se citan a menudo en los medios de comunicación y las ciudades los utilizan con fines de marketing, estas tienen un efecto de autoafirmación.

Las clasificaciones de ciudades inteligentes deben comenzar a investigar y utilizar indicadores como la existencia de una plataforma de colaboración conjunta, medios de participación fuera de línea (una oficina dedicada, encuestas puerta a puerta y telefónicas, por ejemplo), porcentaje de la población encuestada de la ciudad, representantes comunitarios en los comités directivos, incorporación de opiniones permanentes de los ciudadanos, cantidad de eventos públicos, educación digital gratuita, posibilidad de exclusión de la recopilación de datos, proporción de proyectos iniciados de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, transparencia en la comunicación y en la contratación de socios comerciales (como el uso de datos o la monetización).

Además, las clasificaciones de las ciudades inteligentes deberían atribuir más importancia a los indicadores centrados en los habitantes cuando calculan la puntuación total. Cuando no se refleja la importancia de la centralidad del habitante en las clasificaciones, se establecen falsos incentivos y ejemplos engañosos para futuros proyectos de ciudades inteligentes.

Cómo centrarse en las personas

La ciudad de Montreal comprometió a sus ciudadanos mediante cuatro encuestas, reuniones y una línea telefónica dedicada para informar sus metas de ciudad inteligente y recopilar ideas. En total, la ciudad recopiló datos de encuestas cualitativas de 7601 residentes, lo que equivale a menos del 0,0045 % de la población de la ciudad. Es obvio que una parte no representativa de la población podría haber impactado la vida de todos los habitantes. Por lo tanto, necesitamos una recopilación de datos más científicamente representativa. Además, se debe incentivar y reunir continuamente las opiniones y la generación de ideas de los ciudadanos, no solo en algunas etapas de los proyectos.

La línea telefónica dedicada de Montreal logró más de un millón de puntos de datos que revelaron los deseos y problemas de sus ciudadanos. Predominantemente incluían carreteras, parques, recolección de residuos o alumbrado público. Mientras los expertos en tecnología discuten la inteligencia artificial, el análisis de datos, los sensores, la robótica o la cadena de bloques en el contexto de una ciudad inteligente, los habitantes parecen definir una ciudad inteligente con menos énfasis en la tecnología. Por lo tanto, es importante establecer un terreno común cuando se trata de definir una ciudad inteligente y educar a los ciudadanos sobre las tecnologías digitales. Por el contrario, los comités directivos de ciudades inteligentes tienen que incorporar mejor los problemas, deseos y necesidades de sus habitantes.

Las ciudades como Estocolmo, Reikiavik, Ámsterdam y Copenhague tienen plataformas de sugerencias vinculadas en su sitio web u ofrecen aplicaciones a través de las cuales los habitantes pueden proporcionar información sobre la infraestructura y el entorno de la ciudad. Sin embargo, estas herramientas de comunicación tienden a excluir a las personas sin conocimientos digitales como los ancianos o simplemente los habitantes menos informados, lo que también resulta en un sesgo. Las personas con conocimientos e intereses digitales pueden contribuir de manera desproporcionada a una estrategia de ciudad inteligente. Por lo tanto, también hacen falta visitas domiciliarias y puntos de contacto fuera de línea dedicados que se comuniquen en los periódicos locales y por cartas. Los ciudadanos también deberían tener acceso continuo y en línea a un sistema de votación para la selección y financiamiento de las propuestas de proyectos.

Para cerrar la brecha de conocimiento tecnológico en los comités directivos, los gobiernos también deberían invertir en personal de tiempo completo que pueda iniciar y gestionar los proyectos de ciudades inteligentes. Debería ser un equipo diverso de ingenieros, programadores informáticos, estadísticos, biólogos, psicólogos, científicos sociales, abogados, ingenieros civiles, profesionales de la salud, profesores y otros que puedan crear un consejo de ciudad inteligente, equilibrado y experto. Tal equipo multidisciplinario dependería menos de consultores externos y socios corporativos, lo que permitiría un diálogo más cercano y menos sesgado con los habitantes.

Solicitud por el centrado en los habitantes

Pido a los tomadores de decisiones de los proyectos de ciudades inteligentes que incluyan a un grupo representativo de los habitantes de sus ciudades en sus ideas, desarrollo de estrategias e implementación de proyectos. Deben realizar encuestas exhaustivas, grupos focales y entrevistas, tener un centro de innovación abierta tanto en línea como fuera de línea con un sistema de votación democrático y transparente. Los proyectos que reciben altos índices de aprobación y que los expertos consideran factibles, deben desarrollarse conjuntamente con un circuito cerrado de opiniones del público. Además, la comunicación debe ser transparente y el comité directivo interdisciplinario debe ser accesible.

Las ciudades deben brindar capacitación digital y crear conciencia para que cada habitante pueda comprender cómo se define una ciudad inteligente y las implicaciones que podría tener, como la sostenibilidad, la seguridad, los costos y la privacidad, por ejemplo. Los socios comerciales deben seleccionarse de manera transparente, no solo tomando en consideración el precio, sino también el uso de datos, la seguridad, el mantenimiento y la sostenibilidad, junto con otros indicadores.

En última instancia, las ciudades se construyen para varias generaciones y no para satisfacer los intereses comerciales de empresas o políticos ambiciosos que desean dejar su huella. A pesar de que una ciudad podría promocionarse a sí misma como inteligente o utilizar tecnologías innovadoras, no serviría de nada si descuida a su gente y entorno.

 

Fuente: WORLD ECONOMIC FORUM 

Presentan decálogo para implementar nueva política de vivienda

El titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, dio a conocer el decálogo de lineamientos que se deberán cumplir para implementar la política de vivienda.

Ciudad de México.- La nueva política de vivienda garantizará el derecho humano a una casa digna, mediante la colaboración entre el sector público y privado, afirmó Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano.

Al presentar la política de vivienda de esta administración en la Asamblea 118 del Infonavit, el titular de la Sedatu destacó que se buscarán mecanismos de financiamiento para adquirir vivienda con un enfoque planeado e integrado del territorio.

Advirtió que esta política nacional no se limitará sólo a ordenar la acción del gobierno en la materia, sino que impulsará la coordinación de las tres órdenes de gobierno, los distintos sectores y organismos nacionales para desarrollar esta estrategia.

Meyer Falcón presentó el decálogo de lineamientos que se deberán cumplir para implementar la política de vivienda:

  1. Asegurar la adecuada ubicación de la vivienda garantizando la disponibilidad de servicios e infraestructura.
  2. Situar a la vivienda como un elemento que articula el ordenamiento territorial junto con una adecuada gestión del suelo.
  3. Garantizar el derecho a la vivienda entendiéndola como la formadora de nuestras comunidades. Pues representa un entorno habitacional de ejercicio de derechos y de oportunidades.
  4. Incluir los requerimientos de vivienda asociados a los proyectos económicos, turísticos y de infraestructura que se desarrollen.
  5. Contar con un enfoque regional que respete la diversidad cultural en todas sus modalidades y manifestaciones. Considerando el diseño de la vivienda hasta la selección de los materiales de construcción.
  6. Desarrollar los mecanismos que brinden certeza jurídica a las familias en las distintas modalidades de propiedad.
  7. Focalizar el presupuesto y las acciones para las comunidades indígenas o que presenten altos índices de rezago habitacional de marginación y de violencia. Asimismo, ampliar progresivamente los recursos públicos de los programas de vivienda para la población no derechohabiente.
  8. Atender la diversa formación de producción, tipos y necesidades de vivienda. Incluyendo la producción social de vivienda y la construcción asistida. Adecuando los programas a la realidad social, cultural y económica de las personas.
  9. Fortalecer las acciones de mejora regulatoria con la finalidad de simplificar trámites y procedimientos. Desde los que corresponden al acceso a la información, la regularización en la tenencia de la vivienda hasta el otorgamiento de créditos y sus modelos de cobranza.
  10. Fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas así como cooperativas de participación comunitaria especialmente dentro del ámbito rural.

Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, resaltó que desde el inicio de esta administración se redujeron sus gastos operativos en mil 800 millones de pesos y previó que antes de que termine el año se habrá superado la meta original de 2 mil millones.

“Lo anterior liberará recursos para emprender nuevos programas en beneficio de los trabajadores y asegurar un mejor rendimiento de la subcuenta de vivienda”, enfatizó.

Comentó que se van a privilegiar las licitaciones públicas por sobre cualquier procedimiento de compra.

“Nos sugieren eliminar todo método que implique discrecionalidad y abra la puerta a malas prácticas, y en este sentido actuaremos”, refirió.

Resaltó que se aprobó un nuevo tabulador salarial para que ningún funcionario del Infonavit gane más que el Presidente de la República.

“Los recursos que administra el Infonavit son de los trabajadores. Nuestra obligación legal y moral es ejercerlos como estricto apego a los criterios de austeridad y eficiencia”, apuntó.

 

Fuente: El Universal

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