Día Mundial del Medio Ambiente: poco para celebrar, mucho por aprender.

Hoy 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. No es una celebración, porque poco hay para festejar, pero sí es una jornada de concientización.

El presidente norteamericano Donald Trump se asoció de manera literal: con el anuncio de su decisión de retirar a los Estados Unidos de los acuerdos sobre cambio climático puso de relieve que conciencia es lo que más falta. En quienes mandan.

Cada hora el tráfico de fauna silvestre le otorga un millón de dólares de ganancia a los que comercian ilegalmente tortugas terrestres, papagayos o cuernos de rinoceronte. Cada hora una minera a cielo abierto consume medio millón de litros de agua para convertir la montaña en oro para hacer lingotes. Cada hora los océanos del mundo reciben mil toneladas de plástico en forma de basura, en un planeta cuyos líderes arengan contra el uso de los combustibles fósiles. Cada hora desaparecen 400.000 árboles en el mundo para producir papel. Cada hora la atmósfera reciben cinco mil millones de kilos de dióxido de carbono que provoca el calentamiento global. Cada hora la selva amazónica pierde 60 hectáreas: el equivalente a 120 canchas de fútbol. Todo eso pasa en sólo una hora: incluso, multiplicada por 24, durante la efeméride que promete respetar el ambiente.

Una pregunta retórica. ¿Esto pasa porque quienes no deciden ni se benefician sino que se perjudican carecen de conciencia? Sea como fuere, los ciudadanos han aprendido más que los gobernantes, evidentemente.

Los logros

No usar pieles

La población mundial aprendió que el consumo suntuario y fácilmente reemplazable de los tapados de armiño provoca la muerte a 140 millones de animales silvestres cada año, y que por cada dos animales asesinados para convertirse en estola hay uno que muere solo como efecto colateral. Entendimos que la lógica peletera ha llevado al borde de la extinción a la chinchilla, a la nutria marina y la boa curiyú, entre otros. Y que la introducción de especies invasoras con fines peleteros puede, como el castor en Tierra del Fuego o el visón americano en Europa, provocar daños ambientales mucho mayores que el hipotético beneficio económico planificado. Aprendimos que lo ambiental, además de un ejercicio de defensa de la naturaleza, es un valor. No hay ética que justifique en el siglo XXI matar a un animal para emperifollarse con su piel.

Usar la bicicleta

Gran parte de la humanidad comprendió que la bici es mucho más que un buen ejercicio para las piernas. Que es mucho más que el elemento más práctico para moverse en pequeñas ciudades o pueblos en los que el transporte es caro y escaso, el remise es un lujo, y para ir caminando es lejos. En las grandes ciudades, en las que hoy viven siete de cada diez argentinos, aprendimos que además del aporte a la salud individual y a la salud colectiva por el ahorro de combustibles fósiles, la bicicleta es un medio de transporte eficiente y no contaminante por tres poderosas razones: deja menor huella de carbono en su fabricación que cualquier otro vehículo, mejora la calidad del aire y, por sobre todo, hace a las ciudades menos ruidosas.

No cazar

Aprendimos que evolutivamente el hombre social cría animales pero no sale a cazarlos como un depredador salvaje. Que la caza tiene hoy como únicas finalidades la económica o la lúdica, a costa de otro ser vivo. Que, aunque no parezca, la caza contamina: sola la caza deportiva de palomas en la provincia de Córdoba deja sobre el suelo 400 toneladas de plomo por año, provenientes de los perdigones. Que la caza promueve el desplazamiento y la potencial desaparición de especies autóctonas para dar lugar a las que serán cazadas. Que da lugar al maltrato animal, como ocurre con los perros de cacería. Y aprendimos que ningún rey es más que un elefante.

Las deudas

Consumir responsablemente

Suele decirse que el día en el que los consumidores rechacen simultáneamente un producto por contaminante, la empresa que lo produce se hará a la fuerza más ecológica. Aprender a ser consumidores responsables supone elegir aquel producto cuyo proceso sea menos lesivo para el ambiente. Supone no comprar de más, principalmente comida, para no alentar el desperdicio o la sobreexplotación innecesaria de los recursos. Supone usar papel reciclado o postergar lo más que se pueda el reemplazo de aquel artefacto que todavía funciona, aunque no ostente el último diseño. Consumir responsablemente supone pensar por nosotros mismos y no por lo que nos imponen. Eso se aprende.

Reclamar la sustentabilidad

Si bien la ética es trascendente, es la economía la que define las formas de inversión y producción. Y es la exigencia del ciudadano, la que predispone a adoptar políticas sustentables. La sociedad debería exigir que los municipios recolecten la basura separada previamente, que no avalen el derroche de luminaria pública innecesaria o el desperdicio de agua corriente para regar los canteros de una plaza. Todavía es necesario entender que votar es imprescindible pero no suficiente y que el control por parte del Estado es mayor y más eficaz cuando hay una sociedad dispuesta a demandarlo.

Bajarse del auto

Es cierto que muchas veces contamos con la coartada que supone un sistema de transporte ineficiente y, para colmo, contaminante. Pero eso no alcanza para justificar el endiosamiento del auto particular como modo excluyente de movilidad. Su aporte en gases de efecto invernadero, su incidencia negativa en la salud pública, ya sea a través de los accidentes como del incremento del estrés, su relación costo-beneficio, en precio, en tiempo, en salud y en contaminación es cada vez peor. La población bien conoce estos factores, pero aun así no aprendemos a bajarnos del auto.

(Fuente. Infobae)

¿Feliz cumpleaños?

Por MNU y Lic. Gabriel Ballesteros Martínez

Instrumentar el Derecho a la Ciudad es la agenda urbana en la que está inmerso el país y de la cual, en efecto, no estamos al día en Querétaro.

Hace 5 años que tenemos el nuevo Código Urbano, publicado el 31 de mayo de 2012; legislación criticada y luego acusada, que vivió el suspenso de ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (36 meses), donde pasó la prueba de una supuesta controversia constitucional con el orden municipal de gobierno. Por cierto, controversia promovida desde las sombras por algunos especuladores de suelo.

Instrumento jurídico para el porvenir de nuestras ciudades que disgustó a algunos desarrolladores por obligarles a dotar a la ciudad de equipamientos terminados y no solo permitirles donar solares inútiles para el patrimonio social y espacial de la comunidad, como se hacía desde 1992.

Ley que ya fue reformada en 2015 para satisfacer algunas voces que prefieren urbanizar sin calidad de espacio público y que estuvieron a punto de colarle un párrafo que les permitiera conmutar dinero a las alcaldías por áreas verdes para la comunidad (versión del artículo 156 que devolvió el Gobernador Calzada en su momento a los legisladores, sin publicar, porque atentaba contra más de 2,200 hectáreas de áreas verdes, según proyecciones a 2030).

Un documento que ha sido cuestionado por muchos, autoridades incluso (algunas que no lo han siquiera leído, me consta) y del cual algunas de sus nuevas instituciones urbanísticas permanecen vírgenes, pues ni los gobiernos, ni los colegios, ni las cámaras promueven su uso. Curioso resulta que en diversos foros algunos de estos actores hablan de lo útiles que serían estas instituciones (¿¡?) … polígonos de actuación, operaciones coaligadas, obras por cooperación, asociaciones público privadas, secretariados técnicos, institutos de planeación; todas están ya ahí.

La ironía de que ya estén en el texto legal y nadie las ocupe es terrible, trágica. Pero no es de extrañarnos, no se ha gastado un peso público en su difusión. Quienes desarrollan no las conocen y quienes las deberían promover desde el gobierno las ven con riesgo de que su status quo pueda cambiar. Un ejemplo de esto es la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, que fue concebida como el policía del sistema y que a punto ha estado y quizá está de desaparecer pues la actual administración estatal no se le considera relevancia… pocos la usan; vaya tragedia en una entidad federativa donde a diario muchos construyen sin licencia, se poda o se despalma sin permiso y donde se extraen materiales, en ocasiones, en la más evidente impunidad.

Y es que un texto legal sin instrumentación puede ser una tomada de pelo legislativa. Una falla del Ejecutivo estatal, y una irresponsabilidad de los presidentes municipales y sus ayuntamientos, quienes tienen la obligación de proveer en la esfera administrativa al exacto cumplimiento de la ley, es decir, hacer reglamentos. Una ley sin reglamentos no solo queda a merced de la discrecionalidad y de la interpretación; queda a merced de la crítica sin fundamento; normas sin operatividad a menudo tergiversadas por casuales peritos y jefes de departamento para sustentar el abuso de poder; o peor aún, se vuelven instituciones abiertas al oportunismo legislativo.

En ese escenario está el Código Urbano en este momento. Instituciones como la CEA, la CEI y todo el modelo para decidir, socializar, diseñar y ejecutar la obra pública requieren con urgencia un entramado legal coherente, integrado… no opaco.

Varios son los reglamentos que deberían haber sido ya creados y que darían el andamiaje para cumplir varios de los objetivos que señala el Artículo 3º:

 

“…Todas las personas residentes en el Estado de Querétaro tienen derecho al disfrute de ciudades sustentables, justas, democráticas, seguras, equitativas, para el ejercicio pleno de sus derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”…:

De acuerdo a los Artículos Transitorios Tercero y Cuartos del nuevo Código Urbano de 2012 tanto el Titular del Ejecutivo como los Ayuntamientos están en falta. Deberían ya haberse discutido y emitido los siguientes cuerpos reglamentarios, cuando menos:

 

  • Reglamento de Desarrollos Inmobiliarios
  • Reglamento General de Propiedad en Condominio y Relaciones Vecinales
  • Reglamento de Construcciones, Normas Técnicas y Usos de Suelo
  • Reglamento de Observatorios Urbanos.
  • Reglamento de Aguas

 

De la misma manera ya debería haberse revisado y actualizado la Ley de Planeación que data de 1993 cuando éramos otro Querétaro. Por otra parte, nuestra agenda para el desarrollo urbano tiene pendiente en la mayoría de los municipios la revisión y actualización de sus planes y programas de desarrollo. Máxime que ahora es obligación para los que tienen más de cien mil habitantes hacerlo en dos años, de acuerdo a un Transitorio de la nueva legislación federal de la materia.

No es menor la necesidad de estos instrumentos. Bastaría con preguntarle a los jueces de lo Contencioso Administrativo para ratificar si son urgentes y lo mucho que atemperarían las relaciones entre el sector inmobiliario y los municipios.

Bastaría con asistir a unas cuantas asambleas condominales para identificar el caos que se ha gestado y las grandes confusiones que permite una ley sin detallar. A gritos piden estas grandes comunidades urbanas como Ciudad del Sol, Rancho Bellavista o el mismo Campanario, una estructura normativa comprensible.

Lo dramático es que muchos de estos instrumentos existen ya al nivel de proyecto; están en cajones de la SDUOP y en las Secretarías del Ayuntamiento pero su cabildeo es tímido; surge y se desvanece de conformidad a los particulares momentos de tensión entre el sector y las administraciones públicas. Toma fuerza en las campañas electorales para luego volver a dormir cuando ya no es necesario despertar a ese monstruo llamado debate.

Lo inquietante es que ahora hay que ajustar el Código Urbano a la Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano publicada en noviembre pasado. En ella vienen nuevas instituciones como el reordenamiento parcelario; las bases para la sustentabilidad financiera del desarrollo urbano. Las nuevas instituciones para la democratización de ordenamiento territorial, como lo es la estructura de Consejos y Comités de Desarrollo Urbano y la posibilidad de sancionar a aquellas autoridades que permitan la realización de edificaciones o cambios de uso de suelo que no se apeguen a los programas de desarrollo urbano.

También en esta nueva ley federal se detallan los principios para generar la transformación de la movilidad urbana (Artículo 73); principios que, si los Diputados de Acción Nacional en nuestra actual Legislatura hubieran considerado, por ninguna razón habrían reformado los artículos 178 y 180 del Código Urbano para permitir controles de acceso en fraccionamientos y conceder en la práctica el cerramiento de colonias…

Entre otras cosas, la nueva legislación federal señala las bases para que a nivel local se generen las herramientas para garantizar la solidez del sistema de planeación urbana, una asignatura donde estamos reprobados los queretanos; esa en conjunto con la gobernanza metropolitana que viene en el Artículo 35, ahora obligatoria y donde nuestros alcaldes conurbados se resisten de acuerdo al color de su partido o en virtud de la carrera electoral hacia la gubernatura.

En su quinto aniversario nuestro Código Urbano pareciera que no tiene ni quien le prenda una velita; parece que no tiene amigos; ha sufrido bullying de varios actores: de los que lo ignoran; de los que no quieren cinturones o lo que es lo mismo, que se institucionalice; de aquellos que no lo aplican y de aquellos que lo prefieren blando e incoercible. Ahora esperemos que los ajustes con la ley federal no signifiquen la oportunidad para que legisladores irresponsables permitan ocurrencias en favor de unos cuantos.

En este escenario, desde Hacer Ciudad y con un gran optimismo queremos desearle un muy feliz cumpleaños a nuestra ley urbana, que a un lustro de su advenimiento sigue a la espera de su adecuada instrumentación.  Y digo con optimismo, pues el Código anterior pasó así veinte años…

 

3 tendencias que mueven al sector inmobiliario en 2017

La oferta y demanda de inmuebles en la República Mexicana mantendrá un crecimiento sostenido durante 2017, asegura la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Te presentamos las tendencias que observa la asociación en el sector inmobiliario durante este año.

La demanda de los usuarios por mayores inmuebles para oficinas y viviendas se mantiene constante. La incertidumbre económica desatada por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el aumento en las tasas del Banco de México (Banxico)no ha sido un impedimento que detenga al sector inmobiliario.

“Los inversionistas mexicanos siguen confiando en invertir en ladrillos. La inversión inmobiliaria y de vivienda sigue siendo segura”, asegura en conferencia de prensa Beatriz Gamboa Lago, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

La AMPI cree que la oferta y demanda de inmuebles en la República Mexicana mantendrá un crecimiento sostenido durante 2017. Te presentamos las tendencias que observa la asociación en el sector inmobiliario durante este año.

1. Inversión en playas y lugares coloniales

En la actualidad, el tipo de cambio beneficia al negocio inmobiliario por la inversión extranjera en el desarrollo de proyectos en playas y centros históricos de las ciudades, como San Miguel de Allende, en Guanajuato, o Mérida, en Yucatán, regiones que prefieren los visitantes estadounidenses y canadienses para establecerse.

“Con la paridad cambiaria la inversión extranjera es bastante”, dice Gamboa Lago.

El tipo de cambio ha alcanzado niveles de 20 pesos por dólar este año, mientras que hoy se vende en 19.21 en bancos del país.

En la Riviera de Nayarit y Los Cabos, Baja California, como regiones de playa, han destacado por la participación de inversionistas extranjeros.

Las ventas de inmuebles en regiones de playa se han incrementado en un 30%, por la dificultad de encontrar terrenos. “La inversión en playa o costa es una inversión segura”, dice Beatriz Gamboa.

2. Mayores rentas

El negocio de las rentas en la Ciudad de México avanza y beneficia a los dueños de las propiedades por el incremento en los precios en dólares. La capital del país mantiene una oferta restringida, lo que también beneficia el incremento de su valor.

Los crecimientos de este negocio pueden ir de 10 a 12% durante este año. La vivienda vertical cobra relevancia frente a la necesidad de más vivienda cercana a los centros de trabajo de los arrendatarios.

Los socios de la AMPI son los intermediarios entre la oferta y la demanda, es decir, se encargan de ofertar los espacios de los desarrolladores inmobiliarios y atender al cliente final que adquirirá o rentará un inmueble.

3. Estados ganadores

Los estados que resultan atractivos para la inversión inmobiliaria son Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, de acuerdo con la visión de los socios de la AMPI.

La AMPI mantiene un convenio de colaboración con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) para la comercialización de los proyectos inmobiliarios en la República Mexicana.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) incrementará su financiamiento de 1.5 a 1.8 millones de pesos (mdp) en abril, acción con la que el instituto busca llegar a nuevos mercados y que la gente ocupe sus créditos, dice Gambo Patrón, quien espera que sea un factor que motive nuevas inversiones y mayor demanda.

La AMPI cuenta con 3,000 asociados y espera este año llegar a 5,000 asociados, por el interés de los consumidores en la adquisición de vivienda media.

 

(Fuente: Alto Nivel)

Establecen límites urbanos para subsidios de viviendas

La Sedatu federal no autoriza el otorgamiento de créditos para vivienda si los proyectos no se encuentran dentro del mapa georeferenciado. En la mayoría de los casos, en estas áreas territoriales es donde el costo de la tierra es más elevado, lo que propicia zonas residenciales más caras

Querétaro, junto con el resto de las entidades del país, recibió una actualización en los Perímetros de Contención Urbanos (PCU), medida que es utilizada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para establecer el desarrollo poblacional y otorgar subsidios de vivienda.

La delimitación geográfica considera los colores rojo (U1), que representa el área territorial con mayor densidad poblacional y sin subsidio. Verde (U2), donde se desarrolla vivienda de entre 5 y 10 millones de pesos, y azul (U3), que concentra el mayor crecimiento con proyectos que pueden ir desde los 300 mil hasta 3 millones de pesos.mapa2

Luis Alfonso García Alcocer, empresario especializado en el desarrollo de vivienda en la zona del Bajío y presidente del Club de Industriales de Querétaro, explica que con la información publicada por la Sedatu los desarrolladores pueden establecer sus proyectos anuales para la construcción de fraccionamientos.

Estimó que 95 por ciento de los datos de la actualización de la dependencia federal están “empatados” con los planes de desarrollo municipales que establecen cambio de uso de suelo.

Lo que está haciéndola  Sedatu es actualizar los polígonos en donde se marca el cinturón de desarrollo sustentable de las ciudades. Con esto se generan nuevos polos de desarrollo con base a los servicios y la movilidad. Para nosotros, los desarrolladores, es muy importante porque nos da la posibilidad de saber dónde y cómo habremos de invertir.

Explicó que la Sedatu no autoriza el otorgamiento de créditos de vivienda si los proyectos no se encuentran dentro del mapa georeferenciado y, en la mayoría de los casos, es también en estas áreas territoriales donde el costo de los terrenos es más elevado.

Señaló que, por esta circunstancia, les resulta más complicado a los empresarios inmobiliarios construir viviendas de interés social, ya que el costo base en la zona U3 es de 200 pesos por metro cuadrado.

Existen municipios como Pedro Escobedo, Colón y Huimilpan, donde el precio de la tierra es más accesible; sin embargo, por no formar parte de los polígonos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, los constructores no pueden ofrecer las viviendas con créditos gubernamentales o subsidios.

“Por el costo de la tierra no se pueden dar estos desarrollos de interés social, el precio, cuando menos, es de 200 pesos el metro cuadrado, ya incluyendo la autorización de la Conavi y que esté colindante con servicios y vialidades. Sí hay mucha necesidad de casas de interés social, pero cada vez hay menos posibilidades de concretarlo por el costo del terreno”.

De acuerdo con las Reglas de Operación 2017, para que una vivienda pueda ser adquirida con subsidio debe estar cerca de hospitales, tiendas, escuelas y centros de trabajo; contar con infraestructura de telecomunicaciones, transporte público cercano, áreas verdes y de esparcimiento; entre más cerca esté recibirá un mayor puntaje.

(Fuente: Am Querétaro)

6 cosas que necesita la CDMX para mejorar su movilidad

Uno de los principales problemas de las medidas que el gobierno implementa, en términos de movilidad, es que no están correctamente planeadas o diseñadas.

Algunas políticas han fracasado debido a la poca capacidad institucional y la falta de coordinación para hacer medidas integrales para TODAS las personas.

El ciclismo urbano ha sufrido la mala implementación y aunque existen propuestas para incluir mayor infraestructura, de poco sirven si no se planean de forma integral, con otros medios de transporte y con un mayor alcance.

Ciclovías que son de solo unos metros, de diferentes características y hechas sin planeación, son un ejemplo de ello.

Es por eso que el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta ha creado una guía dirigida a los gobiernos locales de América Latina que los orienta en la ejecución de políticas mejor diseñadas y que reaccionen ante problemas ambientales y de movilidad mediante la cicloinclusión.

Estas son las 6 propuestas para orientar a las instituciones que dirigen los procesos de planeación, implementación y seguimiento de políticas públicas de movilidad urbana.

1. Diseñar un Plan Maestro de la Bicicleta. Al igual que en otras ciudades de América Latina donde se ha aplicado exitosamente, fijar un Plan conciso que tenga un objetivo, una justificación, un diagnóstico, estrategias generales, y un modelo de seguimiento y gestión.

2. Institucionalizar la planificación. Tomando como referencia experiencias de otros países, trasladar todo el plan a las dependencias tomadoras de decisiones, siguiendo el modelo de organización siguiente: integración, gerencia, coordinación y prospección. Haciendo énfasis en la planeación a través de expertos en movilidad a escala humana y no solo de autos.

3. Financiamiento. Primero se debe identificar los objetivos de política pública, y con base en esto armar un portafolio de proyectos ganar-ganar para proponerse al Gobierno Nacional para que así se pueda financiar con recursos metropolitanos, regionales o nacionales. Al mismo tiempo, aunque estas medidas no son muy populares, recomiendan generar recursos adicionales por medio de impuestos de congestión y estacionamiento.

4. Socios externos. Mantener buenas relaciones que ayudarán a mantener la estabilidad de los programas y proyectos. Ya sea de carácter comercial, medios de comunicación, empresas, instituciones educativas y organizaciones ciudadanas. Éstas últimas deben ser incluídas tanto en tanto en la formación del plan, como en su ejecución.

5. Planeación. A veces al no haber coordinación, se implementan medidas a medias y sin conexión. Al respecto, el BID sugiere un esquema de planeación más eficiente, en donde se alineen los eslabones de planeación (Política-Programa-Plan-Proyecto) y al final una evaluación de resultados.

6. Vincular el Plan Maestro con otros planes regionales. Para que todo sea un éxito también es recomendable que se cree una sinergia con otros instrumentos como un Plan de Movilidad, Plan de Seguridad Vial, de Salud Pública, de Calidad del Aire, etc. De esta manera la promoción del ciclismo se pueden compartir recursos, y promocionar la movilidad desde distintos frentes.

Aunque suene complicado, el correcto seguimiento de estas recomendaciones puntuales, permitirá involucrar a mucha gente y actores para migrar la idea del ciclismo urbano a esferas importantes y así pensar la movilidad en bicicleta como algo posible.

Uno de los principales problemas actualmente, es la conducta que los usuarios de las calles, y aunque es un problema significativo, expertos sugieren que uno de las formas de combatirlo es precísamente la implementación de medidas integrales que transformen conductas a largo plazo, como ha sucedido en otros países.

(Fuente: atraccion360)

¿Quién es Gabriel Ballesteros?

Gabriel Ballesteros Martínez. Socio Fundador de la firma Ballesteros y Mureddu, desarrolla su actividad profesional en las áreas de litigio, consulta y cabildeo en materia urbana y ambiental, atendiento tanto al sector inmobiliario como al sector público.

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Dirige en México la Iniciativa de Expansión Urbana Ordenada impulsada por la Universidad de Nueva York a nivel mundial. Es Maestro en Arquitectura y Nuevo Urbanismo por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta también con una Maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Instituto Universitario Ortega y Gasset, ambos en Madrid, España; es Licenciado en Derecho graduado de la Universidad Autónoma de Querétaro.

En el sector público ha fungido como Director del Regístro Público de la Propiedad y como Secretario de Gobierno para el Municipio de Querétaro.

Socio Fundador de Forópolis México, miembro de la Federación Iberoamericana Urbanistas y actual Presidente de Forópolis Capítulo Querétaro. En el ámbito académico es profesor de Legislación Urbana en diversos programas de posgrado. Es editor del blog Hacer Ciudad, un espacio de reflexión y visión crítica en temas como urbanismo, movilidad, vivienda, gobernablidad y legislación.

Más del 90% de empresas constructoras serían afectadas por casos de corrupción en obras públicas

Según sondeo de Capeco, las constructoras señalaron que el decrecimiento de sus operaciones en el primer bimestre del 2017 fue ligeramente mayor (-0.19% en promedio) al que ellas esperaban (-0.01%).

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) difundió los resultados de su nuevo sondeo de “Expectativas del Sector Construcción” y reportó que el 93% de entrevistados considera que el nivel de sus operaciones del 2017 sería afectado por los casos de corrupción generados en las obras públicas.

“El 67% de empresas proveedoras perciben que estos casos tendrán mucha influencia en sus operaciones durante este año, mientras que el 60% de constructores de infraestructura y el 56% de inmobiliarios creen que los casos de corrupción tendrán poca influencia en su nivel de actividad”, detalló Ricardo Arbulú, presidente del Informe Económico de la Construcción (IEC).

Indicó que las empresas del sector construcción entrevistadas señalaron que el decrecimiento de sus operaciones en el primer bimestre del presente año, respecto a similar período del año anterior, fue ligeramente mayor (-0.19% en promedio) al que ellas esperaban alcanzar (-0.01%), de acuerdo a lo registrado en la anterior encuesta.

“Este comportamiento, sin embargo, no ha sido uniforme en los tres segmentos que conforman el sector construcción”, mencionó.

El ejecutivo precisó que los promotores inmobiliarios alcanzaron el mejor desempeño de los tres, habiéndose incrementado sus ventas en un promedio de 1.52% en los meses de enero y febrero del presente año.

Contrariamente, los proveedores de materiales y servicios de construcción obtuvieron un resultado levemente negativo (-0.71% en promedio) seguido de los constructores de infraestructura con una disminución en el avance físico de obras de 1.48%, en promedio.

“Además, se aprecia que, sólo los constructores consiguieron un mayor nivel de operaciones en el bimestre mencionado del que ellos habían estimado inicialmente”, dijo Arbulú.

Asimismo, un 36% de los encuestados indicó que su facturación presentó una mejoría en el primer bimestre del año con respecto al mismo periodo del 2016, entre los cuales un 20% de constructores indicó que crecieron más 10%.

Un 22% de las empresas mencionó que no hubo variación alguna en sus operaciones, mientras que el 42% restante reveló una reducción de sus ventas en dicho periodo.

Por su parte, las expectativas sobre el nivel de operaciones de las empresas para el segundo bimestre del 2017 se incrementarían ligeramente en 0.91% en comparación del mismo periodo anterior, mostrando proyecciones positivas en cada uno de los segmentos aunque con diferencia de magnitud, siendo los promotores inmobiliarios los más optimistas.

Mientras que un 42% de los entrevistados sostuvo que sus ventas presentarían una mejoría entre marzo y abril del presente año: 53% de los proveedores, 41% de los promotores y 32% de los constructores.

Según el sondeo, un 29% de los entrevistados espera que el nivel de operaciones no varíe (43% de los promotores, 24% de los constructores y 20% de los proveedores); y el 29% de empresas restantes indicó que su facturación se reduciría (44% de los constructores, 28% de los proveedores y 16% de los promotores).

De otro lado, la tasa de crecimiento promedio que se espera alcanzar en el 2017 respecto al año anterior es de 2.01%, manteniéndose la expectativa registrada en la medición anterior del IEC.

Los promotores inmobiliarios son los más optimistas esperando un incremento promedio de 3.27%, aunque esta tasa representa aproximadamente la mitad de la indicada en el IEC anterior.

Las perspectivas de los constructores de infraestructura mejoraron de -5.13% a 0.70% desde la anterior medición realizada. Los proveedores de materiales y servicios de construcción también han reducido sus expectativas de crecimiento para este año, respecto a las que tenían en enero pasado: 2.01% vs. 4.25%.

Asimismo, el 59% de los encuestados indicó que su facturación se incrementaría en el presente año respecto al 2016, proporción que alcanza el 68% en los proveedores, 60% en los promotores inmobiliarios y 50% entre los constructores de obras de infraestructura.

Finalmente, el 23% de las empresas espera que sus ventas se reduzcan, mientras que un 17% considera que sus ventas no presentarán variación alguna durante este año.

 

Querétaro, la segunda ciudad latinoamericana del futuro: Financial Times

Una vez más Querétaro destaca a nivel internacional por su desarrollo económico y por la factibilidad para la creación de negocios

Una vez más Querétaro destaca a nivel internacional por su desarrollo económico y por la factibilidad para la creación de negocios.

Ahora fue en el ranking de las ciudades del futuro, que elabora la unidad de inteligencia del diario inglés Financial Times y que publicó este miércoles, donde se destacó el desempeño de la capital queretana.

Y es que la ciudad de Querétaro fue seleccionada como la segunda ciudad del futuro de Latinoamérica en el ranking 2017-2018, de la FDI Intelligence.

Querétaro se ubicó detrás de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.

En ese ranking anual, FDI Intelligence analizó aspectos como potencial económico, entorno amigable para los negocios, capital humano y estilo de vida, rentabilidad y conectividad; así como estrategia para fomentar la inversión extranjera directa.

En dicha lista se ubicó en tercer lugar la ciudad de México, mientras que San Luis Potosí en séptimo lugar y Monterrey en octavo sitio, de acuerdo con FDI Intelligence.

Ahora que en el ranking de las 10 grandes ciudades de América amigables para los negocios, Querétaro también fue ubicada en la segunda posición.

En esa categoría, la FDI Intelligence analizó factores como “Número total de empresas en el sector manufacturero avanzado en 2015”, “Número total de empresas dentro del sector de servicios de alta tecnología en ese mismo año”, “Número total de empresas del sector del conocimiento”, “Días para iniciar un negocio”, “Costos de despido”, “Facilidad para hacer negocios”, e incluso el “Índice de percepción de la corrupción”.

Por otra parte, la capital queretana quedó en el cuarto lugar en los rankings de las 10 grandes ciudades americanas del futuro y de las 10 grandes ciudades americanas con potencial económico.

Hay que recordar que no es la primera vez que Querétaro aparece en los rankings del Financial Times. El año pasado FDI Intelligence colocó al estado queretano en el tercer lugar de las entidades mexicanas del futuro.

(Fuente: codiceinformativo)

¿Nos escuchan?… No creo.

Por MNU y Lic. Gabriel Ballesteros Martínez

Crear ideas. No tenemos donde crear ideas. Los queretanos estamos resolviendo los problemas de la ciudad de manera reactiva. Lo estamos haciendo así desde la época del “error de diciembre”(1994), momento que, según mi punto de vista, establece el antes y el después de nuestra ahora complicada metrópoli, cuando los proyectos de Centro Sur y Centro Norte incubaron en el Fideicomiso QroNos de la administración burguista, y cuando los hermanos Torreslanda comenzaban el exitoso proyecto de Provincia Juriquilla, en el límite norte de la entonces mancha urbana.

Estamos atendiendo la expansión urbana imponiendo una disfunción a otra disfunción; ahora, como no hemos sido capaces de conformar un modelo de gobernabilidad donde prime la coordinación y la inteligencia policial, nuestra Legislatura –sin consultar ni permitir el contraste público de ideas entre la ciudadanía– ha aprobado, imponiendo la mayoría parlamentaria (13 votos azules contra 12 de las minorías), cambios en el Código Urbano que en la práctica terminarán significando la cuasi privatización de la seguridad pública en Querétaro.

De acuerdo con cifras publicadas el 17 de abril en el periódico CodigoQro, en Querétaro hay 4,779 elementos en las instituciones de seguridad pública tanto estatales como municipales. De estos, 2,762 están destinados en los municipios al más elemental de los servicios que presta el estado moderno: la vigilancia, el patrullaje y la inhibición de conductas indeseables en el orden administrativo, o la atención inmediata para repeler o contener la comisión de delitos.

Como no hemos sido capaces de conformar una estrategia integrada y confiable de vigilancia, a pesar de los cientos de millones de pesos que gastamos en armas, tecnología y vehiculos cada año, nuestros Diputados consideraron pertinente otorgarle –a quien tenga con qué pagarla– la posibilidad de poner garitas y controles de acceso a las colonias que “pasen” los criterios que habrán de establecer sendos reglamentos municipales, mismos que desde ahora anticipamos garantizarán una visión segregacionista y clasista de nuestras ciudades, donde el contraste entre los ricos y los pobres se acentúe más cada día.

Según las cifras justifcativas que utilizó el Alcalde Marcos Agular Vega al presentar su Iniciativa al Congreso, en más o menos veinticinco años llegó a 54 el número de colonias que se fueron cerrando ilegalmente en el Municipio de Querétaro. A estas islas urbanas les pusimos el apodo de “cerramientos tolerados” mientras volteabamos para otro lado para no ver lo evidente:  el ritmo del crecimiento y la mezcla social de aquella ciudad provinciana nos estaba rebasando. Nos está rebasando.

Y es que cada vez que una ola de robos a casa habitación asola una zona de la ciudad, viene el reclamo de las organziaciones vecinales, y los presidentes municipales, asesorados por sus jefes policiacos, dan su brazo a torcer, permitiendo bardeos y la instalación de casetas “de seguridad” sobre camellones y el propio arroyo de la vialidad. El fatídico ejemplo lo puso entonces la Colonía del Valle, Álamos Primera Sección y Huertas del Carmen, amén de otros cotos más pequeños en Corregidora o San Juan del Río. Desde entonces “cerrar la colonia” es un argumento en reuniones de vecinos cuando se analiza qué hacer ante el último atraco.

La industria inmobiliaria fue sensible al fenómeno. En cuanto la economía nacional volvió a ofrecer crédito a los vivienderos (año 2005 aproximadamente) se llegó al extremo que cualquier nuevo proyecto presentado en las oficinas de Desarrollo Urbano, no siendo estrictamente condominal, ya se aprobaba a sabiendas que tendría barda y estaría controlado el acceso a las vialidades públicas. A la voz de “sin bardas no hay ventas”, la fuerza de ventas de las desarrolladoras consolidó la idea aspiracional de la colonia residencial exclusiva cerrada; concepto que aunque se vale en lo mercantil, ha abonado la semilla del padecimiento urbano del nuevo Querétaro: la intolerancia.

Todos hemos puesto un granito de arena para llevar esta disfunción al extremo. Mientras que proyectos como el Instituto Metropolitano de Planeación, o los varios embates para conformar uno a nivel estatal han sido boicoteados, resulta que ahora regularizar el control de acceso en fraccionamientos, y la instalación de casetas de seguridad, se convirtió en un triunfo político de la autoridad en beneficio de la ciudadanía, con el surreal argumento de que “nos escuchan”,  aunque en la realidad esta medida tienda a quitarle al Estado una de sus responsabilidades elementales. No nos extrañe, en breve, que los políticos comiencen a alegar a quien reclame servicios y seguridad pública dentro de esas comunidades que se hayan acogido al cerramiento, que “controlar tu pedacito de ciudad tiene sus consencuencias…”. A saber, es muy posible que con la oportunidad de poner controles de acceso también se hayan trasladado otras responsabilidades a los peticionarios…

Insistir en la creación de un Instituto de Planeación Urbana, de secretariados técnicos ciudadanos, no es una necedad, es una necesidad. Necesitamos un lugar donde discutir, un esquema eficiente de planeación que inhiba que la solución de una disfunción sea otra disfunción. Un lugar donde se haga público el debate y no solo gubernamental.

Y es que existen estrategias para no enjaularnos, modelos que van desde la consolidación de una cultura de la autoseguridad hasta los centros de inteligencia policial “C-5’s” y demás abreviaturas. Antes de dejar en manos de las empresas de seguridad privada la sociabilidad, debimos haber intentado con mayor esmero construir un modelo de seguridad pública eficaz; extendido en todo el territorio municipal. Quizá cuatro presidentes municipales buscando ser gobernadores, tres sin concluir su periodo, no le hicieron bien a la organziación policiaca; quizá fueron muchas interrupciones, muchos “volveremos a empezar”.

Si quienes dirigen escuchan bien, debieron escuchar “protégenos”, “bríndanos seguridad”, “dame certeza que mis bienes están seguros a mi alrededor”, y no dame el control de acceso a mi isla y permíteme auscultar a cualquiera que pretenda pasar frente a mi casa. Por todo esto puedo concluir con una pregunta: ¿Nos escuchan?… Yo no creo. En esta ocasión, como en muchas otras, ha campeado el cálculo político que aprovechando la ignorancia del fondo del problema, provocó que le dijeran a la gente, tú me lo pides, yo te lo doy (aunque no te convenga).

Un grupo ambientalista presenta la primera demanda contra el muro de Trump

La demanda, hecha también por el representante estadounidense Raúl Grijalva, alega que no hay estudios del impacto ambiental de la obra, por lo que debe detenerse.

Una entidad ambientalista y un diputado estadounidense presentaron ante un tribunal del estado de Arizona la primera demanda contra la construcción de un muro en la frontera con México, informó este viernes el equipo del legislador Raúl Grijalva.

La demanda había sido presentada formalmente este miércoles ante un tribunal federal en Tucson, capital de Arizona, y exige que los planes para la construcción del muro propuesto por el presidente Donald Trump sean suspendidos por falta de estudios sobre el impacto ambiental de semejante obra.

Según Grijalva, las leyes ambientales estadounidenses “existen para proteger el bienestar la gente y la vida silvestre. El muro de Trump y su abordaje fanático sobre la frontera sur perpetuarán el sufrimiento humano y provocarán daño irreparable a nuestras tierras públicas y la vida silvestre”.

Por la demanda, presentada en 42 páginas, Grijalva y el Centro por la Diversidad Biológica piden que se suspendan los planes del muro, rutas vecinales, despliegue de patrullas motorizadas, instalación de dispositivos lumínicos y puntos de chequeo de personas.

Esta suspensión debe valer hasta que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) elabora un “informe programático de impacto ambiental” de esas obras en la vida silvestre de la zona fronteriza.

Para Grijalva, la iniciativa de construir el muro viola la ley sobre Política Nacional Ambiental y la ley sobre Protección de Especies Animales Amenazadas.

La demanda quedó ahora es manos de la jueza federal Cindy Jorgenson.

Grijalva, hijo de un inmigrante mexicano, es miembro de la Cámara de Representantes por el partido demócrata, y se opone frontalmente al proyecto del muro en la frontera.

La propuesta de construir un gigantesco muro en la frontera entre México y Estados Unidos para contener la inmigración no autorizada es una de las más controvertidas de Trump, ya que las estimaciones indican que el costo de la obra podría llegar a 21,000 millones de dólares.

Sin embargo, en una reciente audiencia ante el Senado, el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, admitió que en diversas partes de la frontera el muro podría ser apenas una cerca o aún algún dispositivo electrónico para controlar el paso de personas.

(Fuente: expansion.mx)